El juez Juan Carlos Peinado ha solicitado a diversas empresas que le informen de cuánto invirtieron en el software del que se habría apropiado Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según consta en una serie de oficios.
En concreto, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid se dirige a Indra, Telefónica y Google España para que informen a "la mayor brevedad posible" de las cantidades invertidas en la "ideación, diseño y puesta de su funcionamiento o mantenimiento software, programa o aplicación" realizado para el Máster de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM); "así como deducciones fiscales que hubieren realizado por las mismas".
También envía oficio a otra empresa, Arsys Internet, para que aporte los datos de la persona e institución que le encargó el registro o contratación del dominio https://transformatsc.org/; el nombre de quien contactó con la citada mercantil; y que aporte la acreditación del pago realizado tanto por sus servicios como para el pago del dominio (con el número de cuenta desde la que se realizó la transferencia); e indicando la persona o institución a la que libró la factura de sus servicios acompañando tal factura.
Peinado reclama asimismo a otra mercantil, Human Age Institute, que remita "toda la información" relativa a su incorporación a la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de en el segundo semestre del año 2022 y, con especial atención, a la plataforma que consta como objetivo de esa incorporación".
Por último, requiere a la propia UCM "copia del Convenio de Creación de la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva, así como sus posibles adendas, ampliaciones y prorrogas".
Estas diligencias se enmarcan en la ampliación de la causa por presuntos delitos de apropiación indebida e intrusismo que Peinado acordó el 31 de octubre al admitir la querella presentada por Hazte Oír. El instructor consideró pertinente investigar a Gómez toda vez que -durante su etapa como codirectora de la cátedra de Transformación Social Competitiva- "habría inscrito a su favor" la marca Transformación Social Competitiva y el software de la cátedra que había sido financiado por empresas, pero "siempre para la UCM".
Además, apreció un presunto delito de intrusismo porque Gómez habría elaborado los pliegos de prescripciones técnicas para la contratación -por parte del Rectorado de la UCM- del servicio de asistencia y asesoría técnica y tecnológica. Todo ello para la creación de una plataforma de gestión y medición de impacto para la pequeña y mediana empresa en dicha universidad sin que haya acreditado "disponer de conocimientos ni facultades para estar cualificada técnicamente" para ello.
