Todas las llamadas comerciales tendrán que empezar por los prefijos 800 o 900 a partir de este mismo mes de febrero. El Gobierno ha optado por dar carpetazo a la ya muy extendida práctica utilizada por departamentos comerciales de llamar desde números de móviles a cualquier hora del día. La prohibición de utilizar estas numeraciones estará reglada por una orden ministerial y previsiblemente entrará en vigor a finales de este mes.
"Quedará terminantemente prohibido poder hacer una llamada comercial con un número que no sea un 800, un 900 o que empiece con un prefijo de una provincia española. No podrá recibir usted una llamada comercial desde un móvil", aseveraba este jueves durante una entrevista el ministro de Transformación Digital, Óscar López. Según el socialista, también se podrán denunciar estas malas prácticas ante la oficina de atención al consumidor de las telecomunicaciones y se habilitarán "sanciones" para quien no cumpla la ley.
“Hay mucho que hacer, no hay que quedarse de brazos cruzados, hay que actuar”, ha defendido el ministro, que ha reivindicado los pasos que está haciendo España en materia de regulación y también a nivel europeo y global. Esta orden ministerial, que se aprobará de forma "rápida", dado que no debe pasar por el Congreso, también busca "combatir las ciberestafas".
Según avanzaba la Ser este jueves, este plan contra las ciberestafas también incluye el bloqueo por parte de los operadores de las llamadas que utilizan números que no hayan sido atribuidos a ningún servicio, asignados a ningún operador o adjudicados a ningún cliente. Los operadores también vetarán llamadas y SMS de numeración nacional pero que tienen origen internacional, uno de los focos de fraude más habitual.
Además, se creará una base de datos que gestionará la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, con los usuarios que utilizan alfanuméricos en sus mensajes (por ejemplo, el nombre de la compañía). Aquellos mensajes procedentes de entidades no incluidas en esta base datos serán bloqueados.
Así, la nueva norma establecerá medidas concretas para frenar estas prácticas abusivas. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ya había aprobado hace año y medio que estas comunicaciones comerciales están prohibidas, pero la ley solo impide las llamadas sin consentimiento previo, por lo que las empresas a las que el usuario haya dado autorización pueden seguir comunicándose con él.
