Nueva ofensiva territorial del PP contra el último "peaje separatista". A lo largo de los próximos días, el PP registrará en todos los ayuntamientos, diputaciones y parlamentos autonómicos una moción contra el cupo catalán. Del mismo modo que hicieron con la amnistía, su objetivo es retratar a todos los socialistas de cualquier rincón de España y forzarles a pronunciarse sobre el acuerdo bilateral al que llegó PSC con ERC el pasado mes de agosto para investir president a Salvador Illa.
En el texto, los populares argumentan que el cupo catalán supondría la "quiebra del derecho de todos los españoles a acceder en las mismas condiciones a servicios públicos como la sanidad, la educación o la dependencia, así como una ruptura del sistema de financiación autonómica sin diálogo, consenso, ni ningún estudio técnico que lo avale". Además, consideran que esta última cesión a Cataluña solo servirá a los intereses del procés, tal y como ya argumentaban en la moción que también presentaron en contra de la amnistía. Esta vez, además, creen que el objetivo de los independentistas es hacerse con "la llave de la caja" común.
Y ello, además de "no beneficiar" al resto de los catalanes, vendría a perjudicar al resto de españoles que verían dañados sus servicios públicos. "Si el Gobierno renuncia a todos a los impuestos en una comunidad autónoma, renuncia también a una fuente de ingresos para reducir desigualdades y permite que una parte de los ciudadanos deje de contribuir en igualdad de condiciones a sostener servicios públicos del Estado, incluidos los que ayudan a redistribuir la renta personal".
Por eso, en la iniciativa que se debatirá en cada territorio exigen "defender la igualdad y la solidaridad como principios irrenunciables del ordenamiento constitucional y del Estado autonómico en la toma de decisiones", "paralizar cualquier avance hacia la independencia fiscal solicitada por el separatismo y exigir garantías de que ninguna comunidad del actual sistema de régimen común sale del mismo ni se fragmente la Agencia Tributaria" o "garantizar que la multilateralidad y transparencia sean los principios sobre los que se fundamentará el proceso de estudio, trabajo y aprobación del nuevo sistema de financiación autonómica, abandonando la bilateralidad con la comunidades".
También exigen que se convoque "de manera urgente" el órgano donde el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reiterado en varias ocasiones que debe de debatirse la reforma de la financiación autonómica local conjuntamente con la financiación autonómica: el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL). Igualmente, reclaman respeto a la autonomía fiscal de las comunidades.
Por último, el PP incluye algunas medidas económicas que ya introdujeron los barones populares en su pacto del pasado viernes, donde se comprometían además a no abordar la financiación autonómica de forma bilateral si Sánchez les citaba en Moncloa. En el texto, se exige "ampliar el montante económico total del sistema de financiación autonómica y, en paralelo a la reforma del mismo, crear un fondo transitorio para paliar la infrafinanciación que padecen todas las comunidades y ciudades autónomas y facilitar a las comunidades hasta 18.000 millones de euros de fondos europeos Next Generation que el Gobierno no ha ejecutado, con el fin de evitar la devolución de los mismos a la UE".
Con ello, el PP de Feijóo repite la misma estrategia que con la amnistía para retratar a los socialistas que en privado dicen estar en contra del cupo catalán por considerarlo injusto para el resto de territorios. Al mismo tiempo vuelve a exhibir músculo tanto territorial como de partido, apenas una semana después de que los barones posaran juntos en contra de esta cesión y se comprometieran a no caer en la "trampa" de la quita de la deuda.
