El Gobierno, seguro de que Ábalos no va a "disparar" contra ellos y se dedicará a "desmontar" a Aldama

Bandera blanca, por el momento, entre el Gobierno y el exministro José Luis Ábalos. Y un enemigo común: Víctor de Aldama. Ahora que se acerca la declaración de Ábalos en el Tribunal Supremo a cuenta del caso Koldo, Moncloa y el que fuera mano derecha del presidente Pedro Sánchez parecen haber decidido hacer frente común contra el comisionista después de su confesión ante el juez en el que apunta tanto a dirigentes socialistas como a miembros del Ejecutivo. Fuentes gubernamentales remarcan que están seguros de que Ábalos no va a "disparar" contra ellos, sino que su comparecencia irá encaminada a tratar de "desmontar" las acusaciones de Aldama.

La palabra más repetida por miembros del Gobierno cuando se les pregunta por Aldama es "tranquilidad". En la celebración del 46 aniversario de la Constitución este viernes en el Congreso, varios ministros se apresuraban a dejar claro que el presunto conseguidor de la trama "no ha aportado ninguna prueba" que sostenga sus acusaciones. Ni siquiera en lo que respecta a Ábalos. Y dicen estar más "indignados" que "preocupados" por lo que ha dicho o pueda decir el empresario.

El exministro fue defenestrado del PSOE tras la detención del que había sido su asesor, Koldo García, en el Ministerio de Transportes. Fuentes del Ejecutivo dejan claro que Ábalos tenía una "responsabilidad política" sobre García y que por eso fue apartado, pero dejan en duda que el pago de mordidas al exministro del que habla Aldama ocurriera. De momento, explican, en el informe de 37 páginas que el comisionista ha entregado al Supremo no queda claro cómo se puede probar que Ábalos haya recibido sobornos a cambio de adjudicaciones de obra pública a empresas vinculadas con Aldama.

"Siempre hay que demostrar que ha habido una contraprestación a cambio" de esas adjudicaciones para probar un delito de cohecho, recuerda una alto cargo del Ejecutivo, que recuerda que el exministro sigue insistiendo en que no las hubo. "Estoy convencida de que si Aldama tuviera pruebas, las habría entregado ya", añade.

Algunos miembros del Gobierno dicen haber hablado alguna vez con Ábalos y no niegan que está "enfadado" con Moncloa y con el PSOE. Primero, por la apertura del expediente de expulsión del partido y por no haberle "protegido", pero también por la auditoría que abrió el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre la etapa de Ábalos al frente del departamento tras las revelaciones de que se compró material sanitario a empresas de la trama corrupta durante la pandemia de coronavirus a cambio de comisiones ilegales. Es en esa auditoría en la que, en parte, se apoyó el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno para pedir al Supremo la imputación del exministro por organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. Le otorga, de hecho, un "papel principal" en la trama.

Puente ha dicho que va a ordenar una nueva investigación en su ministerio sobre esos contratos de obra pública que ahora Aldama dice que se otorgaron a cambio de mordidas. Pero con la diferencia de que el ministro ahora no da "credibilidad" a la versión del comisionista. "Lo que he podido ver (...) es un anexo de inversiones subrayado. Como prueba realmente tiene poco valor", dijo este jueves desde Bruselas.

Es más, 24 horas después, Puente trasladó a su perfil de redes sociales un primer análisis "a vuela pluma" de las siete adjudicaciones de obra pública señaladas por Aldama, de las que dice que dos de ellas "se corresponden con un periodo anterior a Ábalos", otras dos, "con un periodo posterior a Ábalos como ministro", otras tantas "jamás se llegaron a licitar" y "solo una de las siete se corresponde con el periodo de Ábalos, pero no se ha observado nada irregular en el expediente de contratación". Aunque se muestra prudente y dice que hay que "seguir analizando a partir de la documentación judicial", a Puente le "resulta llamativo" que lo que el comisionista ha entregado al Supremo "quede desacreditado de forma tan clara e inmediata".

Y en eso andan en el Gobierno. "Responsabilidad política" de Ábalos, sí; responsabilidad penal, "tendrá que probarse". En todo caso, reiteran que la trama acabaría en el exministro, si es que este está implicado, porque aseguran que no habría escalado más allá.

Ábalos está citado en el Tribunal Supremo el próximo 12 de diciembre para una declaración voluntaria, pero precisamente este viernes se supo que él mismo ha solicitado retrasarla porque necesita más tiempo para estudiar el sumario y poder preparar mejor su comparecencia. El juez aún no le ha contestado.

En todo caso, en Moncloa están convencidos de que el exministro no va a "disparar" contra el Gobierno, sino que se va a centrar en "protegerse" de las acusaciones de Aldama y en tratar de "desmontar" la versión que el empresario está transmitiendo a través de su declaración ante el juez, primero, y del escrito de 37 páginas que entregó hace unos días.

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