El Congreso de los Diputados ha dado este martes el primer paso para fijar por ley un mínimo de pacientes que puede atender cada enfermera, tanto en la sanidad pública como en la privada. Todos los grupos parlamentarios —salvo Junts, Bildu y PNV— han dado luz verde a la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular (ILP) impulsada por el Sindicato de Enfermería, que consiguió reunir más de 600.000 firmas para que la norma aterrizase en el Pleno de la Cámara Baja. Se trata de una reivindicación histórica del colectivo, que, sin embargo, lleva más de cinco años viendo cómo todas las normas que recogían estas medidas iban quedando aplazadas o cayendo en saco roto al renovarse cada legislatura.
Nada garantiza que no vuelva a ocurrir lo mismo en esta ocasión, pese a que los portavoces políticos han reivindicado la urgencia de esta ley y han mostrado su predisposición a negociar posibles modificaciones en el trabajo al que se emplazan en la Comisión de Sanidad. Queda un largo camino por delante: se abre ahora el plazo de negociación de enmiendas, que puede prorrogarse durante meses para cerrar un dictamen que se debatirá en el Congreso, y luego en el Senado, antes de su aprobación definitiva.
La norma nace con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y mejorar la calidad de los cuidados en un contexto de creciente carga de trabajo en centros sanitarios y sociosanitarios. Así, establece unas ratios mínimas de profesionales de enfermerías en función de determinados factores, como el proceso de enfermedad o la complejidad de los cuidados. En las unidades generales de hospitalización, por ejemplo, se asignará un máximo de seis pacientes por enfermera, que podrá ampliarse a ocho según las condiciones de los pacientes, las características de la unidad y la franja horaria de trabajo.
En las unidades de cuidados intensivos y otras áreas de cuidados críticos, el máximo de pacientes por enfermera será de dos (que podrá aumentarse excepcionalmente hasta tres); y en las de reanimación posquirúrgicas, ese tope se situará en tres enfermeras. En los quirófanos, solo podrá haber tres por paciente; mientras en Atención Primaria la asignación de población por cada profesional de enfermería no deberá superar los 1.500 habitantes, con la posibilidad de reducir ese número habiendo valorado indicadores como la edad, la cronicidad o la pluripatología.
Respecto a las ratios del ámbito sociosanitario, la ley da al Gobierno un plazo de un año para que, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Interterritorial de Ratios Enfermeras creada ad hoc, determine esos topes según la tipología del centro y los cuidados que se requieran. Todos los centros, sanitarios y sociosanitarios, públicos y privados, deberán haber cumplido con esas ratios, como máximo, un año y medio después de la entrada en vigor de la ley. No obstante, estos mínimos dejarán de ser obligatorios en caso de que se declare el estado de alarma, excepción o sitio.
Todos a favor, salvo Junts, PNV y Bildu
Todos los grupos parlamentarios menos Junts, PNV y Bildu, han votado a favor de iniciar la tramitación de esta iniciativa. Los retractores de la norma han argumentado su 'no' a la toma en consideración alegando que esta invade las competencias de sus respectivas comunidades autónomas. El resto, con mayor o menor entusiasmo, han dado luz verde al texto con el objetivo de proponer los cambios que consideran necesarios en el plazo de enmiendas que arranca a partir de ahora.
Por parte del Grupo Socialista, María Carmen Castilla ha destacado la finalidad de la ley, que busca "corregir la sobrecarga laboral" y "garantizar la seguridad de los pacientes". No obstante, considera que la regulación que ese propone es "rígida" y en ningún caso implica "la solución más precisa", a no ser que se complemente con una serie de indicadores, como la complejidad o la agudeza del estado de salud de los pacientes ingresados. "Estas y otras cuestiones son las que tenemos que tratar", ha subrayado, antes de confiar en que la norma "va a tirar adelante".
La portavoz del Partido Popular ha recordado que esta ley ya entró al Congreso avalada por más de 600.00 firmas en 2018, pero que finalmente no salió adelante. "Estamos ante un Gobierno que en estos seis años ha dado la espalda a la profesión, porque sabiendo que está esa ILP en el Congreso, no ha tomado ninguna medida en coordinación con las comunidades", ha recriminado Elvira Velasco, que, sin embargo, sí que ha reconocido la urgencia de que la iniciativa se apruebe definitivamente.
También desde Sumar han reprochado al PSOE que la norma no se haya resuelto hace tiempo, y que tenga que llegar de nuevo al Congreso después de las 83 prórrogas a las que fue sometida durante la anterior legislatura, después de que el Pleno aprobase la toma en consideración en el año 2020, en plena pandemia. La diputada Aina Recas ha recordado que en esa anterior tramitación se incluyeron enmiendas que proponían incluir a otros profesionales más allá de las enfermeras o respetar la autonomía de las regiones. Un punto similar al expresado por el diputado de Podemos, Javier Sánchez Serna, que durante su intervención ha pedido el compromiso de los dos principales partidos de la Cámara para que no bloqueen de nuevo la ley en la Mesa del Congreso.
En ERC, por su parte, la portavoz Etna Estrems ha asegurado que comparte el "fondo" de "todas y cada una de las reivindicaciones que hace el colectivo", aunque como los nacionalistas ha recordado que las competencias sanitarias están traspasadas a las autonomías, con lo cual compete a cada gobierno regional hacer los cambios que se requieran, eso sí, con los recursos económicos necesarios. "No nos opondremos, pero si avanza el trámite presentaremos enmiendas para asegurar que no recorte competencias a Cataluña y respete nuestro modelo de salud", ha sentenciado.
Vox ha aprovechado su turno de palabra para cargar contra el PSOE, que asegura que "engañará a los sanitarios con esta ILP"; pero también contra el PP, por no haber hecho "nada" por mejorar la calidad asistencial en las comunidades donde gobiernan. "Ni con mayorías absolutas de unos y de otros, se ha hecho nada durante años, y esa es la realidad", ha espetado David García, quien ha defendido la necesidad de adecuar ratios, salarios, y asegurar unas condiciones dignas para los profesionales sanitarios.
