La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa al empresario Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas como "ideólogos" y máximos responsables de la organización criminal que presuntamente defraudó más de 182,5 millones de euros con el IVA el sector de los hidrocarburos.
Así consta en un atestado recogido en el sumario de la causa, en el que los agentes dejan claro que, situados en la "cúspide de la dirección", eran "imprescindibles para el funcionamiento de la organización debido a su capacidad económica, sus vinculaciones empresariales, contactos y conocimientos del sector de los hidrocarburos".
El Instituto Armado pone en valor el control que De Aldama y Rivas ejercían "en todas las áreas de actuación de la organización criminal: logística, fiscal, bancaria e inmobiliaria". "Sin ellos, la organización no tendría capacidad operativa ni delictiva al no existir otro miembro con los contactos necesarios para sustituirles, por lo que quedaría inoperativa", señala el informe.
Como máximos dirigentes de la estructura empresarial, aducen los agentes, controlaban y dirigían "la interposición de testaferros en los órganos de administración de las empresas suministradoras y en la operadora, para desvincularse de la responsabilidad derivada de la operativa fraudulenta investigada".
La Guardia Civil sitúa a sendos empresarios como "los responsables últimos del presunto fraude cometido en entre noviembre del 2022 y febrero de 2024, cuantificado por la Agencia Tributaria en más de 182,5 millones de euros". Sin embargo, los agentes dejan claro que ese importe podría "verse incrementado".
Portugal, China y Colombia
Los agentes, "tomando como referencia desde mayo del 2022 hasta febrero del año 2024", revelan que la organización habría "transferido fondos de procedencia delictiva a Portugal, China y Colombia, por un importe total de 73.902.852,60 euros".
Estas transferencias, según apunta el informe, "serían amparadas en presuntos contratos ficticios de servicios de asesoramiento, confeccionados en su mayoría por Víctor de Aldama".
Según los agentes, es "razonable afirmar que, inequívocamente", la estructura comercial ideada por ambos fue "diseñada e implementada con la finalidad de bajar el precio del hidrocarburo con cargo al IVA" que no se iba "a abonar y, por tanto, con ánimo de defraudar".
"En este sentido, la creación de sociedades, conformación de estructuras, la capitalización y la estrategia a seguir tanto a la operadora, como a las sociedades instrumentales, se efectuó bajo las directrices de Rivas y De Aldama", añade.
"Roles claramente definidos"
En su atestado, la UCO apunta que la presunta organización criminal se encontraba "completamente jerarquizada con roles claramente definidos". Así, Rivas, "como codirector de la presunta organización criminal, posicionó, como subdirectora, a su hermana María Luisa".
Ésta, "como cara visible del holding empresarial", figuraba como administradora única de la matriz Still Growing SL, CEO de Villafuel, siendo la primera la sociedad patrimonial encargada de la gestión y administración de los bienes de la familia Rivas.
María Luisa Rivas, según los agentes, se encargaba "de la supervisión directa de la estrategia adoptada por la estructura societaria a la hora de desarrollar las operativas comerciales", que posteriormente ejecutaba y materializaba "el jefe de operaciones como persona de confianza de la subdirectora, siendo este Francisco Javier Cillán".
En otro escalón inferior, la UCO sitúa a una red de personas de confianza. "La presunta organización criminal, conformó y dispuso la operadora Villafuel para el acometimiento del fraude, valiéndose de su condición de operador al por mayor de productos petrolíferos, comenzó a adquirir a otros operadores productos petrolíferos y, ficticiamente, simular su transmisión, todo ello en régimen suspensivo, a siete empresas interpuestas al frente de testaferros dispuestos por la presunta organización criminal", señala.
La UCO afirma que la investigación "ha permitido identificar la vinculación de De Aldama con cargos políticos" en el marco del 'caso Koldo', donde habría actuado como presunto conseguidor. "En dicha investigación, se encuentra relacionado directamente con altos cargos del Gobierno y del PSOE, relaciones que se están investigando por revertir indicios de criminalidad relacionados con los delitos anteriormente señalados", apunta.
Negaron su vinculación con Villafuel
La desarticulación de la organización del fraude de hidrocarburos se saldó con un total de 11 detenidos, entre ellos De Aldama y Rivas. Ambos comparecieron ante el instructor, el juez Santiago Pedraz, el pasado 10 de octubre, por espacio de 20 minutos.
En los vídeos de las declaraciones, recogidas por esta agencia de noticias, De Aldama niega su vinculación con Villafuel, la empresa clave de la trama, así como con algunas sociedades. "Ninguna, cero", respondió sobre su relación con la compañía a preguntas de la Fiscalía.
En un punto determinado, el fiscal le preguntó si utilizó algunas de las sociedades que De Aldama "tiene domiciliadas en Portugal para canalizar parte de los fondos obtenidos por parte de Claudio Rivas de a través del entramado constituido con Villafuel".
"No. Usted me debería preguntar si yo he cobrado en esas empresas, ¿vale? Por las comercializadoras que están en el caso, y que tampoco sabemos por qué están en secreto su mayoría. Yo sí he cobrado en esa empresa, y he pagado mis impuestos y tengo un contrato de intermediación y tengo unas facturas. Y he pagado mis impuestos correspondientes a esas facturas", aclaró De Aldama.
Rivas, por su parte, negó de plano cualquier tipo de vinculación con Villafuel y las sociedades vinculadas a la trama. Preguntado por los 13.000 euros que le fueron incautados en una mochila en su domicilio, aclaró ante el juez que era el dinero de "una montería" a la que iba a acudir en enero y que tenía que sufragar.
