El complicado juego de mayorías que sustenta al Gobierno en el Congreso de los Diputados vuelve a poner en apuros al Ejecutivo, en esta ocasión por su izquierda. El PSOE cerró este miércoles un acuerdo con Junts para no extender más allá del 31 de diciembre el gravamen extraordinario a las empresas energéticas —que ha estado en vigor durante los dos últimos años— y otro pacto con el PNV para prorrogar el impuesto extraordinario a la banca, pero permitiendo al País Vasco rebajarlo en su territorio. Y ambos pactos han sentado muy mal a los aliados progresistas del Ejecutivo, especialmente a Podemos, que ha amenazado con impedir la aprobación de la ley en la que se integrarían: la que establecería un tipo mínimo efectivo del 15% en el impuesto de sociedades para las grandes empresas.
Fuentes de la formación morada aseguraban este jueves que "los cuatro diputados de Podemos no apoyarán la proposición de ley de reforma del impuesto de sociedades impulsada por el PSOE si se elimina la tasa a las energéticas, tal y como los socialistas han pactado con otros grupos parlamentarios". "El gravamen a las energéticas" —que fuentes de Junts presumen de haber tumbado porque "ponía en riesgo las inversiones en Cataluña"— "debe convertirse en permanente, y su retirada supondría una reforma fiscal encubierta y regresiva", denuncia Podemos, que recuerda que "algunas compañías como Naturgy o Iberdrola aumentaron sus beneficios en el año 2023, con incrementos rayanos en el 20% y 10%, siendo el reparto de dividendos la regla general en el sector".
Los morados han sido el único de los partidos a la izquierda del PSOE que han llegado tan lejos y han amenazado con derribar la norma en su totalidad si incluye la retirada del impuesto a los beneficios extraordinarios de las energéticas. El problema es que, con lo justa que es la mayoría con la que cuenta el Gobierno en un Congreso tan fragmentado, si Podemos vota en contra de la norma cuando llegue a pleno dentro de unas semanas, habría un empate a 175 votos en la Cámara Baja que podría acabar dando al traste con la ley. Y eso suponiendo que ningún otro partido se descuelgue, ya que ERC o EH Bildu también se han mostrado muy críticos con el pacto cerrado por el PSOE con Junts y PNV.
Fuentes de Sumar, asimismo, también reconocen su "enfado" con que el PSOE haya "roto el pacto de coalición", en el que los socialistas se comprometieron expresamente a "revisar los gravámenes sobre la banca y las empresas energéticas con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual". La formación minoritaria del Gobierno no llega tan lejos como Podemos y recuerda que derribar la ley en su totalidad cuando se vote en el Congreso dentro de unas semanas impediría la aplicación de un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades a las grandes empresas. Pero fuentes de Sumar sí insisten en que van a "pelear" hasta el último momento con el PSOE para que mantenga el gravamen extraordinario a las empresas energéticas.
ERC y Bildu muestran también sus reservas
Una posición similar mantienen ERC y EH Bildu, que no han amenazado expresamente —como sí ha hecho Podemos— con tumbar la norma, pero sí deslizan que el PSOE no puede contar con su apoyo si mantiene su pacto con Junts. "Los votos de EH Bildu nunca estarán al servicio de quienes pretenden acabar con una medida de sentido común como los impuestos a banca y energéticas, apoyados ampliamente por la sociedad vasca. No aceptaremos chantajes de ninguna multinacional ni de los partidos a su servicio", espetó el miércoles el diputado abertzale Oskar Matute, mientras que el líder de la formación en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, calificó de "totalmente pertinente" mantener los impuestos extraordinarios tanto a la banca como a las energéticas.
Para comenzar a renegociar, EH Bildu ha hecho piña con ERC y ambos partidos han presentado enmiendas a la ley para convertir en permanentes ambos gravámenes. Fuentes de la formación independentista catalana aseguran que el pacto alcanzado por el PSOE con Junts para no extender el impuesto a las energéticas es inaceptable para ERC, pero consideran que existe margen para la negociación. La propuesta republicana pasaría por establecer deducciones en ese impuesto a los beneficios extraordinarios de estas empresas energéticas siempre y cuando inviertan en proyectos de generación de energía verde.
