La inmigración ha protagonizado este año numerosos debates en la esfera política y social tras unas cifras de llegadas por mar sin precedentes. Ni en la crisis de los cayucos ni en 2018, que es el año en el que hasta ahora se habían registrado los récords, llegaron tantos migrantes por vía marítima a las costas españolas. Una situación que ha desatado una emergencia migratoria que mantiene a los sistemas de acogida saturados y para la cual el Gobierno todavía no ha encontrado una solución. También en Europa ha sido una cuestión candente en los últimos 12 meses, en los que varios países, como Italia, han endurecido su política migratoria externalizando la acogida en campos de deportación en Albania.
Con datos del 15 de diciembre, aun sin terminar el año, España ha registrado este 2024 su mayor dato de inmigración irregular por vía marítima: 57.738 personas llegaron en cayuco este año, lo que supone casi el doble de las 31.678 que lo hicieron en la conocida como crisis de los cayucos de 2006 y supera a las 57.498 registradas en 2018. Según el último balance del Ministerio del Interior, el 75% de ellos arribaron a Canarias, que recibió en este año a un total de 43.737 migrantes que se lanzaron al mar en una de las rutas marítimas más peligrosas que existen hacia Europa.
Las cifras del Gobierno no señalan un récord si se tiene en cuenta el número total de llegadas —por mar y por tierra—, ya que, sumando los accesos por vía terrestre a Ceuta y Melilla, el cómputo total de 2024 asciende a 60.216, una cifra inferior a los 64.298 registrados en 2018, pero que sí revela un aumento del 13,5% respecto a los 52.591 que llegaron en 2023. Ceuta es el territorio que más incremento ha notado en el último año a través de la vía terrestre (que incluye las entradas a nado), con 2.386 llegadas (más del doble que las registradas el año anterior).
Sin acuerdo para reformar la ley de extranjería
Esta situación ha acabado saturando los sistemas de acogida de Canarias y Ceuta, tras un verano crítico en el que se han duplicado las llegadas a ambos territorios. Los adultos migrantes son competencia del Gobierno central, pero la tutela de los menores migrantes no acompañados corre a cargo de las comunidades autónomas, algo que también ha sido fruto de debate en estos meses.
Ya con el incremento de la inmigración en 2023 se puso de manifiesto la ineficacia del mecanismo de solidaridad voluntaria que rige ahora para corresponsabilizar a las autonomías en la acogida de los niños y adolescentes extranjeros. Conscientes de esa laguna y de que siempre habrá territorios que absorban el grueso de la inmigración por una cuestión geográfica, el Ejecutivo negoció durante meses con Canarias una reforma legislativa para hacer obligatoria esa solidaridad, es decir, para reubicar a los menores a otras comunidades cuando un territorio de llegada esté sobresaturado.
En abril se presentó la propuesta final, que planteaba activar un mecanismo de reparto cuando el sistema de acogida de un territorio sobrepase el 150% de su capacidad. Nada desdeñable, teniendo en cuenta que por ese entonces el archipiélago tutelaba a unos 5.200 menores extranjeros, casi el triple de lo que realmente puede asumir. Pero llegó julio y la iniciativa cayó en saco roto por el voto en contra del PP y Junts. Desde entonces se han producido varias idas y venidas entre los Génova, Canarias y Moncloa, sin que ninguna de ellas concluyese en un acuerdo que contentase a todas las partes, y mientras el dirigente canario mostraba su desesperación por ver cómo no llegaba la ayuda.
Clavijo ha decidido ir por su cuenta al final, al menos mientras se desatasca la negociación de la reforma de la ley de extranjería, y ha anunciado que en la primera quincena de enero presentará una propuesta para llevar a cabo esa reubicación por la vía del decreto. Una fórmula que por ahora no convence al Gobierno, que duda de su encaje legal e insiste en que igualmente tendría que reunir los apoyos de una mayoría parlamentaria para convalidar el texto.
Primera preocupación de los españoles
Mientras tanto, y en medio de toda la riña política que ha provocado la gestión del fenómeno migratorio, la inmigración se ha convertido este año en la principal preocupación de los españoles, desbancando a la crisis económica y a la vivienda en la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de octubre. Aunque, al ser preguntados por los problemas que más les afectan, los encuestados no mencionan en esos tres primeros puestos a la inmigración, sino la crisis económica, la sanidad y la vivienda.
El fenómeno migratorio también se ha colado en las conversaciones en Bruselas, donde se ha abierto el debate sobre cómo gestionar el aumento de las llegadas en este último año. Ha sonado mucho la política adoptada en Italia por Giorgia Meloni, que optó por abrir dos centros de deportación de solicitantes de asilo en Albania. Una gestión que fracasó al poco de nacer, después de que la Justicia italiana declarara ilegal su detención en el país balcánico, aunque Meloni ya ha expresado su intención de reactivar estos centros de forma inminente.
La idea, no obstante, ha calado en la Comisión Europea, cuya presidenta, Ursula von der Leyen, ya ha enviado una carta a los líderes de los 27 para avanzarles que está reconsiderando la posibilidad de abrir centros de deportación en terceros países mientras se tramitan las solicitudes de asilo de los migrantes. Además, Italia no ha sido la única en endurecer su política migratoria en este último año. Alemania, por ejemplo, restableció controles en sus fronteras terrestres y presentó un plan más restrictivo para las solicitudes de asilo y con mayores facilidades para expulsar a los inmigrantes sin papeles.
Todo ello mientras en junio de 2024 se aprobaba el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, que se prevé que entre en vigor en 2026, aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió a la Comisión adelantar esa fecha para que las herramientas que provee en materia de control migratorio puedan empezar a usarse en el verano de 2025. La estrategia de Moncloa ha ido este año por otro lado: Sánchez opta más bien por un proceso migratorio regulado y ordenado. Tras emprender una gira por Mauritania, Gambia y Senegal, el líder del Ejecutivo firmó sendos acuerdos para impulsar programas de selección de trabajadores en origen y cubrir puestos de naturaleza estacional, de temporada o campaña.
Regularización de migrantes y reforma del reglamento
En España hay, además, una iniciativa legislativa popular (ILP) pendiente de aprobarse para regularizar a en torno a medio millón de migrantes. En abril, todos los grupos salvo Vox dieron luz verde a una regularización extraordinaria cuyos detalles se están negociando todavía en el Congreso de los Diputados.
Y, a finales de noviembre, el Gobierno aprobó la cuarta reforma del Reglamento de Extranjería, la más grande hasta la fecha, que incluye numerosos cambios, como nuevas figuras de arraigo (de segunda oportunidad, sociolaboral y formativo), dos modalidades más de visados o más facilidades para la reagrupación familiar y la regularización de los estudiantes extranjeros.
