El Partido Popular, personado como acusación popular en el caso Koldo, sostiene que las declaraciones de la testigo y expareja de José Luis Ábalos, Jésica Rodríguez, en el Tribunal Supremo, han causado "pavor" en la sociedad española. La exnovia del ministro de Transportes es un ejemplo del "enchufismo" del PSOE, según defendió este domingo la vicesecretaria de organización del PP, Carmen Fúnez, durante una comparecencia centrada en denunciar la corrupción del caso Koldo, ante una semana que también se antojará clave para la investigación que dirige el magistrado Leopoldo Puente.
Jésica Rodríguez esclareció varios asuntos importantes el jueves en el Tribunal Supremo. Señaló que desconoce quién costeó el alquiler de 2.700 euros mensuales del piso en el que se alojó entre 2019 y 2022, después de que Ábalos le propusiera buscar una casa "que le gustara" y marcharse del piso que compartía en aquel momento con varias amigas. Por otro lado, indicó que Ábalos le dijo que sería "bueno" que buscara un trabajo y lo compatibilizara con sus estudios.
Ella le envió su currículum al ministro y al poco tiempo logró un contrato laboral en la empresa pública Ineco, donde estuvo dos años para luego pasar a otra pública, Tragsatec. Según reconoció ante el juez, Jésica Rodríguez no realizó ningún servicio en ninguna de las dos empresas.
Este domingo, Fúnez ha resumido la declaración de Rodríguez con las siguientes palabras: "Lo que ella vino a decir es que el Gobierno le había facilitado un piso y dos contratos de trabajo en dos empresas públicas que dependen de ministerios del Gobierno de España". La vicesecretaria de organización ha incidido en el "denominador común" que comparten Rodríguez y el hermano del presidente, David Sánchez, investigado por su contratación en la Diputación de Badajoz. Tal y como ha destacado Fúnez, ambos "han accedido a puestos de trabajo a través del enchufismo del PSOE" y desconocen "dónde estaba la oficina" en la que trabajaban.
Ante la situación laboral de la exnovia de Ábalos, el PP considera que es necesario que Luis Planas y Óscar Puente den explicaciones, por ser los titulares de los ministerios "de los que dependen las empresas públicas que firmaron un contrato con Jésica Rodríguez". Óscar Puente, actual ministro de Transportes, ya indagó en la contratación de Rodríguez, tal y como explicó durante su comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, el pasado 28 de noviembre.
Sin embargo, las conclusiones que extrajo el ministro distan mucho de lo declarado este jueves por Rodríguez: "Ineco nos dice que la necesidad de contratación de esta persona surge por circunstancias de producción, siendo su contrato de carácter eventual". Según expuso Puente, Ineco no había detectado ningún tipo de "instrucción, orden, recomendación o sugerencia por parte del Ministerio de Transportes".
Pero la testifical de la expareja de Ábalos ha llevado al PP a concluir que estamos ante un "claro caso de malversación de fondos públicos" que deberían "estar destinados a construir hospitales, colegios y mejorar los servicios públicos, pero no para gastarlos en comprar los servicios de mujeres".
Tras una semana repleta de interrogatorios a la que le precedió la declaración de Ábalos como imputado, el Supremo aún tiene más comparecencias previstas para los próximos días 4 y 5 de marzo. El martes se antoja clave para la investigación: declararán como testigos el hermano de Koldo García, el hijo de Ábalos y también el actual jefe de Gabinete de María Jesús Montero, Carlos Moreno, por el que la ministra de Hacienda pone "la mano en el fuego".
Lo hace incluso después de que Víctor de Aldama le haya acusado de recibir una mordida de 25.000 euros en efectivo; y de que la UCO haya desvelado mensajes en los que Koldo García le pedía favores concretos para empresas. En cuanto al papel de Joseba García, una de las claves de la trama según la Fiscalía Anticorrupción, los informes de la Guardia Civil muestran que ingresó más de 260.000 euros en efectivo entre 2020 y 2022 y ayudo a su hermano a ocultar la titularidad de algunos inmuebles.
El hijo de Ábalos, por otra parte, ha sido señalado por miembros de la trama que lo acusan de haber ocultado parte del dinero de la corruptela en el extranjero a través de sus empresas. El juez no solo lo interrogará, también ha solicitado a la UCO que analice su patrimonio. El mismo día 4 de marzo declararán el presidente de la consultora Sortis, Israel Pilar, y la antigua secretaria de José Luis Ábalos, Ana María Aranda.
El 5 de marzo, la última jornada de interrogatorios que ha fijado el juez Leopoldo Puente, estará protagonizada por la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, el director general de Carreteras, Javier Herrero, y el antiguo responsable de seguridad del ministerio, Alejandro de las Alas-Pumpariño. Javier Herrero deberá defenderse de las acusaciones de Aldama, que lo señaló por amañar contratos en favor de constructoras a cambio de comisiones. El director general fue nombrado por Ábalos, según la Guardia Civil, a propuesta de Koldo García.
Pardo de Vera, que declarará a las 10.30 horas, ha sido acusada por otro investigado y ex alto cargo de Adif como la persona que le trasladó el contacto de Soluciones de Gestión para comprar mascarillas a la trama. De las Alas-Pumariño, cesado por el Ministerio de Transportes recientemente, era el oficial mayor de Transportes y el encargado de custodiar las mascarillas y el resto del material sanitario de la institución durante la pandemia.
