La larga trayectoria fiscal de Álvaro García Ortiz (Lumbrales, Salamanca, 1967) sufrió este miércoles un duro revés al ser imputado por el Tribunal Supremo. Su dilatada trayectoria de 26 años en la Carrera mostrará ahora un borrón curricular, una imputación por revelación de secretos —en la causa que se sigue contra la pareja de la presidente madrileña Isabel Díaz Ayuso— que le han llevado a ser el primer fiscal general en ser investigado por la Justicia en todos los años de democracia en España.
La imputación de Ortiz ha sido la última piedra en el camino del jefe de los fiscales en un año plagado de contratiempos para el salmantino. En 2023, el propio Supremo anulaba el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática al apreciar "desviación de poder" por parte del fiscal general. Poco antes, el CGPJ se había opuesto a que el Ejecutivo de Pedro Sánchez le eligiera para repetir como fiscal general, un pronunciamiento inédito que el Poder Judicial justificaba, entre otros motivos, por su política de nombramientos discrecionales, su criterio con la ley del 'solo sí es sí' y su "inactividad" para defender a los fiscales del 'procés' de las acusaciones de 'lawfare'. Además, vio cómo el expresident catalán Carles Puigdemont era imputado por el 'caso Tsunami' en contra de su criterio (el caso finalmente terminó archivado).
Sustituto de Dolores Delgado
García Ortiz había sido la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez para sustituir a Dolores Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado. Tras la dimisión de la exministra de Justicia al frente del Ministerio Público por "motivos de salud" relacionados con su dolencia en la columna vertebral, el Ejecutivo apostó por la continuidad en la cúpula fiscal al proponer al que hasta ahora había sido la mano derecha de Delgado.
De marcado perfil progresista, García Ortiz fue, de hecho, primero portavoz y después presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la asociación profesional más cercana al PSOE, entre 2013 y 2017. Precisamente la UPF ha sido la única que se ha posicionado junto a Ortiz tras ser imputado y no ha pedido su dimisión, al contrario que el resto de asociaciones fiscales. Desde marzo de 2020, ocupó la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado como fiel escudero de Delgado. Siendo el número dos, el trabajo diario del Ministerio Público estuvo en sus manos los últimos dos años y medio.
A diferencia de la que fue su jefa, García Ortiz sí es fiscal de Sala, la máxima categoría de la Carrera. Es más, el hecho de que Delgado no ocupara este puesto en el escalafón cuando fue nombrada generó fuertes suspicacias en el sector, sobre todo entre los fiscales de Sala, pues se suele apostar por un miembro de esta categoría o por magistrados del Tribunal Supremo para el cargo de fiscal general.
Ortiz ingresó en la Carrera en 1998. Estuvo destinado en Santiago de Compostela y fue fiscal delegado de Medio Ambiente. Fue en esa tarea cuando se le encomendó llevar el caso del petrolero Prestige, que se hundió frente a las costas gallegas en noviembre de 2002.
"Perfecto conocedor de los proyectos en marcha"
La exministra de Justicia, Pilar Llop, valoró la trayectoria de García Ortiz para proponerle al frente de la Fiscalía General. En su opinión, era un "perfecto conocedor" del organismo, de los proyectos que estaban en marcha y también de las relaciones institucionales, al tiempo que destacaba su "dilatada experiencia como fiscal de carrera", de más de veinte años —se precisan 15 de ejercicio efectivo para optar al puesto—, en la que, entre otras cosas, ejerció como "experto en medio ambiente".
Llop dio importancia a la designación de García Ortiz dado el "momento de emergencia climática" actual y con un Ejecutivo "comprometido con el medio ambiente". También era, según ella, "conocido especialista con reconocimiento internacional en la lucha contra los incendios forestales"
La polémica del 'caso Stampa'
En su paso por la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, García Ortiz hizo frente común con Delgado frente a las polémicas que enfrentaron a la exministra con gran parte de la Carrera, sobre todo del sector conservador. Una de sus intervenciones más controvertidas fue la que protagonizó en 2021 durante el Consejo Fiscal que examinó el caso de Ignacio Stampa, fiscal anticorrupción que no fue renovado en su puesto y no pudo continuar al frente del caso Villarejo.
Los encargados de informar sobre este asunto fueron tanto García Ortiz como el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. Las explicaciones, lejos de contentar a los sectores más conservadores de la Carrera, avivaron las acusaciones contra Delgado y levantaron sospechas sobre el papel de García Ortiz en torno a la investigación abierta por la Fiscalía de Madrid tras la denuncia interpuesta por Vox contra Stampa, al que acusaban de connivencia con la acusación popular de Podemos en el caso Villarejo. Esas diligencias quedaron archivadas, pero el cierre se retrasó en dos ocasiones desde la Fiscalía General, en lo que se interpretó como una injerencia de García Ortiz y, por ende, de Delgado en este tipo de expedientes.
