El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de la nueva Ley de Industria y Autonomía Estratégica, una norma que pretende modernizar la actual regulación del sector industrial, que lleva más de treinta años en vigor. El nuevo texto, que todavía tendrá que pasar por el Congreso, penalizará a las empresas industriales que se lleven su actividad fuera del país después de haber recibido ayudas públicas por más de 3 millones de euros. Fruto de las negociaciones entre las dos alas del Ejecutivo, PSOE y Sumar, se rebaja así a la mitad respecto al primer borrador el umbral fijado para obligar a las compañías que deslocalicen su producción a devolver las subvenciones recibidas.
Según ha explicado el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, la nueva ley busca "no solo la atracción, sino el mantenimiento de las capacidades industriales, evitando y proponiendo alternativas en procesos de deslocalización". En ese sentido, la norma obligará a las empresas que planeen reducir drásticamente su actividad en España a avisar al Gobierno con nueve meses de antelación. En ese periodo, se pondrá en marcha una "mesa para la reindustrialización" en la que la compañía, el propio ministerio, los sindicatos y la comunidad autónoma en cuestión se sentarán para negociar alternativas.
"El objetivo de la mesa es analizar las alternativas para revertir la decisión o asegurar unas condiciones para el mantenimiento de las capacidades productivas", ha explicado Hereu. "No queremos perder la actividad productiva e industrial. Por tanto, se abre un abanico de diferentes medidas, desde la transformación energética a la búsqueda de nuevos socios o nuevas alternativas", ha recalcado, asegurando que la nueva ley impulsa un cambio de "paradigma" con respecto al anterior "dejar hacer".
En caso de que esta negociación no llegue a buen puerto y la empresa mantenga sus planes de reducir su producción en España en más de un 65% o recortar su plantilla al menos en 500 personas, la nueva ley le exigirá que se reintegren las ayudas públicas percibidas, siempre y cuando las subvenciones superen el umbral de los 3 millones de euros y el movimiento se produzca en los años inmediatamente posteriores a la percepción del dinero público. La norma obliga así a mantener la actividad y el empleo generado en el país durante cinco años en el caso de las grandes compañías, durante tres para las medianas y durante dos a las pequeñas. "Cuando hay una ayuda pública, se tiene que afianzar unos años la ayuda en España", ha defendido Hereu.
Este mecanismo de devolución de ayudas por parte de las empresa que dejen de producir en España era una de las principales reivindicaciones de Sumar. El ministro socialista ha recordado que ya estaba previsto en el anteproyecto de la norma -aprobado en julio-, aunque con un umbral superior de 6 millones, y ha reconocido que el objetivo es evitar la fuga de fábricas. "Hay un elemento de política activa para no facilitar la deslocalización y una de las medidas es la devolución de ayudas públicas una vez agotadas todas las líneas de diálogo con las empresas", ha expresado.
Perte y respuesta ante crisis
Más allá de estos mecanismos, el texto aprobado este martes por el Gobierno y enviado al Congreso prevé una protección especial para la industria intensiva en energía, así como medidas de apoyo para facilitar la descarbonización de aquellas compañías que dispongan de un plan de eficiencia energética y transición ecológica a largo plazo. Además, también se institucionaliza la figura de los Perte, estableciendo así la posibilidad de crear nuevos proyectos estratégicos más allá de la vigencia de los impulsados con fondos europeos.
Asimismo, otra de las grandes novedades es el 'apellido' de la norma, que introduce como coletilla la "autonomía estratégica". En ese sentido, por ejemplo, el Gobierno pretende poner en marcha una Reserva Estratégica de las Capacidades Nacionales de Producción Industrial (RECAPI) que permita movilizar con rapidez productos esenciales ante situaciones de crisis, como lo fue la pandemia de la covid-19. No se trata de almacenar material, sino de identificar empresas que puedan suministrar una serie de artículos catalogados como estratégicos para agilizar la respuesta a situaciones de crisis.
Además, la nueva ley contempla la creación de otros instrumentos para coordinar las actuaciones de la administración, como una Estrategia Española con seis años de vigencia en la que se contengan las directrices básicas de la política industrial. Para aterrizar esas líneas generales, se impulsarán también planes estatales cada tres años, con programas de mejora de la competitividad industrial, de digitalización, de innovación y formación, entre otros. Asimismo, se prevé la puesta en marcha del denominado Consejo Estatal de Política Industrial (CEPI), como órgano consultivo para coordinar las actuaciones de los distintos ministerios, y el Foro de Alto Nivel de la Industria Española, como órgano de asesoramiento.
El objetivo de todos estas novedades es impulsar el sector industrial español y mejorar su competitividad. "La ley no se limita a poner al día la norma actual, sino que supone un antes y un después de la industria española, a través de nuevos instrumentos de política industrial y gobernanza industrial", ha defendido Hereu, que ha asegurado que la norma "aportará modernización, certidumbre y eficiencia". Para que la nueva ley se ponga en marcha tendrá que conseguir primero el respaldo del Congreso, donde el ministro ha recalcado la intención de "aunar el máximo consenso". "España está ante una gran oportunidad, que es la reindustrialización", ha subrayado.
