España se planta ante la propuesta de la Comisión Europea sobre las cuotas y las condiciones de pesca en el Mediterráneo para el 2025, y así lo ha confirmado a su llegada al Consejo del ramo este lunes en Bruselas el ministro Luis Planas. Todo parte de que la idea de Bruselas supondría para la flota de arrastre española en el Mediterráneo una reducción del 79% en los días de pesca. Por tanto, el sector solo podría faenar un total de 27 jornadas anuales, algo que España considera "inaceptable". Está preparada para bloquear el acuerdo, de hecho, formando 'equipo' junto a Francia e Italia.
"Es una negociación muy compleja", asumió el titular de Agricultura antes de entrar al cónclave, al tiempo que reconoció avances y una buena perspectiva global en lo que se refiere al Atlántico. "No puedo decir lo mismo sobre el Mediterráneo", avisó. "La propuesta de la Comisión nos parece inaceptable porque supone no tener en cuenta los esfuerzos realizados por los pescadores en los últimos 5 años. Hemos reducido hasta un 40% el número de días de trabajo", resumió un Planas que defiende que España quiere "un equilibrio entre rentabilidad y sosteniblidad".
Además, pone el foco sobre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen: "Incide en la necesidad de llegar a acuerdos compartidos pero después hace esta propuesta, que nos parece radical y desenfocada, porque no podemos pretender que el único problema del Mediterráneo es la pesca; no se pueden arreglar todos los problemas en un solo año". Asimismo, el Gobierno defiende el trabajo hecho en los últimos tiempos y asegura que su actitud es "constructiva".
Pero la posición es tremendamente crítica. "Desde el punto de vista es también un disparate esta propuesta. España tiene 3.500 km de costa mediterránea; el fin de la actividad del arrastre de fondo podría suponer un impacto altísimo desde el punto de vista del empleo. España no está dispuesta a esto. Solo apoyaremos un acuerdo que defienda los intereses de nuestros pescadores", concluyó Luis Planas ante los periodistas.
"Hemos llegado a una base común entre España, Francia e Italia, donde no solo pedimos una moratoria, sino que estamos trabajando en la posibilidad de una alternativa técnica para continuar haciendo viable nuestra industria pesquera", había alertado ya hace días el ministro, con una posición contraria a la propuesta por parte del resto de partidos políticos. En ese escenario, de hecho, fuentes diplomáticas dan por sentado que la cumbre puede prolongarse hasta el miércoles.
Este Consejo también incluye asuntos relacionados con agricultura, sobre todo en lo que tiene que ver con el pacto UE-Mercosur, cerrado el pasado viernes pero que ahora tiene que pasar por la aprobación tanto de los Estados miembros como del Parlamento Europeo. España ve con buenos ojos el acuerdo y lo ha definido como un paso "histórico y necesario" para Europa, pero también a nivel nacional.
Francia, en cambio, es el país europeo que más se ha opuesto al acuerdo, y ya lo vetó en 2019. Ahora Emmanuel Macron, en un contexto de máxima incertidumbre nacional, se ha visto acorralado, pero va a buscar aliados en el Consejo para poder bloquear de nuevo. Polonia puede sumarse a su 'equipo', pero será clave ver qué hace Italia, que no ha tenido este asunto como una de sus prioridades en los últimos años. La idea, eso sí, es poder esquivar la unanimidad entre los países tratando de 'ensanchar' los Tratados.
Los agricultores españoles salieron el pasado viernes rápido al paso del anuncio, mostrando su descontento. Desde COPA-Cogeca, el sector fue rotundo y siguió la línea marcada recientemente. "No aceptaremos un acuerdo con Mercosur que haga la vista gorda ante las principales preocupaciones de los agricultores y ganaderos sobre la divergencia de las normas de producción. Los agricultores y ganaderos europeos no respaldaremos nunca un acuerdo comercial que carezca de armonía y que sea perjudicial para el medio ambiente, para nuestra soberanía alimentaria y para el medio rural", resumen, y piden mayor "protección" para un sector que es "estratégico". Esa falta de "salvaguardas" para los agricultores europeos fue el motivo principal para que Francia junto con Irlanda se negasen a rubricar el pacto hace cinco años.
