El delito de injurias a la Corona siempre ha generado debate político, sobre todo entre los partidos de la izquierda, y aunque parecía que el Plan de Acción Democrática presentado este martes en el Consejo de Ministros iba a poner punto y final a la discusión y eliminarlo del Código Penal, el texto es bastante ambiguo al respecto, lo que ha provocado el choque entre los socios de coalición.
Mientras Sumar sostiene que el acuerdo sí que afecta al capítulo II del Código Penal que regula los delitos de injurias a la Corona, la parte socialista del Gobierno evita aclarar si esto es así y solo se remite a la literalidad del acuerdo, que no recoge textualmente la eliminación de este delito, sino que se refiere a las instituciones del Estado, lo que se regula en un capítulo diferente del Código Penal.
En concreto, el acuerdo incluye una "reforma integral de los artículos del Código Penal que pueden afectar al derecho de libertad de expresión y a la creación artística, entre otros casos cuando se refiera a las instituciones del Estado, se trate de delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público u otros supuestos, con el fin de darles una redacción homologable a los países de nuestro entorno y de atender a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en materia de difamaciones y su encaje legal."
Esta redacción ha generado la discordia entre los socios de coalición ya que, si bien en ningún momento se refiere literalmente al delito de injurias a la Corona, Sumar asegura que sí se incluye en el acuerdo con los socialistas. Sin embargo, estos se muestran reticentes a arrojar luz al respecto tanto en público como en privado, por lo que la duda sigue ahí sin visos de solución hasta que la reforma del Código Penal llegue a las Cortes Generales.
En concreto, el delito de injurias a la Corona está regulado en el capítulo II del Código Penal (artículos 490.3 y 491), algo a lo que no se refiere el acuerdo. Lo único que sí explicita el texto es lo que afectaría a los delitos del capítulo III sobre las instituciones del Estado, entre las que están incluidas las Cortes Generales, el Gobierno, los gobiernos autonómicos o el Poder Judicial, pero no la Corona.
Pero fuentes de la formación que dirige Yolanda Díaz interpretan que la monarquía es una de las "instituciones del Estado" y que, por tanto, el pacto sí incluye acabar con su protección especial. Estas fuentes, además, hacen hincapié en que el acuerdo señala que la nueva legislación debe ajustarse a "la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos" y ser "homologable a los países de nuestro entorno". Ante ello, los socialistas mantienen su silencio.
Sumar recuerda las condenas de Estrasburgo
Las sentencias de Estrasburgo a las que alude Sumar condenan a España por vulnerar la libertad de expresión alegando injurias a la Corona. Una de ellas es la de marzo del 2011, cuando el TEDH condenó a España por el año de prisión impuesto a Arnaldo Otegi por referirse al rey como el "jefe máximo del Ejército español, el responsable de los torturadores". Al respecto del delito, advirtió que la "protección reforzada" a las injurias a la Corona no se ajustaban al "espíritu" del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Sumar también expone otra sentencia de marzo de 2018, cuando el mismo tribunal volvió a condenar a España por violar este convenio por imponer una pena de prisión a dos manifestantes que quemaron una foto de los Reyes en una manifestación antimonárquica e independentista en Girona. Y recuerdan un tercer tirón de orejas del tribunal europeo a España en junio de 2023, cuando revocó la condena impuesta por la justicia española a Pablo Fragoso Dacosta, un sindicalista de la Confederación Intersindical Galega, por sus comentarios sobre la bandera de España, que para Estrasburgo estaban protegidos bajo su derecho a la libertad de expresión.
La izquierda a la izquierda de los socialistas lleva años condeando la bandera de la supresión de los delitos relativos a la libertad de expresión sin demasiado éxito. En las últimas legislaturas ha sido Unidas Podemos quien ha intentado, infructuosamente, sacar del Código Penal estas infracciones. Y en la actual etapa, Sumar ha tomado el testigo y ha vuelto a llevar al Congreso una proposición de ley para despenalizar las injurias a la Corona y a las instituciones del Estado, la ofensa a sentimientos religiosos y el enaltecimiento del terrorismo.
La coalición que lidera Yolanda Díaz logró que, en diciembre del año pasado, el Congreso tomara en consideración su iniciativa, el primer paso para comenzar su tramitación. Este movimiento tuvo el apoyo del PSOE, que con sus votos permitió que la propuesta no fuera derribada a las primeras de cambio pero que, no obstante, ha bloqueado su tramitación desde entonces. Lo mismo ocurrió con un texto idéntico en la pasada legislatura: los socialistas apoyaron su toma en consideración, pero después lo dejaron languidecer en un cajón.
Parece que ahora tampoco quieren aclarar el alcance de esta reforma del Código Penal, por lo que de momento la derogación del delito de injurias a la Corona será un interrogante más en un plan que puede no materializar todas sus medidas hasta 2027.
