El juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha citado como investigado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el próximo 29 de enero, y a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, el día 30. El instructor, que investiga la filtración de los expedientes y varios correos electrónicos confidenciales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, considera apuntalada "la presunta participación de ambos" imputados en los hechos.
El instructor del Supremo no solo considera que "hay una base indiciaria para presumir la relevante participación" de García Ortiz en la filtración de los datos de Alberto González Amador. También da por acreditado que el fiscal general "fue la persona que dirigió los pasos que llevaron a ella, aprovechando la situación de superioridad que ostentaba sobre otros fiscales". Una situación que sólo se entiende "desde su posición de preeminencia por ser superior jerárquico de todos ellos". En un auto de casi 14 folios, Hurtado pone de relieve "las prisas" que tuvo García Ortiz a la hora de obtener la información que acabó filtrándose en la noche del 13 de marzo de 2024.
En el mismo escrito en el que cita a los investigados García Ortiz y Rodríguez, el juez modifica la situación procesal del teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, dándole la condición de investigado "en cuanto cabe presumir que tiene un papel de relevancia, si se quiere menor", en los hechos. Villafañe y los los otros dos fiscales investigados, "de manera coordinada, se podrían haber concertado para revelar secretos o informaciones reservadas relativas a otro ciudadano", sostiene Ángel Hurtado.
La primera filtración
El juez arranca su relato, sobre el que sustenta las diligencias, el 2 de febrero de 2024 a las 12.45 horas. En ese momento, el abogado de la pareja de Ayuso envió un correo a la Fiscalía de Delitos Económicos, al fiscal Julián Salto. En el mail, el letrado señalaba que era "voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos", y añadía: "Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública". Con este escrito, el abogado señalaba que su cliente Alberto González Amador era autor de un fraude de más de 350.000 euros.
Tras varias comunicaciones, relata el juez, el 5 de marzo se presentó una denuncia junto al expediente tributario en el Juzgado Decano de Madrid. Dos días después, la Jefatura Provincial de Madrid solicita la denuncia y el expediente de González Amador y Salto lo entrega. Sin embargo, la documentación no llega completa y Diego Villafañe envía un mensaje a Pilar Rodríguez para que remita lo que falta. El juez indica, en alusión a este primer episodio: "Esa documentación, que el día 8 había llegado a la Fiscalía General del Estado, es publicada cuatro días después en eldiario.es, a las 06.01 horas del 12 de marzo, cuando todavía a esa hora el letrado de Alberto González Amador no tenía conocimiento de la denuncia".
Los correos del 13 de marzo
Tras apuntar esto último, el instructor relata los acontecimientos del 13 de marzo, fecha clave en la investigación: A las 21.34 horas El Mundo publicó que "la Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales" y a partir de esa publicación García Ortiz impulsa "una dinámica de frenético intercambio de comunicaciones" con un solo objetivo; conseguir la cadena íntegra de correos entre el abogado de González Amador y el fiscal Julián Salto. Los mails llegaron al buzón de correo electrónico del fiscal general a las 21.59 horas.
Sin embargo, falta alguna información, que García Ortiz sigue requiriendo en los minutos posteriores. La cadena completa queda en sus manos a las 23.46 horas del 13 de marzo, cinco minutos antes de que se publique una noticia en la web de la Ser una noticia "con reproducción del correo de 2 de febrero de 2023".
A ojos del juez Ángel Hurtado, los hechos relatados justifican la citación de Álvaro García Ortiz y Pilar Rodríguez como imputados, pese a que varios periodistas indicaron ante el instructor que ellos accedieron a la información publicada en la noche del 13 de marzo horas e incluso días antes de que lo hiciera el fiscal general. A este respecto, el magistrado señala que "es cierto que dos de los testigos han mantenido haber tenido conocimiento del correo del 2 de febrero de 2024 con anterioridad, pero se trata de testimonios que no aportan datos objetivos y contrastan con otro de los testimonios que niega que así hubiera sido".
Frente a estos testimonios, prosigue el auto, hay "elementos objetivos que apuntan a que sólo tras la recepción por parte de Álvaro García Ortiz del correo de 2 de febrero es cuando tiene lugar su difusión". En definitiva, el instructor señala que aunque los periodistas que publicaron la información aseguran que disponían de ella antes de que la obtuviera el propio fiscal general, la publicaron una vez García Ortiz la tenía en sus manos, "lo que debe llevar a mantener su condición de imputado".
