Segundo intento fallido del PSOE por reformar la ley del suelo. El Congreso rechazó este martes empezar a tramitar la iniciativa impulsada por los socialistas hace nueve meses y recuperada ahora por el PNV para simplificar los desarrollos urbanísticos. Tanto el PP como los socios habituales del PSOE votaron en contra. La formación de Alberto Núñez Feijóo coincidió en la necesidad de agilizar la construcción pero calificó la propuesta como un "parche", mientras que Sumar, Podemos y el resto de la izquierda afirmó que se trataba de un "traje a medida para los especuladores urbanísticos".
"La reforma de la ley de suelo es imprescindible para dotar de seguridad jurídica a los desarrollos urbanísticos", defendió en el Pleno la diputada socialista Rafaela Romero, que aseguró que la proposición de ley debatida este martes era clave para incrementar el parque de vivienda y contribuir a bajar el precio de los alquileres. El cambio normativo impulsado por los socialistas, que es el mismo que los de Pedro Sánchez ya trataron de sacar adelante a finales de mayo pese a terminar retirando el proyecto de ley antes de que el Congreso lo votara por miedo a una derrota parlamentaria, pretendía introducir la posibilidad de subsanar errores "menores" en la elaboración de planes urbanísticos para evitar su paralización en los tribunales, a la vez que limitaba la acción popular en la materia para evitar "abusos".
Nueve meses después de que el ala socialista del Gobierno diera marcha atrás en su intento por reformar la ley del suelo, fue el PNV quien rescató la iniciativa este martes en la Cámara Baja, precio pacto con los de Sánchez. "Traemos el texto pactado con el PSOE sin cambios", reconoció la diputada del PNV Maribel Vaquero, que fue la encargada de defender la propuesta, pese a reconocer "no estar de acuerdo con la totalidad" de la proposición de ley, e instó al resto de formaciones —y, en particular, al PP— a dar luz verde a la tramitación de la iniciativa y mejorarla a posteriori vía enmiendas, un planteamiento en el que coincidió Coalición Canaria.
"El texto se puede mejorar, pero lo que no cabe es quejarse y denunciar inacción y, cuando se tiene la oportunidad, no actuar", advirtió Vaquero, que aseguró que "acotar la nulidad de los planes urbanísticos y facilitar la posibilidad de subsanación de los vicios no supone per se una acción especulativa". "Señorías del PP, agradezcan que tienen una nueva oportunidad por demostrar que trabajan por el interés general y no por el electoral. No dejen tirados a los alcaldes y alcaldesas", añadió la diputada socialista dirigiéndose directamente a los populares y pidiendo a los de Feijóo "dejar a un lado los perjuicios ideológicos y la recetas precocinadas de la liberalización".
El PP reconoció la "base lógica" de la reforma de la ley del suelo impulsada por los socialistas y aplaudió el objetivo de lograr una mayor seguridad jurídica, pero recalcó que el planteamiento "se queda muy corto" y lo calificó como una "copia mala" del cambio que ya en 2018 intentó acometer el Gobierno de Mariano Rajoy. "Siempre estaremos a favor de la seguridad jurídica, pero no de los parches de este Gobierno, que han hecho que la vivienda pase a ser la principal preocupación de los jóvenes", expresó el diputado popular Miguel Ángel Sastre.
Los populares defendieron su propia propuesta para reformar la ley del suelo, registrada hace un mes en el Senado —consideran que fue el detonante para que PSOE, apoyado en el PNV, reactivara "con prisas" la iniciativa fallida—. Aseguraron que se trata de una iniciativa "más ambiciosa" porque pretende también modificar otras normas, como la ley de vivienda. "Hay dos caminos: el suyo, que es reformar solo la fachada, y el nuestro, que es desde la estructura. Y un edificio si no tiene una estructura fuerte se debilita y sea cae", afirmó Sastre. "No culpen al PP de sus fracasos, sino que hablen mejor con sus socios", añadió, recalcando la falta de apoyos entre los socios habituales del PSOE.
"Es un texto técnicamente adecuado, pero para aquellos que creen que el sistema funciona y es un problema de burocracia", reprochó a los socialistas el diputado de Sumar Alberto Ibáñez, que sostuvo que "es radicalmente falso que en España haga falta construir más vivienda" o que "más casas supongan precios más baratos" y abogó por recuperar las viviendas turísticas para el alquiler tradicional, movilizar los inmuebles vacíos y expropiar a los 'fondos buitre'.
De la reforma impulsada por el PSOE, los de Yolanda Díaz criticaron especialmente las cortapisas a la acción popular. "Hurtando la acción popular se toma bando por Goliat y le quitan a David la onda", advirtieron a sus socios de Gobierno, a los que afearon un intento por fomentar la recalificación de terrenos. "No se trata de elegir bando, lo que no se puede hacer es cambiar de bando cuando la gente te necesita y abandonar el barco", respondió la portavoz socialista.
También Podemos, Bildu y ERC rechazaron el planteamiento del PSOE. "Es como si coges a un ladrón robándote la cartera en la que tienes 300 euros, lo pillas y te devuelve 30 euros, pero se queda con la cartera", señaló la diputada morada Noemí Santana sobre la posibilidad de subsanar errores en los planeamientos urbanísticos. "No van a ser errores inconscientes o despistes administrativos, sino un urbanismo sin control, el ladrillo sin reglas, la barra libre y la ley del lejano oeste", añadió, al mismo tiempo que defendió la necesidad de "agilizar" la construcción de vivienda pública pero "de acuerdo a la ley y salvaguardándonos de cualquier tipo de corrupción". "Agilizar está bien, pero no así", coincidió el diputado de Bildu Oskar Matute, que abogó por unas políticas de urbanismo que vayan "en sentido contrario" a las acometidas durante la burbuja inmobiliaria
Por su parte, pese a reconocer que podrían estar de acuerdo en varios puntos, Junts descartó entrar a valorar el contenido de la propuesta debatida este martes en el Congreso, al considerar que invadía las competencias autonómicas en materia de urbanismo. En ese argumento los de Carles Puigdemont justificaron su voto en contra. "No vamos a entrar en la centralidad de las medidas propuestas, nos centraremos en los títulos competenciales. Es una extralimitación usada con demasiada licencia, no podemos aceptarla", explicó la diputada Marta Madrenas. "No queremos validar reformas furtivas de nuestro sistema de competencias, aunque se basen en dar seguridad jurídica, porque hacerlo implica abrir la puerta a aquellos que buscan eliminar las autonomías", añadió.
