El sábado pasado recorrió Barcelona una manifestación multitudinaria para denunciar el elevado incremento de los alquileres. En octubre, también Madrid vivió una gran protesta. Ya nadie duda de que el problema de la vivienda es el más importante que tiene ahora mismo España, pues condena a muchos grupos sociales, particularmente a jóvenes, inmigrantes, divorciados, etc., a la precariedad habitacional, con consecuencias muy negativas personales y colectivas.
La crisis se produce en toda Europa, particularmente en las grandes ciudades, como consecuencia de una falta de vivienda tanto pública como privada. Por un lado, apenas se construyen nuevos pisos; y, por otro, hay una demanda disparada a causa del incremento demográfico por la inmigración, la distorsión del mercado de alquiler por la canibalización turística o por fenómenos como el nomadismo digital. En España habría que añadir la inexistencia de vivienda pública de alquiler, o la reiteración de promesas, como la construcción de miles de pisos, que nunca se alcanzan.
El problema no es coyuntural, no responde a la formación de una burbuja de precios, sino estructural, para el que no hay soluciones inmediatas, y que seguirá agravándose excepto que se tomen medidas para el medio y el largo plazo. Los convocantes de la manifestación de Barcelona trabajan para propiciar una huelga de alquileres como mecanismo para lograr una rebaja general de los precios. El objetivo es deseable, pero la huelga es tan improbable que suceda, dada la disparidad de situaciones, como que fuese efectiva. El mercado del alquiler está en manos principalmente de propietarios particulares, no de grandes tenedores.
¿Quién negociaría con quién? ¿Podría el Gobierno imponer una rebaja por decreto sin indemnizar a los propietarios? ¿Acaso no acabaría eso por hundir completamente la oferta? La limitación del precio en las zonas tensionadas, como se ha hecho en Cataluña, tiene cara y cruz. Por un lado, contiene el incremento de los alquileres, lo que de entrada es positivo, pero disminuye la oferta, pues algunos propietarios buscan alternativas más rentables (la venta, el alquiler de temporada o turístico). Si el objetivo inmediato es que haya más pisos de alquiler, hacen falta otras medidas.
Por un lado, la eliminación en las grandes ciudades de los apartamentos turísticos con licencia, el cierre de los ilegales, y el control del alquiler de temporada para evitar fraudes. Y, por otro, no menos importante, el Gobierno debería bonificar sustancialmente la retención que pagan los propietarios, lo que haría más interesante el alquiler residencial, aumentando así la oferta. Mientras no se construyan muchos más pisos, el intervencionismo público ha de combinar el palo y la zanahoria.
