Los últimos órdagos de Carles Puigdemont no hacen tambalear el optimismo del Gobierno respecto al apoyo de Junts a los Presupuestos Generales del Estado. Para Moncloa, son "exageraciones" propias de los últimos balances del año en los que todos los grupos suelen estar "insatisfechos". Sin embargo, el líder independentista no se anda con rodeos. Después de pedir a Pedro Sánchez una cuestión de confianza para que el Congreso decida sobre su permanencia en Moncloa, amenaza con llevar la "legislatura a colapso" si el PSOE y Sumar no permiten que se produzca al menos un posicionamiento político al respecto que Junts considera "legítimo y necesario". Ante ello, la coalición ha optado por posponer esta decisión y así ganar tiempo. Tarde o temprano tendrán que decidirse, aunque Puigdemont ya advierte de que rechazar su órdago podría tener "consecuencias irreversibles".
La primera prueba de fuego sobre si Junts va en serio con su pulso al Gobierno y los acercamientos al PP se producirá este jueves. Será cuando se voten las enmiendas de la reforma fiscal de Sánchez en el Congreso después de que el PP y Junts hayan introducido varios cambios en el Senado. Los posconvergentes se abstuvieron a los propuestos por los populares, que hicieron lo propio con los de Junts. Ante ello, Moncloa resta importancia a que puedan apoyar sus propias enmiendas, lo que les preocupa es no tener su voto para tumbar las del PP, algo que ya estaba pactado.
Fuentes gubernamentales creen que los de Puigdemont mantendrán su acuerdo de no permitir los cambios del PP. "Me sorprendería que lo rompieran", señalan fuentes acreditadas en el Ejecutivo. Son una quincena de enmiendas las que ha introducido el PP con el guiño de Junts y muchas de ellas supondrían una pérdida en la recaudación de las arcas públicas. Entre las mismas está la ayuda directa a jóvenes de 18 a 35 años, a través de medidas como la exención gradual del IRPF para destinarlo a vivienda, emprendimiento, formación o natalidad, redirigir la recaudación de 3.000 millones de euros en el impuesto a la banca en ayudas a las hipotecas o a construir vivienda de precio tasado que permita acceder a los jóvenes a una vivienda o la rebaja del tipo de sociedades para pymes se haga desde 2025 de forma automática y sin prorrogarlo en tres años.
También para los afectados por la DANA se introduce en la reforma fiscal la exención del IRPF y donaciones para las ayudas a los afectados y "que así el Gobierno no se beneficie de la tragedia de la DANA", además de IVA tipo 0 para el cambio de vehículo y arreglo de la casa, así como la extensión a 2025 de la exención del IBI y del IAE. Además, los de Puigdemont -y en este caso también el PNV- se abstuvieron a una enmienda clave que deroga el artículo 1 de la ley que regula los impuestos energético, un gravamen que el Gobierno se había comprometido a prorrogar con Podemos.
Está por ver qué harán Junts y PNV en el Congreso, aunque en Moncloa ya intentan apagar los fuegos futuros asegurando que, suceda lo que suceda, el Ejecutivo de Sánchez cumplirá con los morados aprobando un decreto para prorrogar el gravamen.
Puigdemont aprieta y el Gobierno confía
En todo caso, Moncloa no quiere entrar al pulso que plantean los posconvergentes. Se esfuerzan en mantener el optimismo, algo en lo que llevan insistiendo los últimos días. "No nos vamos a mover de la perseverancia y del optimismo moderado (...) Vamos a seguir dialogando con las fuerzas políticas y nuestra pretensión es aprobar los Presupuestos para 2025", dijo la ministra portavoz, Pilar Alegría, tras el Consejo de Ministros de esta semana. Eso sí, siendo totalmente "conscientes" de que las negociaciones son "arduas y complejas".
La directriz es trasladar la confianza de que Junts cumplirá con el acuerdo con el Gobierno, así como mantener la "discreción" en las conversaciones. Algo que confirman otras fuentes gubernamentales. "La tabla de salvación son las conversaciones discretas", reseñan, tratando de evidenciar que las relaciones están lejos de romperse.
Eso sí, reconocen que en este momento no se están dando avances. Y justo en medio de este cruce de pactos, aterriza un señuelo desde la Generalitat de Cataluña: Salvador Illa permitirá que los Mossos tengan competencias en los aeropuertos y puertos catalanes, una exigencia de ERC y Junts que viene de lejos. Si bien, los posconvergentes ya aseguraron que querían el paquete completo de competencias, no solo las de seguridad ciudadana que plantea el líder del PSC, por lo que la cesión parece insuficiente para contentar a Puigdemont.
