La oficialidad del catalán, el gallego y el euskera en la UE es un tema que está congelado, pero el Gobierno insiste en él. Así lo ha dejado claro este miércoles en Bruselas el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, después de tener una reunión con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Cierto es que en este sentido hay dos vías: la propia de la oficialidad y una a un escalón inferior, que trata de estandarizar las lenguas cooficiales españolas como lenguas de uso en la Eurocámara. El ministro hizo especial hincapié en la diferencia entre ambas puesto que la segunda puede ser más viable que la primera.
"No hemos hablado de plazos", asumió un Albares que ve el tema como un asunto "de identidad nacional" y no de uso "partidista". Se trata de lenguas, dijo, "que hablan millones de españoles" y que ya se utilizan de forma regular y regulada tanto en el Congreso como en el Senado. Además, insistió en que España mantendrá el asunto sobre la mesa "el tiempo que sea necesario" puesto que es algo, avisó, que "no depende de quién esté en el Gobierno".
En este punto, el ministro de Exteriores recalcó que "tiene la mano tendida" con el Partido Popular Europeo y con el PP español, que ahora mismo no está a favor de este paso, y a la vez restó importancia a la posible presión de Junts. "Es algo que está en el acuerdo", reconoció, pero que viene de más atrás. "Lo pedimos hace ya dos años y medio", sostuvo, en referencia a la posibilidad de emplear las lenguas cooficiales en el Parlamento Europeo.
Sobre los posibles vetos de otros países, el ministro reconoció que eso se verá claramente cuando haya que acordar algo, pero no quiso hablar directamente de boicots, aunque es conocido que hay Estados miembros en contra del paso ya sea por motivos políticos o porque dudan del coste económico que tenga para la UE. Además, se sigue a la espera del informe técnico que está preparando España para convencer al resto de socios comunitarios, algo similar a lo que está estudiando el Parlamento Europeo para lo que a la Cámara se refiere. Así, el Gobierno quiere mantener el asunto en un punto relevante para la presidencia polaca del Consejo, que arranca el próximo 1 de enero. "Es un tema que trasciende de quién ocupe la presidencia del Consejo", resumió Albares.
En torno a la idea de España ya hay datos relevantes. Por ejemplo, la Comisión Europea estima que el coste de la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la Unión Europea sería de 132 millones de euros, según un informe preliminar. Para llegar a ese cálculo, Bruselas ha multiplicado por tres los 44 millones que cuesta actualmente al año a traducción y la interpretación al gaélico.
El asunto de las lenguas tiene otra vía dentro del Parlamento Europeo, pues ya en 2022 el Gobierno envió una carta para que estas tres lenguas fueran de uso —aunque no oficiales— en la Eurocámara. Esta segunda fórmula es la que PSOE y Sumar han impulsado en el Congreso para que, desde hace ya meses, los diputados españoles puedan intervenir ya en catalán, gallego o euskera, pero también en asturiano, aragonés o aranés. Es la que además Albares ve más factible, aunque no lo diga abiertamente. La oficialidad es algo más compleja.
