El juez instructor Juan Carlos Peinado ha abierto una nueva línea de investigación en la causa que dirige contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. En un auto fechado este lunes, el juez acuerda la apertura de una pieza separada para investigar un posible delito de malversación de caudales públicos en la contratación de Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa que realizó gestiones relacionadas con el máster de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Se trata del mismo escrito en el que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid acuerda citar como testigo al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, para que declare el próximo 16 de abril a las 10.30 horas. El propio Peinado subraya que, previamente a tomar esta decisión, ha tomado declaración a dos altos cargos de Moncloa: la asesora Cristina Álvarez y el vicesecretario general de la Presidencia del Gobierno, Alfredo González Gómez.
Álvarez aseguró en su comparecencia que nunca se sirvió de su cargo en beneficio suyo "o de terceros". González Gómez, por su parte, explicó al juez Juan Carlos Peinado que él propuso el nombramiento de la asesora, pero que no la llegó a conocer nunca y que no recuerda quién le envió sus datos para nombrarla.
El papel de Cristina Álvarez como imputada gira en torno a las gestiones que realizó para la mujer de Pedro Sánchez en el marco de su cátedra en la Complutense. Según muestra la documentación de la causa, Álvarez envió varios correos destinados a gestiones de la cátedra, entre ellos uno remitido a una de las patrocinadoras de la cátedra, Reale, en el que trasladaba que a Begoña Gómez le "encantaría" que la empresa continuara con la financiación del proyecto.
Tras interrogarla, el juez Peinado ha decidido investigar si hubo un presunto delito de malversación. Concretamente, el instructor indagará en "la propuesta de nombramiento" de Cristina Álvarez, "las funciones encomendadas y lugar y condiciones de la prestación de servicios, remuneración recibida y aplicación presupuestaria", tal y como recoge el auto de este lunes.
Tras la decisión del juez Peinado, la malversación se une a los delitos ya investigados en la causa, que son corrupción privada, tráfico de influencias, intrusismo laboral y apropiación indebida. En la nueva pieza separada se incluirán el testimonio de Félix Bolaños, las declaraciones de Cristina Álvarez y Alfredo González Gómez y el informe reclamado a Presidencia del Gobierno.
La declaración del ministro de Justicia, tal y como apunta el escrito del instructor, se celebrará en su despacho oficial del ministerio, en la calle San Bernardo de Madrid. El instructor ha enviado ya un oficio a Madrid Digital "a fin de que dispongan lo necesario para realizar la grabación de la declaración acordada".
Según recoge el artículo 412 de la ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), los miembros del Gobierno "están exentos de concurrir al llamamiento del juez, pero no de declarar, pudiendo informar por escrito sobre los hechos de que tengan conocimiento por razón de su cargo". Sin embargo, el ministro Bolaños no podrá solicitar declarar por escrito porque aún no era ministro en el momento en que se produjo la contratación de Cristina Álvarez.
Por aquel entonces, Félix Bolaños desempeñaba el cargo de secretario general de la Presidencia del Gobierno. Y, tal y como recoge la LeCrim, los secretarios de Estado "también están exentos de concurrir al llamamiento del juez, pero no de declarar, pudiendo hacerlo en su despacho oficial o en la sede del órgano del que sean miembros".
