Los números no mienten: al Gobierno se le ha hecho cuesta arriba el primer año de la legislatura, al menos a nivel parlamentario. Tras las elecciones del 23 de julio de 2023, las Cortes Generales se constituyeron a mediados de agosto del año pasado, y tres meses después, en noviembre, tuvo lugar la investidura de Pedro Sánchez. Desde entonces, no obstante, la acción legislativa ha sido escasa: tan solo cinco leyes y siete decretos-ley han recibido luz verde del Congreso, además de la escueta reforma constitucional para eliminar de la Carta Magna el término "disminuidos" para referirse a las personas con discapacidad.
La proposición de ley para regular el alquiler temporal y por habitaciones, que Junts derribó por sorpresa el pasado martes, es tan solo el último varapalo parlamentario que ha recibido el Gobierno, y el enfriamiento por el que pasa la relación con los independentistas catalanes amenaza con traer más nubarrones sobre el cielo de la Moncloa. Pero lo cierto es que, ya hoy, las cifras de iniciativas legislativas que el Ejecutivo ha logrado sacar adelante son muy modestas si se comparan con las de la anterior legislatura, aunque esa comparativa no puede hacerse con el inicio de la misma, que estuvo marcado por la pandemia de Covid-19, lo cual obligó al Gobierno a aprobar multitud de decretos y, además, ralentizó el funcionamiento del Congreso.
Entre agosto de 2021 y septiembre de 2022, un periodo temporal más calmado y con el mismo número de meses que el que ha transcurrido en lo que llevamos de legislatura, Sánchez logró aprobar en las Cortes un total de 30 leyes y convalidar 34 decretos. Bien es verdad que, entre agosto y noviembre de 2023, ya en esta legislatura, el Congreso estuvo a medio gas a la espera de la investidura del presidente del Gobierno. También lo es que, en el segundo año del anterior mandato, se aprobaron muchas leyes que, durante el primer año, estaban en mitad de su tramitación, lo mismo que ocurre ahora mismo con tres normas que están a punto de recibir luz verde de manera definitiva: la ley de agentes forestales, la de bomberos forestales y la de derecho a la defensa. Pero, en cualquier caso, la diferencia numérica es muy considerable.
De las pocas leyes aprobadas hasta ahora por el Congreso, una ha acaparado casi todo el foco mediático y político: la de amnistía. Dicha norma terminó saliendo adelante a finales del pasado mes de mayo tras una larga tramitación que no estuvo exenta de sobresaltos. Tanto fue así que llegó, incluso, a experimentar un brusco frenazo en febrero porque Junts obligó al PSOE a renegociar el texto para blindar el olvido legal de las acusaciones de terrorismo a dirigentes independentistas como el expresident Carles Puigdemont.
La última de las normas que ha salido adelante en el Congreso también ha generado polémica, aunque no en la misma medida que la amnistía. Se trata de la reforma judicial acordada entre PSOE y PP, que se aprobó a principios de agosto tras una tramitación exprés y que ha enfrentado a los socialistas con todos sus socios parlamentarios por pactar el texto con los populares. La reforma se centra en cuestiones de regeneración: instituye un régimen de incompatibilidades que prohibirá que se elija como vocal del CGPJ o como fiscal general del Estado a alguien que haya sido ministro en los cinco años anteriores a la designación y establece que los jueces que sean nombrados para un cargo político de confianza deberán ser declarados en la situación de "servicios especiales".
Las otras tres leyes que el Gobierno ha conseguido sacar adelante han sido mucho menos controvertidas. La primera de ellas, la ley de enseñanzas artísticas, recibió luz verde de las Cortes el pasado mayo solo con el voto en contra de Vox, y reconoce nuevas disciplinas como la escritura creativa, el circo y el videojuego. Por otra parte, en julio el Congreso aprobó definitivamente la ley de paridad, que obligará al Gobierno, los órganos constitucionales y las grandes empresas a contar en sus órganos de dirección con al menos un 40% de mujeres. Y ese mismo mes, la Cámara Baja dio su aprobación a crear la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil.
Siete decretos
Además, son siete los decretos-ley que han recibido el voto favorable de una mayoría del Congreso para su convalidación. El último de ellos, la nueva prórroga hasta diciembre de las medidas sociales para hacer frente a la crisis desatada por la guerra de Ucrania, fue aprobado a finales del mes de julio, después de que el Ejecutivo aceptara retirar del texto el recorte en el bono social eléctrico que contenía para conseguir el voto favorable de Podemos. Un decreto muy similar había sido aprobado en diciembre del año pasado, precisamente para extender esas medidas sociales hasta este mes de junio.
El Congreso también convalidó hace unos meses el decreto a través del cual el Gobierno extendió, por segundo año consecutivo, el programa Verano Joven, destinado a impulsar los viajes en época estival de los jóvenes de entre 18 y 30 años mediante descuentos de hasta el 90% en las redes de transporte público de media y larga distancia de titularidad estatal. En mayo, el texto aprobado fue el que mejoraba el subsidio que perciben las personas que ya han agotado su derecho a paro, aunque el decreto se aprobó a la segunda, puesto que el primer intento acabó en fracaso en enero porque incluía un recorte en el modelo de cotización para la pensión para los perceptores de esta ayuda que Podemos se negó a aceptar.
En este año, el Gobierno también ha prorrogado por decreto la prohibición de desahucios a familias reconocidas como vulnerables. Y, por último, ha aprobado también por esta vía un paquete de medidas de modernización de la administración de justicia.
