Junts sigue volando los puentes con el Gobierno de manera acelerada. Este martes, la formación que lidera el expresident Carles Puigdemont votó en contra —junto a PP, Vox y UPN— de la proposición de ley impulsada por los partidos a la izquierda del PSOE para establecer nuevas limitaciones y otorgar más derechos a los inquilinos de alquileres temporales o de una habitación dentro de un inmueble. Junts lo hizo después de haber anunciado por la mañana que se abstendría. Y su rechazo fue decisivo para impedir que la iniciativa comenzara a tramitarse en el Congreso, algo que sí hubiera ocurrido si los de Puigdemont hubieran sido fieles a su palabra y hubieran votado en blanco.
Fue únicamente el cambio de posición de Junts en el último momento el que provocó que la iniciativa cayera a las primeras de cambio, puesto que todo el resto de los grupos parlamentarios se mantuvieron firmes en el sentido de su voto y ningún diputado se equivocó, algo que hubiera sido fatal, habida cuenta de que la izquierda solo tenía una mayoría de un voto incluso contando con la abstención de los de Puigdemont. A favor de iniciar la tramitación del texto votaron, además de sus impulsores —Sumar, ERC, EH Bildu, BNG y Podemos—, el PSOE, el PNV y Coalición Canaria. Pero sus 172 escaños se estrellaron contra los 178 que reunieron PP, Vox, UPN y Junts.
Con su jugada de última hora, los independentistas catalanes de derechas convirtieron en intrascendente el movimiento de PNV y Coalición Canaria, que durante la mañana del martes habían desvelado que apoyarían que la proposición de ley comenzara a tramitarse, pese a las dudas que les generaban algunas de sus medidas. En concreto, los nacionalistas vascos habían anunciado un sí "crítico" al texto y confirmaron que presentarían "mejoras en el trámite parlamentario", algo que ya no podrán hacer porque la iniciativa ni siquiera empezará a trabajarse.
La proposición de ley derribada este martes fue registrada el pasado mes de julio por todas las formaciones a la izquierda del PSOE, aunque su redacción corrió mayoritariamente por cuenta del Sindicato de Inquilinos. Este colectivo social argumentaba que la actual falta de regulación del alquiler temporal y por habitaciones está "generando la vulneración de derechos de los arrendatarios, pero sobre todo, la expulsión masiva de inquilinas a quien se les termina el contrato de alquiler para desviarlo al mercado temporal o de habitaciones". Tras ver cómo la derecha tumbaba su texto, el Sindicato de Inquilinos acusó a Junts de "mentirosos" y de "condenar a los inquilinos a la miseria".
Desincentivar el alquiler temporal
En resumidas cuentas, lo que pretendía la proposición de ley era equiparar los arrendamientos de vivienda habitual, a nivel de obligaciones para los propietarios y protección para los inquilinos, con los alquileres por meses y los que afectan a una sola habitación de un inmueble. El objetivo último de la iniciativa, según sus impulsores, era que dejara de ser atractivo para muchos arrendadores poner sus pisos en el mercado de alquiler temporal, una vía que ahora mismo les permite eludir muchas de las salvaguardas para los inquilinos.
En concreto, la proposición de ley derribada establecía que, en contratos de duración temporal, se prohibiera el cobro de honorarios de agencia al inquilino, así como que se limitara la cuantía de la fianza que pueden exigir los propietarios, que no hubiera podido ser superior al valor de media cuota mensual (en el caso de los alquileres de vivienda habitual, la fianza máxima es de dos mensualidades). Además, la reforma planteaba que se pudieran aplicar los límites de precios que ya recoge la ley de vivienda para zonas de mercado tensionado, unos topes que, hoy por hoy, solo se han puesto en marcha en Cataluña, puesto que las comunidades gobernadas por el PP y por el PSOE se niegan a aplicarlos.
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