España ha avanzado considerablemente en la lucha contra la violencia machista y en el despliegue de medidas y mecanismos para reparar a las víctimas que la sufren, pero todavía quedan ámbitos por mejorar para que esa red de protección sea completamente efectiva. El fortalecimiento de la formación de todos los profesionales que trabajan en este ámbito, por ejemplo, es una de las tareas pendientes para evitar la revictimización de las mujeres, especialmente de aquellas más vulnerables, como las migrantes, las que tienen alguna discapacidad o quienes viven en zonas rurales.
Así lo apunta este jueves el Consejo de Europa en un informe que evalúa el cumplimiento del Convenio de Estambul, el primer texto de la Unión Europea (UE) que definió jurídicamente las violencias machistas y que España ratificó hace ya diez años. El análisis, elaborado por el grupo GREVIO (Grupo de Expertos en Acción contra las Mujeres y la Violencia Doméstica), arroja luces y sombras sobre los compromisos adoptados en los últimos años y señala las áreas de mejora que deberían acometerse para garantizar una atención óptima a todas las víctimas.
Así, y pese a que destaca varios "pasos positivos" que se han ido dando en los últimos años —como la ley del 'sí es sí', el reconocimiento de otras formas de violencia machista, o la creación de los centros 24 horas para víctimas de violencias sexuales—, el GREVIO insta a España a tomar algunas medidas para mejorar la atención a las víctimas. Advierte, en ese sentido, de la "persistencia de lagunas en la formación de los profesionales que tratan con víctimas y agresores" y anima a las autoridades españolas a "intensificar" esa especialización, sobre todo entre los profesionales de la justicia, las fuerzas y cuerpos de seguridad, la asistencia social, la sanidad y la educación.
En esa línea el grupo de expertos sugiere igualmente a España que garantice la formación obligatoria de los jueces encargados de establecer las custodias y los regímenes de visitas, para que sean conscientes de los "efectos negativos" que genera en los niños el hecho de presenciar la violencia de género. Además, el informe hace hincapié en las "necesidades específicas" de las mujeres más vulnerables.
Los expertos expresan una "particular preocupación" por la incidencia entre mujeres migrantes y refugiadas, aquellas con discapacidad y las que viven en las zonas rurales del país, ya que consideran que están "desproporcionalmente representadas" en las estadísticas de violencia machista y hace un llamamiento a las autoridades para que "intensifiquen los esfuerzos" para garantizarles apoyo y protección.
