La Comisión Europea insta a los países de la UE a que rebajen los impuestos a la energía al mínimo permitido por las reglas europeas o contemplar dejarlos "a cero" como una de las medidas que este miércoles ha planteado a los Estados miembros para abaratar la factura energética y frenar unos altos precios que reconoce que están afectando a la competitividad industrial y dañando a los hogares europeos.
Bruselas reconoce que existe "un riesgo real de desindustrialización" en la UE debido a que aquí la energía tiene un coste superior al de otras regiones del mundo, que también provoca que hasta 40 millones de hogares en la UE estén afectados por la pobreza energética. Según ha explicado el comisario de Acción Climática, Wopke Hoekstra, se trata de no "abandonar" a las industrias intensivas frente a una "competencia injusta" de otros países y permitir que "prosperen" en la UE pero también de cuidar a las compañías "jóvenes", de tecnologías limpias como infraestructuras de recarga de coches eléctricos o fábricas de baterías.
Para ello, la Comisión Europea ha adoptado tres piezas legislativas —el Pacto por una Industria Limpia, el Plan de Acción de Energía Asequibles y una normativa de simplificación regulatoria— que, entre otras medidas para rebajar lo que industrias y hogares pagan por la energía plantea un recorte de impuestos en línea con lo permitido por las normas de la UE pero que sus gobiernos de la UE parecen no aprovechar. Entre ellos España, donde tras unos años en los que el IVA del gas y de la electricidad estuvieron en el 5%, entre 2024 y este año ha vuelto a situar el tipo al 21%.
Impuestos "a cero"
Por el contrario, Bruselas "recuerda" a los gobiernos europeos "la posibilidad" de bajar los impuestos y tasas nacionales en las facturas de la electricidad. La ley del IVA europea, avisa, permite reducirlo al tipo reducido del 5% y eliminar cargas que no están relacionadas con la energía, de modo que no vayan en la factura sino a cargo de los Presupuestos públicos. Los Estados miembros también pueden, según la ley europea, reducir el tipo mínimo del impuesto especial sobre energía a 0,5 euros/Mwh, cuando en España en de la electricidad volvió a situarse en 5,11 euros/Mwh a principios de este año como final de una senda progresiva de subidas desde 2,5 y 3,8% en los últimos años.
Además, recomienda a los Estados miembros que "aprovechen las posibilidades existentes para rebajar hasta cero" los impuestos sobre la electricidad para la industria electrointensiva y los hogares. "Esto asegurará que la electricidad está menos gravada que otras fuentes de energía al mismo tiempo que se cumplen nuestros objetivos de descarbonizaciónk a largo plazo", dice el Plan de Acción de Energía Asequible aprobado este miércoles.
Además de una "fiscalidad más baja y eliminar los costes no energéticos de las facturas", en materia fiscal Bruselas también pide a los Veintisiete que revisen la directiva sobre fiscalidad energética de 2021 para reducir subvenciones o reducciones impositivas que "favorecen el uso de combustibles fósiles", lo que en España sería, por ejemplo, la Tarifa de Último Recurso (TUR) del gas.
Más competencia entre comercializadoras
Otra de las formas con las que la Comisión plantea reducir los costes energéticos es que los gobierno promuevan la "competencia" entre las comercializadoras y eliminar "barreras" para que ese 73% de hogares y pymes de la UE que tienen contratos de precio fijo puedan cambiar de compañías si ofrecen mejores precios. Para ello, se presta a "guiar" a los gobiernos para "eliminar las barreras existentes, de modo que los consumidores puedan ahorrar en sus facturas energéticas cambiando de comercializadora y de contratos".
Para ello, Bruselas tiene previsto lanzar en el tercer trimestre de este año su "Paquete de Energía Ciudadana" que también prestará una "atención específica" a los consumidores vulnerables e impulsará las comunidades energéticas "para que consumidores y comunidades produzcan, utilicen y vendan energía renovable con sus propios medios". Otra manera de abaratar el coste de la electricidad es potenciar los acuerdos de compra de electricidad de largo plazo y de compras privadas (PPAs) que consagró la reforma eléctrica.
