El Gobierno llega a la primera de las votaciones clave para sacar adelante su improvisada reforma fiscal sin los votos asegurados y con serias dudas de si logrará atarlos. Este jueves, el texto será debatido y votado en la comisión de Hacienda del Congreso, y llegará a esa sesión en el alambre, puesto que los últimos contactos mantenidos por el Ejecutivo con los grupos parlamentarios durante todo el miércoles fueron infructuosos. PNV y Junts insisten en que no apoyarán la norma si incluye la extensión del impuesto extraordinario a las empresas energéticas, que vence el 31 de diciembre. Y los aliados de izquierdas del Gobierno —ERC, EH Bildu y Podemos— se muestran inamovibles en la postura contraria: si ese gravamen cae, el Ejecutivo no puede contar con sus votos.
Con ese panorama, la proposición de ley corre el riesgo de ser derribada este jueves por las formaciones progresistas, puesto que el Ministerio de Hacienda ha rechazado romper el pacto que suscribió con Junts hace un par de semanas para dejar caer el impuesto a las energéticas. Si alguna de las izquierdas vota en contra de la norma en la comisión de Hacienda, el texto caerá definitivamente. Por el contrario, si los progresistas le terminan dando luz verde, aún debería superar el trámite definitivo: la votación ante el Pleno la semana que viene.
Irónicamente, que la ley fuera derribada este jueves o la semana que viene no solo no garantizaría la extensión del impuesto a las energéticas más allá del 31 de diciembre, sino que también tumbaría la prórroga del gravamen a los beneficios extraordinarios de la banca, que el Gobierno sí ha logrado pactar con el PNV a cambio de permitir al País Vasco rebajarlo en su territorio. Y no solo eso: no aprobar la ley supondría que no se obligaría a las multinacionales a pagar un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades, una medida que, de hecho, era el objetivo inicial de la iniciativa, aunque después terminara convirtiéndose en un cajón de sastre de medidas fiscales.
Pese a este riesgo, fuentes del Ministerio de Hacienda aseguran que no están en la tesitura de salvar "solo" la transposición. Es decir, el objetivo sigue siendo vincular el paquete fiscal a la transposición europea pese al difícil encaje de bolillos. De esta forma, las medidas negociadas con sus socios, como el 21% de IVA a los pisos turísticos o el gravamen a los bienes de lujo podrían quedarse en papel mojado, aunque desde Hacienda no descartan todavía ninguna vía, ya que de no salir adelante el paquete completo intentarían cumplir con los compromisos y recomendaciones de la Unión Europea a través de una transposición sin medidas adicionales.
Con todo, en la parte socialista del Gobierno impera el silencio, que es uno de los principios que tratan de seguir a raja tabla cuando están sumidos en alguna negociación, aunque en esta ocasión y ante las preguntas de si mantendrán vinculado el paquete fiscal a la transposición, desde el ministerio de María Jesús Montero aseguran que su pretensión es "cumplir con todas las obligaciones" porque el país "necesita una reforma fiscal" para que el volumen de recursos se aproxime a la Unión Europea, sino también porque son compromisos comunitarios.
Este martes, Hacienda ya se negó a contemplar otra vía para intentar conseguir los apoyos para que la reforma fiscal no caiga: prorrogar el impuesto a las energéticas tan solo seis meses y presionar a PNV y Junts para que no derriben la ley este jueves. Fuentes del ministerio descartaron rápidamente la idea presentada por Podemos, que la planteó como una manera de dar una "patada hacia delante" y ganar tiempo "para negociar un acuerdo definitivo que satisfaga también a los grupos de izquierdas" y, a la vez, dejaría la negociación lo suficientemente abierta como para no espantar a los socios de derechas del Gobierno.
Por su parte, otras fuentes del Gobierno, en este caso del ala de Sumar, explicaban este miércoles que los contactos que mantuvieron tanto Hacienda como ellos mismos no habían dado frutos. Y, en relación con la posibilidad de sacar el impuesto a las energéticas de la ley a cambio de un acuerdo político para extenderlo seis meses, los dirigentes de Sumar consultados coinciden con Hacienda en que se trata de una vía muerta porque cualquier pacto en ese sentido implicaría que fuera Junts el que torpedease la votación de este jueves, incluso aunque esa prórroga se tramitase en un texto legal diferente a la reforma fiscal.
