El impuesto a las empresas energéticas que aprobó por decreto el lunes el Gobierno tiene muy complicada su convalidación en enero, cuando llegará al Congreso para ser ratificado o derribado. Pero el Ejecutivo, pese a que Junts y PNV han rechazado pública y taxativamente dar su brazo a torcer y prestar sus votos —que son imprescindibles— para aprobar la puesta en marcha de esta tasa durante todo el año 2025, ha modificado su diseño para intentar atraer a estos socios nacionalistas de derechas. ¿Cómo? Incluyendo exenciones de hasta el 60% en la cuantía a pagar por el gravamen para las empresas energéticas que realicen inversiones en energías renovables.
En concreto, el decreto establece que se considerarán como inversiones verdes y que, por tanto, pueden dar lugar a la desgravación fiscal aquellas que sean "esenciales" para la transición ecológica y la descarbonización y que, por su magnitud, contribuyan al crecimiento económico y el empleo. Entre estas inversiones, por ejemplo, se cuentan la producción de hidrógeno renovable o la transformación de residuos en productos reciclados o en gases renovables, como el biogás. Y lo que pretende el Gobierno es atraer con estas exenciones a PNV y Junts, especialmente a los segundos, que se cerraron desde el primer momento a extender el gravamen que lleva en vigor desde 2022 argumentando que no quería perjudicar a Repsol y poner en peligro puestos de trabajo de su planta de Tarragona.
La segunda de las novedades que incluye el texto es una disposición por la cual el Gobierno se compromete a hacer un estudio de los resultados del gravamen en el último trimestre de 2025 para evaluar su mantenimiento con carácter permanente. Esa transformación convertiría al actual gravamen en un impuesto, una diferencia técnica con la que el Ministerio de Hacienda trata de atraer al PNV, puesto que los impuestos sí pueden cederse a las comunidades autónomas y, en tal caso, el País Vasco podría rebajar el alcance del tributo.
En cualquier caso, y pese a estos gestos, parece extremadamente complicado que Junts y PNV vayan a dar su brazo a torcer, dada el rechazo expreso y contundente al impuesto que llevan semanas expresando. De hecho, si el Gobierno ha aprobado la prórroga del gravamen es más por su fragilidad parlamentaria y por el encaje de bolillos que se vio obligado a hacer hace unas semanas para sacar adelante en el Congreso su descafeinada reforma fiscal. De hecho, el pasado lunes, el presidente Pedro Sánchez aseguró que, con la aprobación del decreto que extiende el impuesto a las energéticas "cumple" con el compromiso que firmó hace unas semanas con ERC, EH Bildu, Podemos y BNG.
El diseño del gravamen, pese a incluir estas exenciones para atraer a PNV y Junts, se ha hecho sin contar con los dos partidos de la derecha nacionalista aliados del Gobierno, puesto que ambos se han ausentado por voluntad propia de las dos reuniones que el Ministerio de Hacienda ha convocado en las últimas semanas con sus socios para intentar alcanzar un acuerdo.
Vistos los nulos avances de la negociación, Podemos también se negó a ir a la última reunión, alegando sentirse engañado por el Gobierno, puesto que los morados aseguran que la Moncloa les garantizó que Junts y PNV estaban dispuestos a votar a favor de extender el impuesto a las energéticas, algo que el Ejecutivo niega. En esta línea, este lunes Podemos dio un paso más y anunció que también votará en contra del decreto de prórroga del gravamen el mes que viene cuando se debata en el Congreso, con el argumento de que Hacienda se ha rendido y ha dejado de negociar un impuesto definitivo a las energéticas.
