Muface empieza a vislumbrar la luz al final del túnel. Después de varios meses de incertidumbre y las dudas acerca de su viabilidad, el concierto ha experimentado un golpe de timón con el Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública al frente de esta maniobra. El departamento del que depende esta competencia ha aprobado unas nuevas condiciones que incluyen un incremento del contrato hasta los 4.800 millones tras poner encima de la mesa 330 millones de financiación adicional. Este tercer intento eleva la mejora al 41,2% desde el 33,5% anterior, que ya duplicaba la oferta planteada inicialmente.
El responsable de Función Pública, Óscar López, ha cedido a la presión y ha subido su apuesta tras las negociaciones ‘in extremis’ de la última semana con las aseguradoras. La meta final no es otra que convencer a SegurCaixa Adeslas para que no se descuelgue de la licitación. Todo indica que el Gobierno camina en la dirección correcta. La compañía participada por Mutua Madrileña y CaixaBank ha manifestado su voluntad de continuar tras las modificaciones introducidas. "La propuesta anunciada recoge un necesario incremento de la financiación para que operadores como Adeslas puedan alcanzar el objetivo de no incurrir en pérdidas", señalan fuentes cercanas a La Información.
Según los cálculos realizados por la compañía, aceptar un alza del 33,5% les llevaría a contabilizar unos números rojos de alrededor de 250 millones, en línea con las contabilizadas en el último concierto. Sin embargo, con los nuevos términos ya no se da una deficitaria situación, lo que abre la puerta a que se presenten. Esta posibilidad comenzó a tomar forma el pasado fin de semana a raíz de los "avances significativos" que se produjeron entre ambas partes tras varias conversaciones. Ahora solo le queda "reconsiderar su posición actual" y concurrir a la adjudicación una vez que los pliegos incluyan los cambios introducidos.
En la misma línea, Asisa también ve con buenos ojos el último movimiento del Ejecutivo y pone en valor "el esfuerzo de la Administración" en la búsqueda de mecanismos que "corrijan los desequilibrios de la mutualidad y garanticen tanto la calidad asistencial como su sostenibilidad a medio y largo". El grupo, propiedad al 100% de la cooperativa médica Lavinia, ha puesto en valor el papel que ha desempeñado para lograr dichas condiciones, que les permitirán "mantener su compromiso con Muface". En este sentido, empieza a ganar enteros un escenario en el que Adeslas y Asisa se perfilan como adjudicatarias.
A diferencia de hace unas semanas, la duración del convenio -estipulada en tres años- ya no parece ser un impedimento. De hecho, fue uno de los puntos más criticados tanto por Adeslas como por DKV, que guarda silencio, al menos hasta conocer los pliegos. Desde Moncloa defienden su apuesta por hacer un concierto para los años 2025, 2026 y 2027 en la necesidad de dar estabilidad en la asistencia sanitaria del colectivo cubierto, que supera el millón de personas entre funcionarios y familiares.
Se mantiene también la nueva estructura de primas incremental en función de los tramos de edad, de tal manera que la mutualidad paga más por los colectivos más mayores y menos por los más jóvenes, algo que no afectará al pago que se descuenta de la nómina a los empleados públicos. Con este planteamiento, las tarifas del próximo trienio van a experimentar una transformación significativa con el fin de que haya una diferencia más elevada entre las primas de los colectivos más jóvenes y los más mayores.
El propio Óscar López comparecerá este miércoles en el Senado ante la Comisión de Función Pública para informar sobre Muface y "las graves consecuencias que está suponiendo para los mutualistas y sus familias", pero también para explicar las medidas adoptadas para desencallar esta situación que mantiene en vilo a 1,5 millones de mutualistas, personal docente y trabajadores de la Administración en su mayoría.
