El PP ha presentado finalmente este miércoles una enmienda a la totalidad a la Ley de Movilidad Sostenible, que retrasará todavía más la tramitación parlamentaria de una norma que el Gobierno prometió a Bruselas tener aprobada antes de final de este año y de la que dependen nuevos tramos del Fondo de Recuperación. La norma se acerca también al final del plazo previsto para su tramitación con reclamaciones financieras por parte de ERC, para que el Estado cubra parte el coste del transporte urbano, que en nombre del Ejecutivo, el PSOE plantea dejar para más adelante, para los inciertos Presupuestos de 2025 o la financiación autonómica que quiere negociar con las comunidades.
Con la enmienda a la totalidad que ha presentado poco antes que terminara el plazo para hacerlo, el PP rechaza de plano un proyecto de ley que volvió a entrar en el Congreso a principios de este año, después de que el Consejo de Ministros lo aprobara en enero, calcado al que había decaído en 2023 con la convocatoria de las elecciones generales de julio de aquel año. Entonces, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, explicó que se presentaba igual, sin ninguna modificación, para aprovechar el "consenso" que apenas unos meses antes parecía existir en el Congreso para aprobar una ley que figura en el Plan Nacional de Recuperación como uno de los "hitos" a los que se compromete el Gobierno ante Bruselas para seguir recibiendo fondos europeos.
La norma contempla la posibilidad de que los alcaldes creen peajes urbanos y un compendio de medidas para fomentar el transporte público y no contaminante, en bicicleta y a pie y obligará a los ayuntamientos a tener planes de movilidad sostenible, así como a las grandes empresas. Supone un espaldarazo, por ejemplo, para la movilidad compartida en plataformas como Bla, Bla, Car y para el transporte de mercancías en tren y la intermodalidad, en detrimento de por carretera, más contaminante. La norma es también la segunda de las reformas del componente sobre "movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos" del Plan Nacional de Recuperación, que prevé inversiones de más de 9.300 millones, de los que 6.500 millones son de fondos europeos y que el Gobierno prometió llevar a cabo a Bruselas para que desembolse estos recursos. En concreto, el calendario para esta ley decía que debe estar aprobada antes de que termine este año.
En esta segunda oportunidad, el Congreso volvió a recibir en febrero el proyecto de ley para su tramitación de urgencia pero con el paso de los meses se fueron comprobando las grietas que existen para aprobar la ley, en un escenario como el actual en el Gobierno no tiene una mayoría asegurada en el Congreso en ningún aspecto y sin aparentes puentes con el PP. La impresión de que no será un camino fácil y de que la aprobación dentro del plazo previsto -diciembre de 2024- está por ver quedó clara entre las portavoces del PP y de ERC, en un acto sectorial donde, por el contrario, el representante del PSOE quiso ser "optimista" de que la ley esté lista a tiempo.
"No soy muy optimista porque este proyecto de ley se presentó de nuevo en enero y argumentaban la premura para tenerlo aprobado para final de año so pena de perder fondos europeos", afirmó Ana Martínez Labella, la portavoz adjunta del PP en la comisión de Transportes, donde una vez eventualmente salvada la enmienda a la totalidad debería abrirse el plazo de enmiendas. "Vamos a ver cómo transcurre este tiempo, pero me temo que vamos contrarreloj", dijo la víspera de que su grupo presentara la enmienda a la totalidad, tras lamentar la "poca comunicación entre partidos" a lo largo de los últimos meses. "Me gustaría que nos pusiéramos a tope en esta ley, que la dejáramos tramitada cuanto antes, si puede ser en 2024 mucho mejor", terció la portavoz de ERC, Inés Granollers, que apuntó que después del Congreso aún que pasar al Senado y previsiblemente regresar a esta Cámara de nuevo.
El portavoz socialista, Nacho López, fue en encargado de poner el punto de "optimismo" el debate al asegurar que, aunque aún no se ha abierto el plazo de enmiendas, sí se ha hablado en los pasados meses para que vaya rápido. "Existe cierta predisposición de los distintos grupos a alcanzar lo que sería positivo, un acuerdo", señaló.
El PP se planta y ERC pide fondos
De momento, lo que tiene el Gobierno sobre la mesa de la comisión de Transportes del Congreso es una enmienda a la totalidad que supone tener que celebrar un debate y superar una votación que determinará si el proyecto de ley sigue adelante. Si gana el 'no', la tramitación terminará pero si, como creen fuentes socialistas, se trata de un mero trámite, también tendrá un efecto porque retrasará todavía más la fase en la que los grupos deben presentar enmiendas parciales al texto.
En esta fase posterior se verá también si las exigencias sobre financiación que ERC planteó el año pasado entre las casi mil enmiendas que presentaron los grupos al proyecto de ley se pueden conjugar de alguna manera con la intención del Gobierno de dejar cuestiones sobre quién y cómo financia el transporte público en las ciudades a un acuerdo de Presupuestos o en el marco de la financiación autonómica. De momento, ERC sigue lamentado que la cuestión de la financiación ya decayera incluso del título original de la ley.
"Hubiera estado bien incorporar alguna enmienda", señaló Granollers, sobre todas las que se presentaron en el primer intento de aprobar la ley, a la que, como todas las demás, no se incorporaron "las que hablan de financiación". La intención del Gobierno es que la participación del Estado o de la "autoridad proponente" en la financiación de medidas de movilidad sostenible que supongan un gasto adicional quede simplemente enunciada, para concretar después en otras normas.
