La inusual unanimidad en el Congreso ha llegado con la convalidación del primer decreto con ayudas para los afectados por la DANA. Solo Vox ha votado en contra de este paquete con 10.600 millones de euros para ayudar a hogares, empresas y ayuntamientos afectados por la gota fría. Con ello, los afectados pueden acceder a las ayudas por daños personales, que están exentas de tributación en el IRPF, se aplaza el segundo pago de la declaración de la renta hasta 2025 y se activa la prestación por cese de actividad para autónomos que deben parar o suspender su trabajo, que corresponde al 70% de la base de cotización, entre otras medidas de urgencia.
Entre las más relevantes del paquete que este jueves se ha convalidado en el Congreso están las ayudas de hasta 60.000 euros por vivienda dañada, 5.000 euros para autónomos y hasta 150.000 para pymes que han visto perjudicado su negocio. Además, las víctimas de la catástrofe también podrán aplazar pagos de sus hipotecas o préstamos personales, se desplegarán 5.000 millones de euros en avales públicos para créditos y el Gobierno asumirá todos los gastos de emergencia en los que incurran los ayuntamientos.
También incluye exenciones fiscales en impuestos municipales, aplazamientos en el pago del IRPF, despliegue de ERTE y paro para los autónomos o subidas provisionales en el ingreso mínimo vital.
El decreto ha salido adelante en una sesión plenaria de alta tensión en la que se evidenciaban las complicaciones para hacer encaje de bolillos entre izquierda y derecha con el paquete fiscal que finalmente ha sacado adelante el Gobierno. En el caso de las ayudas para la DANA, no ha habido dificultad para que los votos de PP y PSOE, PNV y Bildu, ERC y Junts y el de todas las formaciones excepto Vox coincidiesen para sacar adelante este decreto, el primero de los varios paquetes de ayudas que serán necesarios para hacer frente a esta catástrofe.
Durante el debate, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, pidió unanimidad para aprobarlo, lo que a su juicio es una "oportunidad" para enviar un mensaje a los que "intentan rentabilizar las desgracias" y para dejarles claro que "la política funciona, las instituciones funcionan y nos hacemos cargo de los problemas".
El ministro, que fue el encargado de reunirse con los distintos grupos en las últimas semanas para informarles sobre las medidas del decreto, agradeció la voluntad que mostraron todos los grupos para colaborar. O, al menos, de la práctica totalidad de los grupos, ya que Vox ha rechazado apoyarlo alegando que es un plan "cosmético, engañoso e insuficiente". Por su parte, la diputada de Sumar Nahuel González López ha celebró el acuerdo, al tiempo que exigió paliar "lo que la incompetencia del Partido Popular nos ha traído e instó a aprobar el decreto "con la condición de que cada medida adoptada sea un escalón hacia la recuperación y la justicia, porque al final lo que va a quedar de todo eso será la historia de cómo salimos más fuertes de esa tragedia, y quién estuvo a la altura y quién no".
Unanimidad con cruce de acusaciones
Sin embargo, el cruce de reproches no ha tardado en llegar. Mientras la diputada socialista Patricia Blanquer cargó contra el PP por haber "defendido lo indefendible con el único propósito de esconder la vergüenza de tener un presidente de la Generalitat Valenciana desaparecido mientras los valencianos se ahogaban", el diputado popular Juan Bravo defendió que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, había sido ágil a la hora de avanzar su apoyo a este decreto y pidió tener "estrategia" y "acción política. "Tenemos que trabajar juntos porque España necesita respuestas, no excusas y porque la política debe ser la herramienta que garantice que nadie quede atrás en una tragedia como esta", señaló.
Desde Podemos, el diputado Javier Sánchez Serna ofreció su apoyo a estas y otras medidas urgentes ante la catástrofe de la DANA, aunque volvió a criticar al Gobierno por no haber declarado el estado de emergencia ante la "gestión negligente y homicida del señor Mazón". Además, también reclamó sanciones a las empresas que obligaron a sus trabajadores a seguir trabajando en alerta roja.
Junts, por su parte, exigió al Gobierno que no permitiese que la burocracia "se coma los tiempos y los recursos" ni permita que "los papeles, los trámites, certificados y justificaciones reduzcan la capacidad de ayuda de los recursos económicos de este Real Decreto". Desde ERC, el diputado Jordi Salvador i Duch señaló las responsabilidades políticas, a su juicio, "criminales" por parte de la Generalitat valenciana, aunque aseguró que ahora tocaba "reconstruir la vida de las familias afectadas" y asegurarnos de que "reciben el apoyo que necesitan las víctimas".
