El sistema público de pensiones en España se ve cada vez más cuestionado por el reto del envejecimiento poblacional y las jubilaciones masivas de la generación del baby boom. La esperanza de vida es cada vez mayor, algo evidentemente deseable, pero que añade más presión a las cuentas de la Seguridad Social. Tanto es así que el Instituto de Actuarios —los profesionales especializados en evaluar riesgos financieros— estima que los trabajadores que se jubilen dentro de 20 años recibirán una pensión mientras vivan que duplicará las cotizaciones sociales que han abonado a lo largo de su vida. En concreto, acabarán obteniendo unos ingresos un 114% superiores a su contribución. Así se recoge en un informe elaborado por los actuarios difundido este martes.
El desequilibrio entre la contribución que hace cada trabajador a la caja común de la Seguridad Social y lo que luego obtiene cuando se jubila ya es importante en la actualidad. Un trabajador tipo que se retire este año recibirá una pensión que superará en un 62% el pago de cotizaciones sociales que haya hecho a lo largo de su vida. Una cifra que se ha incrementado en siete puntos desde 2020, reforma de pensiones mediante. El desequilibrio oscila entre un 43% para una persona que se jubile con 65 años y 43 cotizados hasta un 87% para quienes se retiren con 33 años de carrera laboral.
Que los trabajadores reciban más de lo que aporten es normal en un sistema de pensiones. Hay que tener en cuenta que, si esto no sucediera así, la prestación inicial que recibirían sería pequeña por el efecto de la inflación acumulada durante toda su carrera. Además, el crecimiento económico y de los precios que se va acumulando según pasa el tiempo también contribuye a llenar las arcas de la Seguridad Social. Sin embargo, cuando los desequilibrios son grandes y la esperanza de vivir más años de jubilación aumenta, las finanzas públicas acaban sufriendo.
En el caso de España, los ingresos que recibe la Seguridad Social en concepto de cotizaciones sociales hace tiempo que no alcanzan para pagar toda la nómina del sistema público de pensiones. En 2023, esa brecha entre gasto e ingreso ascendía a casi 56.000 millones de euros, que se financian con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Es decir, mediante impuestos y deuda.
Para los actuarios, el sistema de pensiones, tal y como está diseñado actualmente, es "generoso" y su sostenibilidad "ha empeorado" en los últimos cinco años. "Las reformas [de pensiones] de 2021 y 2023 han sido insuficientes y no han logrado frenar la tendencia hacia un mayor desequilibrio", señalan. Conceden que la reforma diseñada por José Luis Escrivá "ha reducido la generosidad en algunos casos" —sobre todo en trabajadores con carreras cortas o jubilaciones anticipadas— pero "no han sido suficientes para contrarrestar el impacto del envejecimiento y el menor crecimiento económico esperado".
A largo y muy largo plazo, el desequilibrio entre lo cotizado y lo recibido seguirá acrecentándose si no se introducen cambios en el sistema. Así, en 2065 la pensión esperada durante la vida del jubilado superaría en un 120% su aportación en forma de cotizaciones sociales. Para los actuarios, esto refleja "un problema estructural del sistema público de pensiones", en el que el envejecimiento y el menor crecimiento de la economía previsto harán que resulte más difícil financiar el sistema sin subir más las cotizaciones o realizar "ajustes" en las prestaciones. Sin estos ajustes, sostienen los actuarios, el Estado tendrá que dedicar cada vez más recursos procedentes de impuestos a financiar las pensiones, lo que se traduciría en un aumento de la presión fiscal (impuestos más altos) o del déficit público.
Mecanismos automáticos de ajuste
El colegio de actuarios plantea recuperar mecanismos de ajuste automáticos que vinculen la cuantía de la pensión a la esperanza de vida o el crecimiento de la economía, en línea con otros países europeos. Según su criterio, así se conseguiría que el sistema sea sostenible a futuro y que se reduzca la desigualdad entre lo aportado y lo recibido.
La legislación española ya tuvo este tipo de mecanismos durante la presidencia de Mariano Rajoy. La revalorización de las pensiones estaba limitada a un 0,25% mientras hubiera déficit en la Seguridad Social (lo hubo). Además, se introdujo una fórmula para calcular la cuantía de la pensión denominada "factor de sostenibilidad" que vinculaba la prestación con la esperanza de vida. No obstante, el factor de sostenibilidad nunca llegó a entrar en vigor, en buena parte por la enorme contestación social que suscitó al reducir la cuantía inicial de la pensión.