Replicar el mecanismo ibérico para frenar el gas
Además de la electricidad que se genera con energías renovables, Bruselas reconoce que el gas seguirá siendo una de las principales fuentes de generación, así como una energía que la UE seguirá utilizando y que continuará determinando el precio total de la electricidad porque, de acuerdo al sistema actual -que no se modificó en la reciente reforma del mercado eléctrico- la electricidad generada por cualquier tecnología, por barata que sea, termina cobrándose al precio de la más cara, del gas natural que la UE debe importar a otros países y que sigue estando sujeta a vaivenes de precios y a crisis de todo tipo, como la que en 2022 llevó al precio del gas a cotas históricas.
En estos momentos, la Comisión reconoce que los precios del gas todavía no han vuelto plenamente a sus niveles precrisis energética y que de media son cinco veces más elevados que en EEUU. "Este diferencial del precio afecta a la competitividad de la industria europea", señala otro de los documentos aprobados este miércoles, el Pacto por una Industria Limpia (Clean Industrial Deal), en el que tras varias idas y venidas sobre si sería un buen modelo para toda la UE y de que el informe Draghi lo contemplara, la Comisión Europea plantea la posibilidad de replicar en cualquier Estado miembro un modelo como la excepción ibérica que en lo peor de la crisis energética contuvo el precio de la luz en España y Portugal separando el precio del gas del del resto de las tecnologías de generación.
El documento no se refiere por el nombre a este instrumento pero lo define. "Dado que se espera que el gas natural siga siendo el principal fijador del precio de la electricidad en los próximos años, la Comisión está preparada para apoyar a los Estados miembros en el diseño de ayudas de Estado. Permitirán que todos los Estados miembros afronten picos extremos de precios y situaciones extremas de precios y desacoplar el traslado de los altos precios del gas a los precios de la electricidad, basado en modelos probados en situaciones de emergencia", dice el documento.
Por otra parte, a finales de este año Bruselas creará un grupo de trabajo para asegurar una "competición justa" en los mercados de gas y que no se produzcan prácticas que los distorsionen, como ocurrió durante la crisis de 2022. También plantea simplificar los trámites administrativos de los operadores de gas y ya en esta primera mitad de 2025 pondrá en marcha medidas para intentar rebajar el precio de las importaciones de gas natural licuado (GNL), la principal modalidad después de la interrupción de las importaciones rusas por gasoducto y entre los que Estados Unidos aparece como el principal origen.
Revisar los estudios ambientales de renovables y redes
Además de los "excesivos impuestos y tasas" a la energía y la dependencia europea de combustibles fósiles que tiene que importar, el tercer motivo que, a ojos de la Comisión, contribuye a encarecer la energía en la UE hasta mermar su competitividad con respecto a otros países y regiones es la falta de integración de sus redes eléctricas, de su falta de inversión, de interconexiones entre sus países y a unos procesos de autorización de nuevas instalaciones de generación renovables que insiste en que deben acelerarse, para que, como ocurre actualmente, los proyectos renovables tarden entre 7 y 10 años en hacerse realidad y los de redes, de 8 a 10.
Estos plazos están "dañando severamente el despliegue masivo de energías renovables necesario para bajar los costes de energía y puede impactar en el modelo económico de los proyectos, con consecuencias en términos de costes para los consumidores", dice el Plan de Acción, que plantea acotar los tiempos de las evaluaciones de impacto ambiental. "Una gran parte del tiempo que se toma el proceso de autorización para energías limpias, almacenamiento y redes se dedica a las evaluaciones ambientales. Es necesario hacer actualizaciones específicas sobre la regulación de declaraciones ambientales para simplificar significativamente y recortar el proceso de autorización al mismo tiempo que se mantienen las salvaguardas ambientales y se protege la salud humana".
Para ello, "a todos los niveles [de administración, Gobiernos, comunidades y ayuntamientos] las autoridades deben hacer un mayor esfuerzo para acelerar los procedimientos de autorización para proyectos de renovables, almacenamiento y redes", después de los esfuerzos que se hicieron de forma excepcional durante la crisis energética, cuando España, como el resto de Estados miembros, facilitó la aprobación de parques eólicos y fotovoltaicos de cualquier tamaño.
Con estas normas existentes y otras medidas "nuevas", la Comisión estima que el procedimiento para autorizar un parque eólico o fotovoltaico podría durar "menos de seis meses" para los proyectos más simples, como la repotenciación en zonas de aceleración y de 12 fuera de ellas; de entre uno y dos años para proyectos renovables. Para los proyectos "más complejos", como eólica marina, debería tardar "menos de dos años" en las zonas de despliegue acelerado y tres fuera de ellas.
