Álvaro Romillo, el empresario que donó 100.000 euros a Alvise Pérez y luego lo denunció ante la Fiscalía por financiación ilegal, es el cabecilla de una presunta estafa que investiga a su vez la Audiencia Nacional. En el marco de esta investigación, ha solicitado al juez José Luis Calama que ordene desbloquear sus cuentas bancarias en Portugal y designe a un "administrador judicial" que gestione su entramado empresarial y evite su quiebra.
En un escrito al que ha tenido acceso este periódico, la defensa de Romillo explica que salvar el entramado de su cliente será favorable para las víctimas de su presunta estafa. El documento revela un imperio de hasta 13 sociedades. Romillo, que desde el Madeira Invest Club orquestó una presunta estafa millonaria, tenía todo tipo de negocios: concesionarios de lujo, hoteles en Málaga y Granada, restaurantes, empresas de NFTs e incluso un festival de música, el Selvatic Málaga Fest, en el que actúan artistas como Juan Luis Guerra, Black eyed Peas, Juanes o Rels B.
El escrito de Romillo indica que el empresario "creó una estructura societaria que gestiona varios negocios de restauración, autocine, festivales de música, tiendas y propiedades". Y añade que "se le ha hecho insostenible hacer frente a los pagos debido al bloqueo" de una cuenta bancaria con sede en Portugal.
Finalmente, la defensa de Romillo entiende que es "necesario que se libre oportuna orden europea de investigación a las autoridades de Portugal" para que se desbloqueen las cuentas bancarias y "en su caso", los fondos "se pongan a disposición de esta instrucción". "No podemos obviar la disposición de nuestro patrocinado para con la Justicia, reconociendo los hechos antes de la incoación del presente procedimiento", añade la solicitud.
Su intención, reitera el escrito, es "cooperar en todo lo posible para que los inversores puedan resarcirse del daño económico presuntamente causado". Y para cumplirla resulta "indispensable" que Portugal desbloquee los activos para "hacer frente a los gastos del resto de empresas que componen la estructura societaria y así que dichos negocios continúen su funcionamiento". De esta forma, el empresario podría afrontar "el pago de una eventual responsabilidad civil", apunta el documento remitido al Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional.
Y añade que si las empresas se ven abocadas al cierre como consecuencia del bloqueo, "difícilmente los inversores van a poder recuperar el dinero invertido". Además, la defensa del empresario apunta que esta medida cautelar de administración judicial sería útil para "evitar las consecuencias negativas del procedimiento" si Romillo queda absuelto finalmente.
Una asociación de víctimas respalda la solicitud
La firma Zaballos Abogados, que representa a varios centenares de afectados por la estafa orquestada por Romillo, respalda la solicitud de designar a un administrador judicial para el entramado del empresario investigado. Según relata la firma en un comunicado, la acusación y la defensa han alcanzado la conclusión conjunta de que garantizar "la viabilidad de las empresas" será positivo para "asegurar mejor el resarcimiento de los afectados y la actividad laboral de 200 trabajadores que dependen de ello".
