Madrid y Barcelona han sido solo la avanzadilla. Las calles de Valencia, Sevilla o Málaga se van a llenar también estos días de carteles exigiendo una solución para la vivienda.
Los jóvenes – grandes afectados, aunque no únicos– reclaman una solución y las administraciones tienen que estar a la altura. Un registro obligatorio de pisos legales para alquileres puede ser una medida efectiva, pero si se ejecuta en los plazos adecuados.
Toca más vivienda social, más ayudas y bonificaciones y aplicar ya las restricciones municipales que algunos alcaldes anuncian para Airbnb.