No han pasado ni dos años desde que se restablecieron las relaciones diplomáticas entre España y Venezuela tras la crisis por el reconocimiento de la presidencia interina de Juan Guaidó por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Pero la calma se ha roto y estos dos países vuelven ahora a pasar por una escalada de tensión tras las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela, cuyo resultado -que otorga la victoria a Nicolás Maduro- cuestiona la comunidad internacional. Desde que España accedió al asilo político del líder opositor, Edmundo González, en Madrid y el Congreso de los Diputados le reconociese como presidente electo, el régimen de Nicolás Maduro no ha cejado en las hostilidades hacia el Gobierno español y las relaciones entre ambos países se muestran cada vez más dañadas.
Fue en 2019 cuando Sánchez reconoció a Guaidó como presidente encargado de Venezuela y pidió que se convocasen nuevas elecciones con la máxima urgencia posible. Nicolás Maduro cargó contra el Gobierno y acusó al embajador español en Caracas, Jesús Silva, de facilitar la salida a España de Leopoldo López, que abandonó la embajada clandestinamente para refugiarse en Madrid. Tras ello, el Gobierno de España decidió retirar su embajador de entonces en Caracas, Jesús Silva, sin nombrar a otro sucesor. Las relaciones entre los dos países se mantuvieron estancadas más de tres años, hasta principios de 2023.
Fue entonces cuando el Gobierno nombró a un nuevo embajador en Caracas y el régimen de Nicolás Maduro respondió con un nuevo representante diplomático en Madrid. Meses más tarde, España dio un paso más en pro de retomar las buenas relaciones al proponer a la Unión Europea que levantase las sanciones al país, tal y como ya había hecho Estados Unidos ante el avance de las negociaciones entre Maduro y la oposición. Pero todo volvió a complicarse ante la cercanía de unos nuevos comicios, los que se han celebrado este pasado 28 de julio.
En enero de este año, Estados Unidos volvió a imponer las sanciones a Venezuela después de que Nicolás Maduro se negase a quitar la inhabilitación impuesta a María Corina Machado de cara a las elecciones presidenciales. En el caso de España, el deshielo tampoco duró mucho, ya que el Gobierno pronto advirtió del incumplimiento del Acuerdo de Barbados para que el país celebrase unas elecciones "libres", al emitir órdenes de detención emitidas a figuras de la oposición y de la sociedad civil, o impedimentos para presentarse a las elecciones como el de María Corina Machado.
La ausencia de garantías democráticas se hizo evidente cuando Venezuela retiró la autorización a la Unión Europea para enviar observadores a las elecciones. Desde España asistió el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero encabezando la misión de observadores del Grupo de Puebla. Por parte del PP, una delegación de parlamentarios intentaron acceder a Caracas con el objetivo de actuar como misión de observación electoral, pero como Venezuela no les había autorizado a esa visita, regresaron a España a las pocas horas expulsados por el Gobierno de Maduro.
Las elecciones se produjeron el 28 de julio sin que la comunidad internacional reconociese la victoria de Nicolás Maduro. El Gobierno español lleva desde entonces pidiendo las actas electorales para poder verificar que el proceso fue garantista.
Una semana de escalada de la crisis
Pero las relaciones se empezaron a complicar más a partir del 8 de septiembre, cuando el líder opositor, Edmundo González, aterrizó en Madrid tras abandonar Venezuela, donde estuvo refugiado varios días en la embajada española en Caracas. González pidió asilo político al Ejecutivo, que accedió a ello. Desde entonces, el PP presionaba al Gobierno para que reconociese al líder opositor como presidente electo de Venezuela, algo a lo que el Ejecutivo se niega de momento, alegando que primero quiere ver las actas de las mesas electorales y que su posición debe ir alineada con la Unión Europea. Pero los populares hicieron un movimiento más. Llevaron al Congreso de los Diputados una iniciativa con el fin de que una mayoría parlamentaria apoyase el reconocimiento de González como presidente, y así fue.
Todo ello sumado a que Sánchez recibió a González en La Moncloa, donde se comprometió a trabajar por la democrática, el diálogo y los derechos en Venezuela, provocó la ira del chavismo, que comenzó a amenazar con romper relaciones con España. La escalada continuó avanzando tras unas declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que calificó el régimen de Maduro como "dictadura". Fue entonces cuando Venezuela llamó a consultas a su embajadora en Madrid.
El último movimiento por parte de Maduro fue la detención de dos españoles por parte de Venezuela, acusados de tener vínculos con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de estar implicados en una supuesta operación para llevar a cabo actos "terroristas", entre ellos, el asesinato de Maduro, algo que el Gobierno de España niega.
La reacción llegó directamente desde la Unión Europea. Tras días de medir las palabras y de prudencia, el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el exministro español Josep Borrell, finalmente calificó de "dictatorial" y "autoritario" el régimen de Nicolás Maduro, aludiendo a estas detenciones arbitrarias y a la huida de Edmundo González.
