España se ha convertido este martes en el primer país de la UE y el décimo sexto de todo el mundo en ratificar el Tratado Global de los Océanos que, una vez que entre en vigor, obligará a los gobiernos a proteger las aguas internacionales más allá de las 200 millas de las aguas sobre las que cada uno tiene jurisdicción para preservar la biodiversidad, regular actividades como la minería submarina y otras que producen "sobreexplotación" de recursos o incluso prohibiendo toda actividad humana en los llamados "santuarios" marinos que también contempla delimitar.
Al mismo tiempo que España hacía oficial la ratificación en la sede de la ONU en Nueva York, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, comparecía en Madrid junto a los responsables en España de Greenpeace y de WWF para celebrar "una muy buena noticia", la suma de España a una lista de 16 países del mundo que ya han ratificado un acuerdo que todavía necesita otros 44 -hasta un mínimo de 60- para entrar en vigor.
Aunque hay otros cuatro países cuyos parlamentos han dado luz verde al tratado -Francia, Eslovenia, Lituania y Rumania-, también se adelanta al resto de países de la UE para poner de manifiesto "su firme compromiso con la conservación de los océanos" y con la expectativa de ser "tractor" para que otros países le sigan, tanto en la UE como fuera de ella. Por eso, Aagesen ha aprovechado para lanzar un llamamiento "para que se sumen lo antes posible" y el tratado entre en vigor también lo antes posible.
Antes que España, ha lo habían ratificado países que en su mayoría son islas, en muchos casos seriamente amenazadas por el crecimiento del nivel del mar como consecuencia del cambio climático, y con un nivel de desarrollo económico inferior al español -Bangladesh, Barbados, Belize, Chile, Cuba, Maldivas, Mauricio, Micronesia, Mónaco, Palau, Panamá, Seychelles, Singapur, St. Lucia, Timor-Leste-. Por el contrario, fuentes ecologistas descartaban este martes que el convenio vaya a ser ratificado por Estados Unidos.
Protección de aguas "de todos pero de nadie"
Cuando esto suceda, la comunidad internacional se habrá dotado de un "instrumento global jurídicamente vinculante" para proteger la biodiversidad en alta mar, más allá de las aguas de cada país, entre la distancia desde su costa hasta 200 millas más allá. Son "esas aguas internacionales estamos protegiendo solo un 1% de esa aguas internacionales que son de todos y no son de nadie" y que ocupan tres cuartas partes de los océanos y la mitad de la superficie de la tierra.
Según ha dicho el director general de WWF España, Juan Carlos del Olmo, "vivimos de espaldas al mar" y "hemos convertidos los océanos en un basurero. Pasa dentro de las aguas de nuestros países, qué no estará pasando en las aguas más allá de las 200 millas, el 'far west' donde no hay un control y en este momento es difícil saber lo que ocurre".
"Es un cambio de chip importante. Si entra en vigor, pasamos a una gobernanza global con la protección en el centro en lugar de, por ejemplo, basarnos en la explotación o en la minería", ha apuntado la directora ejecutiva de Greenpeace, Eva Saldaña.
Aunque, una vez que eventualmente se ratifique -quizá en septiembre, espera España- todavía quedarán muchas regulaciones por acordar, el objetivo de este tratado es que el 30% de la superficie de alta mar sea protegida antes de 2030, regulando las actividades humanas, designando áreas marinas protegidas o estableciendo un mecanismo para compartir equitativamente los beneficios derivados de la explotación de los recursos genéticos marinos.
En última instancia, también se prevé la creación de "santuarios" marinos donde quede excluida cualquier actividad humana, como en el Mar de los Sargazos en el Atlántico Norte o el Mar de Tasmania en el Pacífico sur, según los candidatos que, "para empezar", baraja Greenpeace.
En línea con el tratado internacional, Aagesen ha señalado que está previsto que España haya protegido el 25% de su espacio marítimo ya este año antes de llegar al objetivo del 30% en 2030 y, sobre las obligaciones a que obligará a España este convenio global ha indicado algunas como la obligación de hacer evaluaciones de impacto ambiental en aguas internacionales, más allá del límite de las 200 millas.
