Los principales sindicatos del país han convocado movilizaciones el próximo domingo 2 de febrero en las principales capitales de provincia del país para protestar contra la no convalidación del decreto ómnibus del Gobierno. Un revés parlamentario para el Gobierno que ha provocado que el salario mínimo haya quedado teóricamente suspendido, ha congelado las pensiones, suprimido la financiación de las ayudas al transporte y frenado ayudas por la DANA.
En un comunicado difundido este jueves, UGT y CCOO han manifestado su "rechazo absoluto" a lo que han calificado como un "ejercicio de oportunismo político" que, dicen, tiene "elevadísimos costes sobre las espaldas de la ciudadanía". "Hablamos de una agresión sin precedente a la mayoría social y especialmente a personas vulnerables, clase trabajadora y clases populares en general", prosigue el texto.
Los sindicatos exigen al Gobierno que apruebe un nuevo decreto ley para recuperar las medidas que decayeron y demandan a los grupos parlamentarios que convaliden los textos en el Congreso, "evitando tomar a la población con mayores necesidades como rehén de este juego de oportunismo donde se vota en contra de medidas necesarias, muchas que ya han sido acordadas previamente, incluso con el voto favorable de quienes ahora han provocado esta anulación".
El decreto en ciernes, que el Congreso estaba llamado a convalidar el miércoles, fue rechazado con los votos en contra de PP, Junts y Vox, quienes justificaron su decisión en que el decreto incluía también otras medidas con las que no están de acuerdo. Entre ellas, la cesión de un palacete parisino al PNV o medidas para prohibir los desahucios sin alternativa habitacional. PP y Junts han manifestado estar dispuestos a apoyar las principales medidas que han decaído si se votan por separado.
La posición de los populares la ha sintetizado este jueves su presidente, Alberto Núñez Feijóo. "Sí a la subida de las pensiones, no a regalar privilegios e inmuebles a sus aliados nacionalistas; sí a la bonificación del transporte público y no a la subida del IVA la luz y los alimentos; sí a las ayudas a Valencia y no a la okupación ilegal de las viviendas". En el caso de las pensiones, los populares plantean aprobar la revalorización mediante un proyecto de ley, algo que podría demorarse meses, aunque se tramitase por la vía de urgencia.
La resolución al entuerto todavía no está clara. Por lo pronto, el Gobierno todavía no ha comunicado si va a llevar de nuevo estas medidas a Consejo de Ministros en el corto plazo. Tampoco está claro si pretende aprobarlas por separado y, en ese caso, en qué forma se desgajarían.
La caída del decreto tiene varias consecuencias. En primer lugar, en teoría el salario mínimo ha quedado suspendido en España. La prórroga del SMI de 2024 a 2025 quedó derogada, por lo que ahora mismo no hay un decreto que fije ningún sueldo mínimo. En Ministerio de Trabajo va a plantear una pauta interpretativa para dar cobertura normativa hasta que se solucione la situación. No obstante, el departamento que dirige Yolanda Díaz ha dejado claro que cunado se apruebe la nueva subida —actualmente en negociación— tendrá efectos retroactivos.
