La gestión de la trágica DANA que ha dejado 220 muertos y ocho desaparecidos en la provincia de Valencia ha desencadenado una serie de acciones judiciales que se dirigen, en su mayoría, contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, aunque otras también apuntan a la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana y a organismos dependientes de la Administración General del Estado. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), estas acciones se han iniciado por tres vías: la contencioso-administrativa, con dos recursos; la penal, con cinco denuncias y querellas (ante el propio TSJCV); y en juzgados de instrucción, con otros dos procedimientos. Ese listado provisional suma seis acciones contra Mazón, tres contra el Gobierno (incluidos responsables de la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Agencia Estatal de Meteorología) y una contra la todavía consellera responsable de las Emergencias, Salomé Pradas.
Por lo que se refiere a la vía penal, el jefe del Consell suma dos querellas y tres denuncias interpuestas ante el TSJCV, dada su condición de aforado ante el alto tribunal valenciano por su condición de diputado autonómico. La primera querella ha sido promovida por la organización Iustitia Europa contra el presidente de la Generalitat en la Sala de lo Civil y Penal y actualmente se encuentra en trámite una vez ratificada. Está pendiente de que la Sala decida sobre su competencia y de que la admita o no. La segunda querella ha sido interpuesta por un particular. Tras su registro, se ha emplazado al querellante a completar la querella presentando un poder especial para su interposición.
En cuanto a las denuncias, la primera fue interpuesta ante la Fiscalía Provincial de Valencia por un delito contra los derechos de los trabajadores por el sindicato CGT contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. La Fiscalía remitió la denuncia a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV al tener constancia del registro de la querella anterior, de Iustitia Europa, y se encuentra en trámite, registrada y pendiente de decisión de la Sala sobre competencia y admisión o inadmisión. Otras dos fueron interpuestas contra Mazón, respectivamente, por ciudadanos particulares, que son abogados, y también están en trámite a la espera de la decisión sobre su admisión. La segunda de ellas también se dirige contra la aún consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas.
El siguiente bloque se refiere a la vía contencioso administrativa, donde actualmente se tramitan dos acciones judiciales. La primera de ellas es un recurso contencioso-administrativo interpuesto por Liberum con solicitud de medidas cautelarísimas contra la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV se declaró no competente para resolver por ir dirigido el recurso contra el Gobierno central y se inhibió en favor de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, donde se encuentra actualmente.
El segundo recurso ha sido presentado por un abogado por inacción contra la Presidencia de la Generalitat Valenciana y la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las emergencias (Avsre). La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV la ha admitido a trámite y, conforme al artículo 49 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha remitido oficio a la Administración demandada para que remita los expedientes administrativos.
La última tipología corresponde a las denuncias por la vía penal en juzgados ordinarios, es decir, de instrucción. La primera de ellas, interpuesta por Manos Limpias, se dirige contra responsables de la CHJ, la Aemet y la Agencia Valenciana de Emergencias, dependiente de la Generalitat. Recayó, explica el TSJCV, en el Juzgado de Instrucción 15 de Valencia, que abrió diligencias previas a los efectos, exclusivamente, de inhibirse del conocimiento de los hechos en favor del Juzgado de Instrucción 20 de la misma ciudad, por ser dicho órgano el primero que abrió diligencias por el fallecimiento de una persona en la capital para la correspondiente práctica de la autopsia. La misma ha sido rechazada por este último órgano por considerarla "prematura" y no apreciarse en este momento procesal "nexo causal" entre los hechos que relata la denuncia y el fallecimiento de un vecino de la pedanía de la Torre (Valencia) por el que el juzgado incoó sus diligencias.
La última querella ha sido interpuesta por Hazte Oír contra la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. Recayó en el Juzgado de Instrucción 10 de Valencia, que la ha inadmitido por un defecto formal, al no presentar un poder especial sino general. Por ello, se encuentra inadmitida por defecto procesal subsanable relativo al apoderamiento para la querella.
