Sumar apuesta por aprobar junto a los Presupuestos Generales del Estado medidas para establecer una red de seguridad para las familias hipotecadas de cara a futuras crisis inflacionarias. La coalición llevará a la mesa de negociación con el PSOE sobre las cuentas públicas una propuesta que presentó públicamente este viernes y que busca, básicamente, obligar a los bancos a tener que ofertar entre sus productos una hipoteca a tipo fijo cuyo tipo de interés estaría determinado por el Estado y sería, en principio, equivalente al que tiene la deuda pública española a 10 años. A esta hipoteca podrían acogerse todos aquellos clientes a los que la cuota no les suponga más de un 40% de sus ingresos y tengan contrato indefinido.
El objetivo de esta propuesta es que, en épocas de estabilidad y tipos bajos, los ciudadanos tengan a su disposición una hipoteca a tipo fijo barata y desincentivar, así, que opten por préstamos a tipo variable, que usualmente se ofrecen con cuotas más bajas pero en los que se concentran los impagos cuando se producen crisis inflacionarias como la que Europa está comenzando a abandonar, ya que las subidas de tipos de interés se traducen en revisiones al alza. Así lo explicó este viernes en rueda de prensa el portavoz económico de Sumar, el también diputado Carlos Martín, que explicó que este modelo funciona ya desde hace años en Francia.
Sumar registró la propuesta este viernes como proposición no de ley, un texto sin efectos legales que solo servirá para que la medida se debata en el Congreso. No obstante, Martín confirmó que su formación está negociando la medida con el PSOE de cara a incluirla en el acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado, un pacto que no sería definitivo porque posteriormente habría que negociarlo con el resto de los socios parlamentarios del Gobierno pero que, en cualquier caso, por ahora está "distante", como confirmó el jueves la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz.
El modelo de hipoteca a tipo fijo regulada por el Estado es, en realidad, sencillo. Todas las entidades bancarias que ofrezcan préstamos para la compra de vivienda podrían seguir haciéndolo como hasta ahora: la novedad sería que el Estado les obligaría a incluir entre estas ofertas una más, la de la hipoteca regulada. El tipo de interés de este préstamo siempre sería el del bono español a 10 años, siempre y cuando éste no baje del 1%, y no variaría durante la vigencia de la hipoteca. Además, los bancos no podrían vincular servicios al producto con el gancho de reducir el tipo de interés, a excepción de la apertura de una cuenta bancaria en la entidad en la que se domicilie la nómina.
La hipoteca regulada por el Estado solo serviría para la adquisición de vivienda habitual, no de una segunda residencia, y la cuantía total del préstamo no podría exceder el 80% del importe total del inmueble, la práctica habitual en este tipo de productos. En cuanto al plazo de devolución, el máximo sería de 30 años. Y para acceder al producto, el Estado solo permitiría a los bancos poner dos condiciones: que el cliente tenga un contrato de trabajo estable y que sus deudas, incluida la hipoteca, no sobrepasen el 40% de sus ingresos.
De ponerse en marcha, a este tipo de hipoteca regulada no solo podrían acceder las familias que estén buscando un préstamo en la actualidad. También se obligaría a los bancos a ofertar este producto a quienes ya tengan una hipoteca contratada, quienes podrían novar —o subrogar en otra entidad— su préstamo. Hoy por hoy, este modelo no sería especialmente competitivo, ya que el bono español a 10 años tiene un interés del 2,9% y hay hipotecas a tipo fijo ofertándose actualmente por debajo de esa cifra. No obstante, el objetivo es que, cuando la crisis inflacionaria remita y los tipos de interés bajen, la hipoteca regulada sí sea igual o más atractiva que las hipotecas a tipo variable, con el fin de evitar que los clientes se decidan por estas últimas.
Martín hizo hincapié en la necesidad de que sean los bancos quienes "asuman el riesgo hipotecario", dado que "se lucran con este tipo de productos", y no "las familias, que solo buscan financiación para tener un techo bajo el que vivir". Para Sumar, el mercado hipotecario español está sujeto a una regulación "deficiente", un problema que su diputado aseguró que la formación quiere solucionar "abordándolo como en el caso del oligopolio eléctrico: tarifas reguladas tanto en el gas como en la electricidad, que han permitido que los hogares tengan una tarifa razonable", incluso con intervenciones expresamente diseñadas para bajar los precios, como la excepción ibérica.
La medida no tendría ningún coste para las arcas públicas, puesto que, como confirmó Martín, el Estado no avalaría las hipotecas reguladas que se firmen: únicamente obligaría a los bancos a ofertarlas. "Los bancos funcionan con la concesión pública de poder crear dinero de la nada, una concesión muy potente, puesto que no necesitan que nadie deposite dinero en el banco para poder prestarlo, y de esa concesión pública se tienen que derivar una serie de obligaciones", argumentó el diputado de Sumar.
