Los de Alberto Núñez Feijóo dan rango de importancia "capital" al plan de Pedro Sánchez de limitar la acusación popular a través de una reforma legal. Pues, según el líder de la oposición, es una iniciativa hecha a la carta para proteger al entorno personal del presidente del Gobierno: "Cita nombres y apellidos, como en la llamada 'ley Begoña', que busca dejar sin juicio a la familia de Sánchez". A la espera de conocer la evolución de esta reforma, que necesita del apoyo de la mayoría del Congreso, el PP ya avisa que de llegar a aprobarse liderará una ofensiva similar a la que llevó contra la ley de amnistía.
"Contra este atropello democrático y este intento de impunidad con nombres y apellidos por la posible comisión de delitos vamos a impulsar todas las iniciativas que están a nuestro alcance: de orden político, institucional y social", señaló este lunes el portavoz Borja Sémper quien avanzó que su partido ocupará gran parte de su tiempo en evitar "un nuevo clavo más en el ataúd de la igualdad", como cree que lo fue en su día la amnistía.
Por esta razón, fuentes populares plantean llevar a cabo la misma estrategia que emprendieron contra el borrado del procés contra el que presentaron un recurso de inconstitucionalidad y la llevaron hasta Europa generando un debate internacional. También agitaron las calles hasta en cinco ocasiones —en la plaza de Felipe II el 24 de septiembre de 2023, en el Templo de Debod el 3 de diciembre de 2023, protestas multitudinarias por todo el país el 12 de noviembre de ese año; en Plaza de España el 28 de enero de 2024, y en la Puerta de Alcalá el 26 de mayo de 2024—.
A todo ello se sumaron los debates políticos sobre la amnistía: en el Congreso celebraron hasta cuatro jornadas parlamentarias frente a la amnistía con expertos y personalidades de la sociedad civil, mientras en el Senado convocaron la comisión de comunidades autónomas para que todos los presidentes debatieran una moción sobre "convivencia democrática dentro de la Constitución".
Por el momento, en Génova no manejan un calendario dado que todavía cuestionan el apoyo de los socios de Sánchez a esta reforma judicial para limitar la acusación popular dado que tanto Sumar como Junts. Y es que dichas formaciones ya se han mostrado en contra mientras que la asociación mayoritaria de jueces ha pedido a la Unión Europea que intervenga por el "ataque" de Sánchez.
Para el PP, la ley "no solo limitaría la acción popular sino la dignidad de las instituciones" y aún más "grave" es el carácter retroactivo de lo que plantean sin siquiera un debate legal. Esta es la diferencia que marcan con respecto al planteamiento que lanzó en 2017 esta misma formación. El Gobierno de Mariano Rajoy propuso limitar a los partidos políticos para ejercer la acción popular.
"No es lo mismo", defiende el equipo de Feijóo, enfatizando en que el objetivo del expresidente popular "nunca" fue el de proteger a su mujer o a su hermano ni quiso incluir aquellas causas en curso ni llegó a limitar a los partidos políticos. Además, insisten, Rajoy "no lo puso en marcha" cuando obtuvo la mayoría absoluta.
