Casi un año y una treintena de reuniones después, el Congreso de los Diputados ha dado este miércoles luz verde definitiva al nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Un informe que sustituirá al de 2017 y en el cual se recogen el doble de medidas —462— que guiarán la lucha contra la violencia machista en España durante los próximos cinco años.
La violencia vicaria, la económica y la digital son los tres apartados principales sobre los que se erige el documento que han consensuado todos los partidos, salvo Vox, y el cual irá acompañado de una dotación económica de 1.500 millones de euros (un 50% más).
El nuevo texto nace, así, para adaptarse a un contexto en el que ya hay identificadas otras violencias contra las mujeres, más o menos invisibles, y no solo aquella ejercida en el ámbito de la pareja o la expareja. Tras un año especialmente dramático azotado por la violencia vicaria, el informe recoge una batería de medidas dedicadas a reforzar la protección de los menores de edad; pero también aborda las amenazas detectadas en los últimos años, como todas aquellas violencias cometidas en el ámbito digital —ya sea el porno o la manipulación de imágenes—, o la violencia económica que coarta la libertad de muchas mujeres y dificulta su salida del maltrato.
Violencia vicaria
Hay casi medio centenar de medidas específicas a la asistencia y protección de menores, con especial incidencia en la violencia vicaria, que es aquella que se ejerce contra los hijos menores de edad, normalmente, para hacer el mayor daño posible a la madre. En ese sentido, se insta a garantizar la formación de los jueces y todos aquellos profesionales que tengan un contacto habitual con niños, y se establece la necesidad de fortalecer la coordinación entre instituciones en situaciones de especial vulnerabilidad, como separaciones, custodias o regímenes de visitas. En esa línea, se insiste en reformar la ley de violencia de género de 2005 para reconocer directamente como víctimas a los hijos menores de las mujeres maltratadas.
Violencia económica
Otra de las novedades del nuevo Pacto es el reconocimiento de la violencia económica como una forma más de violencia de género y con una docena de medidas para prevenirla y atajarla. El documento pide incorporarla de manera específica en el ordenamiento jurídico y reformar el Código Penal para perseguir "todas aquellas conductas que tengan por finalidad limitar la autonomía e independencia de las mujeres". Incide en ese punto en que este tipo de violencia no implica solo el impago de pensiones, sino también otros tipos penales, como el de alzamiento de bienes, estadas, apropiaciones indebidas o administración desleal.
Se insta, así, a llevar a cabo "las medidas necesarias" para impulsar una "actualización periódica de las pensiones alimenticias, impulsar medidas en materia de Seguridad Social que tengan en cuenta que la violencia económica deriva muchas veces en situaciones de incapacidad temporal, o analizar la figura del "sabotaje laboral", que se produce cuando el agresor impide a la víctima obtener o mantener un empleo.
Violencia digital
También se recoge en un apartado específico la violencia digital, atendiendo al rápido avance de esta tipología de violencia contra las mujeres en los últimos años. Medidas como "avanzar" hacia el uso crítico de internet y las redes sociales para evitar conductas violentas y detectarlas o formación específica para el peritaje informático dentro de las Fuerzas y Cuerpos y Seguridad del Estado, son algunas de ellas.
En esa línea, se crea un subapartado específico a la prevención del acceso de los menores a la pornografía, con medidas para garantizar que se aplican sistemas efectivos de verificación de la edad. También se plantea una sanción por el uso de material en forma de deep fakes, es decir, la manipulación de imágenes, vídeos o audios de otra persona mediante la Inteligencia Artificial. Además, se pide reforma del Código Penal para incluirse la prohibición de acceso o de comunicación (una orden de alejamiento), también en las redes sociales, foros, plataformas de comunicación o, en definitiva, cualquier otro lugar del espacio virtual.
Ley contra la trata
El documento, asimismo, exige aprobar una ley contra la trata y la explotación de seres humanos, con mecanismos para la prevención, la persecución de estos delitos y la reparación de las víctimas. Esta norma es, de hecho, un compromiso del Gobierno que, sin embargo, lleva ya casi un año aparcada en un cajón del Ministerio de Igualdad.
Otra de las medidas contempladas va dirigida a desincentivar la demanda de la prostitución mediante campañas de concienciación y talleres de sensibilización que vayan especialmente dirigidos a adolescentes y jóvenes y que, "en ningún caso", supongan la criminalización de las mujeres. Igualmente, se insta a implementar "los cambios legislativos necesarios" para combatir la publicidad de la prostitución "en todas sus formas" y promover medidas para luchar contra el proxenetismo, "castigando a la figura del proxeneta y dotando de recursos de atención integral adecuados a las mujeres víctimas".
