La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha enviado dos cartas a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo para reclamar que "intervengan" ante la nueva medida propuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez de limitar las acusaciones populares, en pleno caso en torno a su mujer, Begoña Gómez, y con otros que involucran también a su hermano. La APM considera que esto es "un ataque" y pide que la UE ayude a "preservar la independencia judicial" en España.
Desde Bruselas matizan a 20minutos que todavía no hay una reacción de la Comisión al respecto. La nueva normativa que prevé impulsar el Gobierno "pretende la inclusión de una nueva causa de abstención o recusación de jueces y magistrados", avisan desde la APM. "Sería loable si de garantizar la apariencia objetiva de nuestra independencia e imparcialidad se tratara, -básica para la confianza de los ciudadanos en la Justicia-, sin embargo, parece destinada a limitar nuestra libertad de expresión y evitar o silenciar la discrepancia y la crítica", concluyen en un comunicado.
El aviso, además, matiza que es un cambio que dificultará la persecución de la corrupción, con el foco puesto no solo sobre Gómez, sino también sobre todo el caso que involucra al fiscal general del Estado, a quien este lunes el Supremo ha anunciado que cita como imputado por la filtración de información sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Para la APM, el giro que sale de Moncloa es blando con la corrupción y puede favorecer "su impunidad y, en aplicación de su disposición transitoria, puede determinar el archivo de la instrucción de determinas causas penales que hoy se lleva a cabo en determinados juzgados y en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y que son de todos conocidas por su trascendencia mediática por las personas que están siendo investigadas".
Los socialistas han registrado en el Congreso una proposición de ley que busca poner coto a la acción popular, impidiendo que las acusaciones populares participen de la fase de instrucción (investigación) judicial. Tal y como apunta la disposición transitoria única del texto, la medida se aplicará "en el momento de entrada en vigor de la ley", lo que puede suponer la expulsión inmediata de todas las acusaciones mencionadas.
Varias de ellas han reaccionado ya a la medida que anunció el PSOE el pasado viernes a primera hora, señalando que es "inconstitucional". El Partido Popular señala que la reforma se debe a la "desesperación del PSOE ante los casos de corrupción que acorralan al Gobierno". Se trata de "un paso más" en el afán del Ejecutivo por "laminar al Poder Judicial", enfatizan fuentes populares, que consideran que "el PSOE no quiere combatir la corrupción, sino a quienes la denuncian".
