El Partido Popular desdeña la empresa de vivienda pública que anunció este fin de semana el presidente del Gobierno como colofón del Congreso Federal del PSOE. Los de Alberto Núñez Feijóo ni comprenden el sentido de este nuevo organismo ni tampoco dan credibilidad a los planes de Pedro Sánchez. Porque, según recuerdan, el Estado ya cuenta con su propia gestora pública, además de que consideran que la urgencia de la vivienda reside en ceder más suelo para construir así como dar salida a los pisos públicos de la Sareb, y porque "Sánchez siempre recurre a la vivienda cuando se ve en apuros", como cuando en la campaña electoral de mayo de 2023 prometió construir 183.000 viviendas que, según el PP, "ni existen ni se las esperan" año y medio después.
Por tanto, considera que la nueva empresa de vivienda, sobre la que el Ministerio no entrado en detalle, no es más que otro anuncio "falso, de escaparate y propaganda" dado que, por el momento, carece de contenido. Pese a los antecedentes, el PP se pone en la tesitura de que el Gobierno vaya a llevar sus planes a cabo y arma la siguiente reflexión: "Dice que va a crear una empresa de vivienda pública. Pero si ya la tiene: la Sareb, que es de titularidad del Estado y cuenta con la promotora Árqura", exclaman, al tiempo que denuncian que el Ejecutivo de Sánchez ha puesto esta promotora pública "en venta". Con todo, se preguntan: "¿Cómo se entiende esto? ¿Dice que va a crear una empresa pública de vivienda y pone en venta la que tiene?".
En todo caso, el anuncio de Sánchez no sería más que una pequeña parte de lo que ellos elevan a "problema de Estado". El principal partido de la oposición identifica los errores que estaría cometiendo el Gobierno central en materia de vivienda y a la vez reivindica las soluciones que lleva meses reclamando y que promete plasmar en la proposición de ley que presentará antes de final de año su vicesecretaria Paloma Martín. Por un lado, achacan al Ejecutivo que tenga "completamente abandonadas las viviendas públicas de la Sareb" cuando, a ojos de los populares, su rehabilitación y puesta a disposición de un alquiler asequible "podría servir de alivio a la actual situación inmobiliaria".
Por otro, ni siquiera "tienen registrada una reforma de la Ley del Suelo", lo que sería "vital" para incentivar la construcción". Y tercero, desde que Sánchez llegó a la Moncloa en 2018, "los precios del alquiler han subido un 34,4%, los delitos de ocupación han aumentado en más de un 40% y toda su política en materia de Vivienda ha fallado". "Tanto se ha equivocado el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que ha estrangulado el mercado inmobiliario, hasta llevar la edad de emancipación de los jóvenes españoles a más de 31 años, la más alta de toda la Unión Europea".
Así consta en el diagnóstico que manejan en Génova, la misma de la que se han servido para elaborar su propia ley de Vivienda. De acuerdo con este documento al que ha tenido acceso 20minutos, la falta de vivienda asequible ha adquirido magnitud de "problema de Estado". Tanto es así que el pasado mes de junio llegó a ocupar el segundo lugar en el ránking de preocupaciones del CIS, y en la encuesta más reciente del organismo, de octubre de 2024, figura en el tercero. Además, el PP expone que "cuando Pedro Sánchez llegó al poder, la vivienda se hallaba en el puesto decimosexto de dicho índice", subrayan ya que la vivienda es el gran eje de la legislatura socialista.
Los de Feijóo identifican dos causas principales en el problema del acceso a la vivienda: una baja oferta así como la dilación de los trámites administrativos. A todo esto le suman "el dogmatismo ideológico y la deriva radical del Gobierno de Pedro Sánchez, que se plasma en líneas discursivas como el de la demonización de los propietarios y del sector inmobiliario en general". También añaden la okupación y la inquiokupación ya que, según su diagnóstico, en España se produce un promedio anual de entre 15.000 y 17.000 ocupaciones ilegales: "En los últimos tiempos, la propaganda gubernamental viene relativizando la okupación ilegal de viviendas, en lo que supone una interpretación sesgada y torticera de los datos que proporciona al respecto el propio Ministerio del Interior".
Ante todos estos impedimentos, los populares proponen como solución ceder suelo público para estimular la inversión, agilizar la tramitación de informes urbanísticos, promover la rehabilitación del parque de viviendas ya existente, derogar los topes al alquiler y las declaraciones de zonas tensionadas o dotar a los propietarios de seguridad jurídica, por ejemplo, reduciendo de los 1.800 euros actuales a 1.050 euros el umbral de vulnerabilidad del inquilino para proteger al propietario de la inquiokupación.
También piden luchar contra la okupación y reformar de la ley del Suelo. "Es inaplazable para evitar que los tribunales sigan declarando la nulidad integral de planes urbanísticos debido a defectos de forma o a la falta de informes sectoriales", suscribe el documento. Asimismo, en la ley que presentará Martín incluyen medidas para erradicar "el infierno burocrático" que supondría la actual tramitación urbanística, ya que "genera enormes problemas de ordenación territorial y paraliza la actividad económica y dificulta aún más el acceso a la vivienda".
