Pasó inadvertido. La caída del decreto sobre medidas sociales en el Congreso fue tan sonada que apenas trascendió que hubo otro que sí fue aprobado. No es de extrañar, el que quedaran colgados asuntos de tanta relevancia y repercusión popular como la subida de las pensiones o las ayudas al transporte, con el espectáculo de desprecio de sus señorías varias a los intereses de la ciudadanía, opacó por completo el que prosperara con amplio apoyo la última parte de la reforma de las pensiones acordada por el Gobierno y los agentes sociales. Es el decreto que mejora los estímulos para retrasar la edad de jubilación ampliando las bonificaciones para hacer mas atractivas tanto la jubilación parcial como la activa, que salió adelante con 298 votos a favor incluidos los de PSOE y PP y con solo 55 en contra, los de Vox, Junts, Bildu y Grupo Mixto.
La intención de la norma es que quienes van llegando a la edad de retiro laboral puedan hacerlo lo más tarde posible recibiendo a cambio mayores ventajas en su pensión. Desde el Ministerio de Trabajo insisten en repetir que no se trata de obligar a nadie a seguir trabajando si no de ofrecer alternativas a quienes por voluntad propia deseen seguir manteniendo la actividad laboral cuando les asiste el derecho a cobrar una pensión
Es obvio que cualquier retraso en la edad de jubilación total supone un factor positivo para la tan cuestionada sostenibilidad del sistema y en consecuencia merece ser estimulado. Los jubilados activos son el mejor de los negocios para la Seguridad Social y también para la Hacienda pública porque además de ahorrarle un dineral al sistema de pensiones el fruto de su trabajo sigue aportando capital por la vía del IRPF a las arcas publicas.
En la actualidad no pasa de 65.000 el número de acogidos a la jubilación activa que cobran el 50% de su pensión a cambio de que se les permita seguir trabajando. Un número insignificante habida cuenta de que el volumen de pensionados alcanza ya los 12 millones. Con la idea de aumentar esa cifra el real decreto aprobado además de eliminar el requisito que exigía tener una carrera de cotización completa para acogerse a esa modalidad mejora notablemente el trato que se les propone. Los nuevos jubilados activos recibirán el primer año el 45% de su pensión, el segundo, el 55%; 65% el tercero, ya un 80% el cuarto y, a partir del quinto, el 100%. Así lo acordó el Gobierno con los sindicatos y la patronal lo que animó al Partido Popular a prestarle su apoyo en el Parlamento.
Cualquier estímulo a la jubilación activa resulta acertado porque permite mantener libremente y sin obligación alguna el ejercicio laboral a quien así le convenga. Para muchos profesionales, entre ellos del periodismo y la comunicación, el retiro dorado no consiste en parar por completo su actividad sino en dosificarla de forma diferente. El beneficio que ello supone para el sistema y su aporte a los recursos del Estado ha de tener una compensación justa. Digo esto porque en esa mesa negociadora de la que partió el decreto se olvidaron de trasladar las mejoras para los futuros jubilados activos a los que ya están embarcados en esa modalidad y que accedieron a ella en unas condiciones bastante peores. Asistiríamos a un agravio comparativo intolerable si los nuevos jubilados pudieran cobrar hasta el 100% de su pensión a los cinco años mientras los antiguos permanecieran atascados en el 50%.
Entiendo que tanto los grupos parlamentarios como las organizaciones de autónomos e incluso el propio ministerio propondrán fórmulas que corrijan tan aberrante discriminación. Lo contrario seria un escándalo.
