El Gobierno ha remitido este martes a Bruselas el plan de ajuste fiscal estructural en el que detalla cómo pretende reducir los elevados niveles de deuda y déficit público que presenta el país. Se trata de una hoja de ruta a siete años, en los que España se compromete a limitar el aumento del gasto público para equilibrar sus cuentas, maltrechas tras la gran recesión y la crisis pandémica. Así lo ha comunicado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La pelota está ahora en el tejado de la Comisión Europea, que debe dar el visto bueno a los objetivos del Gobierno.
Los objetivos que se ha fijado el Gobierno suponen un reto considerable. El Gobierno plantea reducir los niveles de déficit del 3,5% del PIB en 2023 hasta un 0,8% en 2031. Un ajuste acumulado que supera los 40.000 millones de euros (en términos de PIB de 2023) y que el Gobierno pretende ejecutar sin recortes, ha señalado Cuerpo.
La promesa es una bajada en el déficit sostenida en el tiempo y que no tiene precedentes desde los tiempos de la burbuja inmobiliaria. La última vez que España encadenó siete años con un desequilibrio en sus cuentas inferior al 3% del PIB fue entre 2000 y 2007, cuando los ingresos fiscales se dispararon por el boom inmobiliario. Después, el país ha tenido que lidiar con dos crisis que han llevado la deuda pública por encima del 100% del PIB.
"España tiene un nivel de credibilidad muy alto en cuanto al cumplimiento de sus objetivos fiscales en los últimos años, incluso en ausencia de unas reglas fiscales activas. Eso nos ha llevado a estar en el grupo de los buenos alumnos para la Comisión Europea", ha señalado Cuerpo en su intervención tras la reunión de los ministros.
Con los cálculos del Ejecutivo, la deuda pública pasaría desde el 102,5% del PIB que se ha fijado como objetivo para este año a un 76,8% en 2041. Una referencia todavía superior al máximo del 60% sobre el tamaño de la economía que exigen las reglas fiscales europeas. El pasivo nacional dejaría atrás la barrera psicológica del 100% del PIB en 2027 y bajaría del 90% en 2031.
¿Cómo pretende el Gobierno bajar la deuda y el déficit? limitando el aumento del gasto público en los próximos años. Esta es la variable clave a la que prestarán atención los técnicos de Bruselas tras la reforma de las reglas fiscales que vio la luz a finales del año pasado. El Ejecutivo estima que, si se limita el aumento de los desembolsos a un 3% de media en los próximos siete años, la reducción del déficit y la deuda que ha planeado es factible.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha traducido a euros esa referencia. Según sus cálculos, España podría gastar 6.000 millones de euros más al año en el periodo entre 2025 y 2028 de los que desembolsó en el periodo 2014 y 2018. En este punto. es importante señalar que los niveles de gasto público en aquellos años fueron sustancialmente menores que los actuales.
"El plan garantiza la sostenibilidad de las cuentas públicas hacia delante y lo hace de manera compatible con mantener el Estado del bienestar, modernizar nuestra economía y garantizar un crecimiento sostenido y equilibrado", ha señalado Cuerpo en su intervención tras el Consejo de Ministros.
Además, el ministro ha descartado que vaya a ser necesario recurrir a recortes para cumplir los objetivos. Cuerpo ha explicado que el crecimiento previsto para la economía española en los próximos años permite tener más capacidad de gasto y, al mismo tiempo, ir reduciendo el déficit estructural. Hay que entender que tanto la deuda como el déficit se miden sobre el PIB. Por tanto, mientras la economía crezca más rápido que lo que aumentan estas dos variables, es posible reducir los niveles.
Esto es así, también, porque el concepto de gasto que maneja Bruselas incluye las medidas para aumentar los ingresos que adopten los gobiernos. Por ejemplo, si el Ejecutivo subiera los impuestos, la capacidad de desembolso del país en su conjunto sería más grande. La clave está en saber cuáles son esas medidas adicionales de ingresos que el Ejecutivo ha remitido a Bruselas.
Plan a siete años, más ajuste acumulado
El Ejecutivo finalmente se ha decantado por una senda de ajuste a siete años en lugar de a cuatro ejercicios. Esta opción permite una reducción del déficit más suave, pero también exige que sea más grande en todo el horizonte del plan. La alternativa (un plan a cuatro años) hubiera demandado reducir el déficit más drásticamente, pero el volumen total del ajuste hubiera sido menor. No obstante, en 2028 el Ejecutivo deberá elaborar un nuevo plan como el que se ha remitido este martes a Bruselas.
El Gobierno ha justificado la extensión a siete años de su horizonte de ajuste gracias a las reformas e inversiones que se han ido adoptando en estos años. Entre ellas, Cuerpo ha citado la reforma de las pensiones, la laboral o una reforma fiscal que todavía no está claro si el Ejecutivo da o no por cumplida.
El ministro ha detallado que, en todo caso, España debe presentar cada año un plan presupuestario que detalle todas las medidas que se llevarán a cabo para cumplir con los objetivos marcados. El plan correspondiente a este ejercicio todavía no ha sido remitido a Bruselas, dado que el Ejecutivo aún no ha presentado siquiera el anteproyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado.