El juicio por el caso de Lucas Paquetá y las supuestas tarjetas amarillas que forzó para manipular el mercado de apuestas comenzará este mes de marzo, durará tres semanas y podría costarle una suspensión de por vida por una situación muy similar a la presuntamente protagonizada en España por el futbolista del Sevilla Kike Salas.
Según Sky Sports, la audiencia comenzará este marzo y será el juicio más largo al que se ha enfrentado nunca la FA, que acusó al jugador del West Ham United de amaño de cuatro partidos de Premier League en los que supuestamente habría forzado que le sacaran tarjeta amarilla para que terceros apostaran por ello y que en torno a 60 personas que apostaron entre 7 y 400 libras esterlinas se beneficiaran económicamente.
El caso parece muy similar al del sevillano, que presuntamente habría forzado varias amarillas en los minutos finales de varios partidos para favorecer apuestas de familiares que se habrían embolsado en torno a 10.000 euros gracias a la maniobra. Eso sí, la acusación de la federación inglesa deja patente las diferencias entre ambos casos.
La FA explicó que los actos de Paquetá trataron de "influenciar el progreso, la conducta o cualquier otro aspecto de esos partidos de forma intencionada al buscar recibir una tarjeta para afectar los mercados de apuestas y que otras personas percibieran un beneficio de ello". Además, el organismo también acusa a Paquetá de no proporcionar determinada información y documentos, lo que agrava considerablemente la situación más allá de las diferencias económicas entre ambos casos.
El internacional brasileño, que fue apartado de una convocatoria de la absoluta al conocerse el caso, siempre ha negado las acusaciones. Los partidos en cuestión fueron los que enfrentaron al West Ham United contra el Leicester City, en noviembre de 2022, al Aston Villa, en marzo de 2023, al Leeds United, en mayo de 2023, y al Bournemouth en agosto.
Por su parte, Kike Salas espera ahora a la resolución judicial de un caso paralizado por la RFEF a espera de la respuesta del juez encargado del caso. Se estima que la sanción, en caso de ser declarado culpable, oscile entre una multa y una suspensión de cinco años.
