La derogación del actual gravamen a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas fue el precio a pagar por el Gobierno para sacar adelante su ansiada reforma fiscal. La coalición logró la foto de sus socios de derecha e izquierda votando juntos en una materia en la que divergen tanto como la tributaria, si bien dejó en el aire un importante compromiso que había firmado con Podemos, ERC, Bildu y BNG: hacer permanente el impuesto energético. Ahora, el Gobierno busca fórmulas para contentarles, aunque haciendo el "menor destrozo posible", reconocen fuentes gubernamentales, conscientes de que intentar resucitar este gravamen después de que se haya aprobado su derogación puede generar una situación de inseguridad jurídica que les podría traer problemas judiciales. Algo de lo que es consciente el PP, que estará vigilante para que lo aprobado este jueves en el Congreso entre en vigor cuanto antes y así evitar que el Ejecutivo sorprenda con algún giro de guion.
La situación a la que se enfrenta el Gobierno para dar cumplimiento a su promesa de extender el impuesto a las energéticas es peliaguda tanto desde el punto de vista político como desde el jurídico. Políticamente, la tasa parece abocada al fracaso, puesto que las dos reuniones que ha celebrado el Ministerio de Hacienda con sus aliados para explorar la posibilidad de aprobar un impuesto permanente se han topado con la decisión de PNV y Junts de ni siquiera sentarse a negociar. De hecho, Hacienda solo ha podido confirmar a sus socios de izquierdas su promesa del mes pasado: que aprobará por decreto una extensión del actual gravamen que, en la práctica, tan solo le da más tiempo para seguir intentando convencer a PNV y Junts, puesto que en el plazo de un mes ese decreto tendría que ser convalidado por el Congreso.
No obstante, incluso ese a vía para dar una patada hacia delante y ganar tiempo de negociación está en duda por los mencionados problemas jurídicos a los que se enfrenta el Ejecutivo. Este jueves, PNV y Junts se aliaron en el Congreso con PP y Vox para acabar con la vigencia del actual gravamen a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas, que lleva en vigor desde 2022. A efectos prácticos, las consecuencias inmediatas de esa enmienda son muy escasas, puesto que ya estaba previsto que dicha tasa temporal decayera el próximo 31 de diciembre.
No obstante, el pacto de PP, Vox, PNV y Junts conlleva otra consecuencia de mucha mayor importancia. Al suprimirse el artículo que da base legal al gravamen a las energéticas, dicha tasa ya no se podría prorrogar. Y, para cumplir su promesa de alargar el tributo, Hacienda tendría que aprobar antes de fin de año su creación desde cero. No obstante, y ese es el conflicto al que se enfrenta el Gobierno, existen dudas jurídicas sobre si es legal o no poner en marcha un gravamen vía real decreto, puesto que la ley no permite aprobar un impuesto a través de este instrumento de urgencia.
Técnicamente, un gravamen es una figura diferente a un impuesto, pero sigue sin estar claro que sea constitucional crearlo por decreto. Y la Moncloa admite que el hecho de que pueda aprobarse por decreto el mismo impuesto que la mayoría de las Cortes han decidido derogar genera inseguridad jurídica. Es decir, la norma podría acabar en los tribunales. "Lo estudiaremos para intentar hacer el menor destrozo posible", reconocen desde el Ejecutivo.
Sea como fuere, Moncloa es totalmente consciente de que si "prorroga" el gravamen vía decreto, luego no podrá convalidarlo en las Cortes al no tener la mayoría suficiente para ello. Por lo que el impuesto volverá con una cortísima fecha de caducidad. Sin embargo, no tiene otra opción que dar cumplimiento a este pacto con sus socios de izquierdas puesto que necesita mantener el equilibrio de su tambaleante mayoría en el Congreso en la antesala de la negociación de los Presupuestos Generales para 2025. "Cumpliremos con los compromisos, pero no va a salir", reconocen fuentes de la parte socialista del Gobierno. Para ello, el último Consejo de Ministros del año, que se celebrará este lunes, aprobará el decreto ley que resucite el impuesto, aunque esté por ver la letra pequeña. "Una ley tapa a otra ley", recuerdan para defender este movimiento.
El PP no se fía
Sin embargo, el PP desconfía de que el Gobierno cumpla con lo aprobado en la Cámara Baja. Ya lo advirtió este jueves el vicesecretario de Economía, Juan Bravo, al término de la votación: "Que no intenten ninguna artimaña". Según sospechan los populares, esta podría ser la de retrasar la publicación de la ley en el BOE hasta 2025 y prorrogar el actual impuesto energético otros meses más. De este modo, lo aprobado en el Congreso este jueves caería en saco roto. "No vale de nada votar aquí si ahora se trata de retrasar artificialmente la publicación para que no surta efecto", sostuvo Bravo, al tiempo que reivindicaba en nombre de su partido que se dé la "máxima celeridad" para que la reforma fiscal se publique cuanto antes en el boletín oficial.
El Partido Popular no ocultaba su satisfacción tras la votación de la reforma fiscal. Tras días de negociaciones, los de Alberto Núñez Feijóo lograron introducir dos de sus propuestas en el trámite final de la ley gracias al apoyo de los socios de investidura de Sánchez. Por un lado, con el sí de Junts, el PP evitó que el Gobierno levantase la exención del IRPF para las ayudas a los afectados por la riada para que el Gobierno no se beneficie de esta tragedia de la DANA. Por otro, de nuevo con el apoyo de los postconvergentes además del de PNV, consiguieron colar la derogación del impuesto energético.
Si bien los populares habían introducido hasta 15 cambios en el texto con su mayoría absoluta en el Senado, únicamente conservaron dos. No obstante, lo consideran un éxito político dado que con ello provocaron que los principales socios dieran la espalda al Gobierno generándole otro fracaso parlamentario y un choque con Podemos cuya condición para aprobar la ley era precisamente prorrogar el impuesto energético. Fuentes internas del PP apuntaban a que este sería el motivo que habría alentado a Junts a alinearse con el PP: "Se sentían engañados", sostienen al recordar que el PSOE prometió a Podemos derogar este impuesto y lo contrario a los independentistas catalanes.
