Tras varias prórrogas que se suceden desde 2021, el nuevo registro de viajeros del Ministerio del Interior será obligatorio a partir del próximo lunes, de modo que las empresas de alojamiento turístico y de alquiler de vehículos de motor deberán registrar, custodiar y poner a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado una larga lista de datos sobre sus usuarios y clientes. El registro ha generado un gran rechazo en el sector hotelero, pero Interior defiende que la medida está funcionando bien y es segura. Según fuentes del ministerio, antes de ser de uso obligatorio, el registro ha recabado casi 4,8 millones de datos y ha servido ya para identificar a 18.584 personas "que figuraban en bases de datos de señalamientos nacionales o del sistema de información Schengen".
El registro de viajeros se desarrolla a través de una aplicación llamada SES.Hospedajes, que ya está activa y funcionando de forma eficiente, según indican fuentes de Interior. De acuerdo con los datos del ministerio, se han registrado ya 61.540 establecimientos hoteleros. 1.094 agencias de viajes, 222 plataformas digitales y 1.720 empresas de alquiler de vehículos de motor. En total se han recabado 4.776.467 datos y la aplicación ha permitido localizar a más de 18.500 personas en busca y captura.
Todos los identificados son presuntos autores de crímenes graves, la mayoría relacionados con el terrorismo y el crimen organizado. Precisamente, este decreto amparado en la ley mordaza se sustenta en la finalidad de ayudar a la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Según Interior, la medida "reforzará la idea de que España es uno de los países más seguros del mundo" y no afectará "a la competitividad ni a los costes" del sector hotelero y de alquiler de vehículos de motor en España. También según el ministerio, que se apoya en los informes del Consejo de Estado y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), el registro de viajeros no pondrá en riesgo la información de los ciudadanos y no tiene "un espíritu recaudatorio".
La Confederación Española de Hoteles y Apartamentos Turísticos (CEHAT), al contrario, sostiene que el registro vulnera "varias directivas europeas relacionadas con la protección de datos y los sistemas de pago" y mantiene que la medida es "confusa y desproporcionada". Este martes, la confederación anunció posibles acciones legales contra la entrada en vigor del registro.
¿Cómo funciona el registro?
Con la entrada en vigor del registro de viajeros, los hoteles y compañías de alquiler de alojamiento o vehículos deben recoger, custodiar durante tres años y facilitar a las autoridades toda una serie de datos. Entre ellos están el correo electrónico de los viajeros, el número de teléfono, la información del DNI, incluido el número de soporte, el lugar de residencia, el medio de pago y, en su caso, el número de IBAN o el número y la fecha de caducidad de la tarjeta bancaria.
Tendrán la obligación de ello los hoteles, hostales, pensiones, casas de huéspedes, establecimientos de turismo rural, apartamentos turísticos, bungalós, campings, zonas de estacionamiento de caravanas, operadores turísticos y plataformas de internet. En el caso de los vehículos, según acota el ministerio, deberán registrar datos las empresas dedicadas al alquiler, las que intermedien y, de nuevo, las plataformas que operen en internet.
El próximo 2 de diciembre el registro será obligatorio y, "en los próximos días", el ministerio someterá a consulta pública una orden ministerial que "facilite al sector relacionarse con los datos que debe recoger en el registro". De todos modos, Interior defiende que "ya no hay motivos" para aplazar la implementación de este sistema, que no comportará riesgos para los ciudadanos porque, de lo contrario, "la AEPD no habría emitido informe positivo". Es más, en el ministerio consideran que la entrada en vigor de la normativa "dará seguridad jurídica al tratamiento de datos" de los viajeros.
Tal y como recoge el artículo octavo de la norma, se impondrán una serie de sanciones a los establecimientos y empresas que no recojan correctamente la información. El ministerio insiste en que la norma "no tiene una finalidad recaudatoria", pero si prevé sanciones leves y graves a quienes la incumplan. A aquellos que omitan por completo su obligación se le impondrá una sanción grave de entre 601 y 30.000 euros. A los que cometan "irregularidades continuadas" o a los que constantemente presenten los datos fuera de plazo se les impondrá una sanción de entre 100 y 600 euros.
