El Ministerio de Transportes ha adjudicado este jueves un contrato de 4 millones de euros para realizar un estudio sobre el estado de las carreteras y su aguante ante inundaciones como las que arrasaron hace un mes varias localidades de la Comunidad Valenciana. La DANA interrumpió las conexiones por tierra con la zona afectada por los daños causados en autovías, calzadas e incluso en la red ferroviaria. El análisis encargado por Transportes pretende identificar puntos críticos y preparar las carreteras ante unos fenómenos meteorológicos extremos cada vez más impredecibles por el cambio climático.
De este modo, el contrato adjudicado este jueves por Transportes busca evaluar la "resiliencia" de la Red de Carreteras del Estado con el objetivo de estudiar los riesgos existentes ante inundaciones como las provocadas por las lluvias torrenciales que descargaron sobre el Levante a finales de octubre. Para evitar que los destrozos vuelvan a repetirse si en un futuro se reedita un fenómeno de tal magnitud, el departamento de Óscar Puente pretende desarrollar un plan de prevención y respuesta ante el cambio climático, en el que ya trabaja la Dirección General de Carreteras dentro del marco del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.
La tarea se divide en dos partes. Por un lado, es necesario analizar los riesgos de inundaciones de la red de carreteras y la implementación de sistemas de alerta. En ese sentido, el estudio puesto en marcha por Transportes analizará la inundabilidad de las vías teniendo en cuenta riesgos adicionales por el cambio climático e identificará puntos críticos donde exista un sistema de drenaje insuficiente ante fenómenos meteorológicos extremos. En esta primera fase, se recopilará información y estudios hidrometeorológicos, a la vez que se diseñarán aplicaciones informáticas y se implementará un sistema de alerta hidrológica, entre otras actuaciones.
Por otro lado, se elaborarán directrices técnicas para mejorar la gestión de las carreteras ante las inundaciones, con el objetivo de conseguir una adecuada coordinación entre los distintos organismos implicados en la gestión de este tipo de emergencias y de estructurar las actuaciones necesarias para evitar o minimizar los efectos de fenómenos meteorológicos extremos como la reciente DANA. En esta segunda fase, se pretenden diseñar protocolos territoriales de coordinación para agilizar la respuesta ante situaciones de emergencia.
Desde el Ministerio de Transportes señalan que los riesgos de las inundaciones sobre las carreteras pueden darse en dos sentidos. Por un lado, la acumulación de agua en la calzada puede imposibilitar que los vehículos circulen de forma segura y dejar fuera de servicio determinados tramos. Por otro lado, el agua puede deteriorar las estructuras y hacerlas fallar.
El contrato adjudicado este jueves fue licitado a finales de marzo y se financia con cargo a los fondos NextGeneration del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE. Se divide en dos lotes: uno por valor de 2,03 millones de euros para evaluar las carreteras de la zona noroeste del país (Asturias, Extremadura, Galicia, Castilla y León, Madrid, Cantabria y La Rioja) y otro por valor de 1,93 millones para Aragón, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla La Mancha.
