La cuestión de confianza que este lunes exigió públicamente el líder de Junts, Carles Puigdemont, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, amenaza con poner en un brete al Ejecutivo. Su continuidad está fuera de toda duda, ya que presentar esa iniciativa es competencia exclusiva de Sánchez. Pero, indudablemente, para el Gobierno supondría un duro golpe que se rompiera la mayoría que apoya al presidente en el Congreso, y además que lo hiciera para pedirle formalmente que someta su cargo a votación.
El primer paso: la calificación
Está por ver, no obstante, si esa petición de Junts —que los independentistas han vehiculado a través de una proposición no de ley, una iniciativa sin efectos legales incluso aunque se aprobase— llega a tramitarse. El primer filtro que debe superar es la Mesa del Congreso, que tiene la potestad de calificarla. Calificar una iniciativa, en principio, es un paso meramente burocrático y no político: la Mesa no tiene que pronunciarse sobre el contenido de la propuesta, sino únicamente acerca de si tiene errores de forma o si es reglamentariamente correcta.
Buena muestra de que la calificación es una gestión meramente administrativa es que la inmensa mayoría de las iniciativas que presentan los grupos parlamentarios se admiten a trámite, y es el Pleno del Congreso el que, posteriormente, vota para decidir si comienzan a tramitarse o no. Pero fuentes próximas a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, albergan dudas sobre si el parlamento está reglamentariamente facultado a solicitar al presidente del Gobierno que active una cuestión de confianza, y abren la puerta a que la Mesa bloquee la semana que viene la proposición no de ley de Junts.
Estas fuentes explican que serán los letrados de la Cámara Baja los que tendrán que definir en su informe si la propuesta de los de Puigdemont se ajusta al reglamento, aunque lo cierto es que su informe no es vinculante: la Mesa —en la que tienen mayoría PSOE y Sumar frente al PP— puede calificar o no cualquier texto digan lo que digan los letrados. "Habrá que ver si una cuestión de confianza es una materia que se pueda tratar en una proposición no de ley", afirma el entorno de Armengol, que deja caer que "perfectamente podría no ser calificada si no cumple con los criterios jurídicos".
Las cuentas en el Congreso
Si la proposición no de ley de Junts llegara a ser calificada se debatiría, en algún momento aún por definir, en el Pleno del Congreso. Y ahí, las cuentas son sencillas: si PP y Vox dieran su apoyo a la iniciativa, esta saldría adelante, puesto que a los siete apoyos de los independentistas se les sumarían los 137 de los populares y los 33 de la ultraderecha hasta superar la barrera de los 176, la que marca la mayoría absoluta. Eso implica que PSOE y Sumar no podrían tumbar la solicitud incluso aunque contasen con el apoyo de todo el resto de sus socios parlamentarios.
Una iniciativa sin efectos legales
Pese a todo, que esa proposición no de ley fuera aprobada por el Pleno del Congreso no significaría nada, en términos legales. Solo el presidente del Gobierno tiene la potestad de presentar una cuestión de confianza para que la Cámara Baja vote si debe seguir o no en el cargo y, de hecho, lo que pide la iniciativa de Junts es, tan solo, "instar" al Ejecutivo a registrar esa moción. La Moncloa ya descartó este lunes que esté entre sus planes asumir las exigencias de Puigdemont.
Los Presupuestos, en el horizonte
No obstante, que una eventual aprobación de la propuesta de Junts no tuviera efectos jurídicos no implica que sus consecuencias políticas si fueran importantes. No solo porque se escenificaría de nuevo la fragilidad de la mayoría en la que se apoya el Gobierno, sino porque, además, Junts sumaría fuerzas con PP y Vox en un asunto muy delicado en mitad de la negociación con el Ejecutivo los Presupuestos Generales del Estado para 2025. No obstante, la Moncloa cree que, precisamente, lo que quiere Junts es elevar el precio de sus apoyos a las cuentas, lo que, al menos, implica que los independentistas están abiertos a negociarlas.
La moción de censura, una opción mucho más lejana
A diferencia de la cuestión de confianza, que solo puede presentar el presidente del Gobierno para someter su cargo a votación en el Congreso, la oposición sí tiene una herramienta que depende de sí misma para intentar sacar a Sánchez de la Moncloa: la moción de censura. No obstante, hoy por hoy este instrumento parece descartado, porque, a diferencia de lo que ocurre en la cuestión de confianza, donde tan solo se decide sobre si el presidente debe dimitir o no, la moción de censura requeriría que PP, Vox y Junts se pusieran de acuerdo en un candidato alternativo que sustituyera a Sánchez. Y, ahora mismo, los votos de los nacionalistas catalanes y los nacionalistas españoles son incompatibles.
