En Moncloa tienen la convicción de que muchas comunidades del PP no refrendan el rechazo de Génova a la condonación de unos 83.000 millones de euros de deuda autonómica. Sostienen que el plantón a María Jesús Montero en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) fue una "escenificación" para "no dejar mal a Feijóo", pero que es cuestión de tiempo que las autonomías se acojan a la condonación y por eso permitieron que se constituyera la mesa con Hacienda. Sin embargo, el PP advierte de que mantendrá su "oposición" a la misma, al igual que la Comunidad de Madrid, que ya avanza que no se acogerá a lo que considera un "pago a los desmanes independentistas".
El reglamento del CPFF establece en su artículo 10 que "para la válida constitución del Consejo será necesario la asistencia, al menos, de la mitad de los miembros". Por ello, el Ministerio de Hacienda sostiene que si los consejeros del PP —que representan más de la mitad— no se hubiesen presentado a la reunión, no se habría formado el quorum suficiente como para sacar adelante la medida. Aunque el paso por este foro es un mero trámite, su celebración permite que la quita de la deuda continúe con su recorrido hasta la llegada al Congreso de los Diputados. Moncloa ve en ello una intencionalidad de las comunidades autónomas del PP de no frenar la medida para después poder acogerse a ella si sale aprobada en Pleno.
Desde Génova descartan totalmente la teoría del Gobierno. "No podemos no ir a un Consejo que hemos pedido", argumentan fuentes de la Dirección popular. Defienden que si asistieron a esta reunión no fue para evitar frenar el CPFF sino por "responsabilidad institucional". "Somos un partido de Estado", abundan. También aseguran que fue un gesto de responsabilidad irse del Consejo a la media hora de que comenzase, como finalmente hicieron. Por ello, el responsable de Economía del PP, Juan Bravo, ya avanzó el voto contrario del partido cuando la ley orgánica llegue al Congreso, aunque sin cerrar la posibilidad de que sus comunidades acaben solicitándola si se aprueba definitivamente con el apoyo de los socios de investidura de Sánchez.
"Todas las comunidades se acogerán a la condonación", pronostican desde Ferraz, que creen que ese momento llegará y que el "problema" lo tiene Alberto Núñez Feijóo, "que ha vuelto a apostar con dinero de los demás". En Moncloa critican la "política de silla vacía" de levantarse del CPFF y lo tildan de "gesto infantil" que también ha servido a las comunidades para evitar votar en contra de la condonación. "La política del avestruz", censuran con la convicción de que la mayoría de las baronías populares pedirán la quita.
En este sentido, en el PP creen que la intención del Gobierno es dividir a sus comunidades autónomas. Insisten en que la condonación es "una compra de votos políticos" y una "trampa" y defienden un sistema de financiación autonómica "justo para todos" con la reestructuración de deuda fundamentada en la rebaja de los tipos de interés, el alargamiento de la vida de la deuda del FLA, un periodo de carencia hasta que se aprobase el nuevo sistema y el progresivo regreso a los mercados.
Madrid rechaza pedirla y Andalucía duda
De momento, ha habido una comunidad autónoma del PP que ya ha avanzado que no se va a adherir al perdón de la deuda: la Comunidad de Madrid. De hecho, Isabel Díaz Ayuso ya amenaza con elevar un recurso al Tribunal Constitucional contra un plan que considera "discriminatorio" entre regionales y que solo responde a las exigencias del independentismo catalán. Según los cálculos de esta Administración, el mismo costaría unos 480 euros más de deuda por cada madrileño. "No nos perdonan la deuda, la traspasan a todos los españoles y a nosotros nos toca la parte grande del pastel: casi 500 euros por habitante", señaló la consejera de Economía madrileña, Rocío Albert.
Andalucía también exhibe dudas sobre la posibilidad de adherirse, aunque tampoco cierra del todo la puerta. Defiende que tiene una "deuda razonable" en función del PIB per cápita por lo que la propuesta de Montero supondría un ahorro real en el caso de que condone intereses, "si no, no". No fijan todavía posición, aunque relativizan los efectos que pronostica Montero sobre la deuda andaluza. "Si te quitan la deuda pero no te permiten gastar más y si, como es el caso de Andalucía, pagamos la deuda cómodamente ¿Qué se gana con eso?", argumentan fuentes de la Junta.
Otras comunidades, como Aragón, critican la medida como una "propuesta política que trata de beneficiar fundamentalmente a Cataluña" y aseguran que no les beneficia "de ninguna manera". Y, al igual que sostiene Andalucía, cree que la comunidad tendría que pagar más dinero si se aprobase la condonación del que pagarían si siguiesen pagando su propia deuda. En todo caso, el presidente aragonés, Jorge Azcón, evita adelantar si pedirá al Gobierno la condonación en el caso de que se apruebe la ley. "Creo que hay que esperar a que esa ley se apruebe o no para leer la letra pequeña y ver qué están ofreciendo", puntualizó.
El siguiente paso de Hacienda será reunirse con todas las comunidades para negociar los términos de la quita. En este sentido, todavía está por definir qué vencimientos, de qué préstamos (y a qué tipo de interés) se condonan. Y la cuestión es especialmente peliaguda con las autonomías que no deben dinero al Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), como es el caso de la Comunidad de Madrid. Si la condonación llega a sobrevivir a la tramitación parlamentaria, las comunidades deberán decidir si finalmente se adhieren o no a la misma, algo que es completamente voluntario.
