El Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública se encamina a sellar la paz con las aseguradoras. Este martes, 4 de marzo, finaliza el plazo para presentarse a la nueva licitación de Muface para los años 2025, 2026 y 2027. Cuatro meses de crisis que se han saldado con un aumento de la oferta desde los 3.217 millones hasta los 4.429 millones una vez descontado el coste de prorrogar hasta este mes de marzo el último concierto. SegurCaixa Adeslas y Asisa son las únicas que han oficializado de manera pública su intención de concurrir. Juntos acaparan más del 80% de la cuota con más de 872.649 mutualistas.
En el tintero queda DKV, que apura plazos antes de pronunciarse acerca de su continuidad y mantiene en vilo a los casi 200.000 personas a los que presta cobertura sanitaria en España. El grupo perteneciente a Munich RE ha sido uno de los más críticos con la propuesta, tanto con el dinero puesto encima de la mesa como con la duración del concierto. Desde un primer momento han venido defendiendo la necesidad de hacer contratos a un año en aras de evitar acontecimientos impredecibles, así como de aplicar una subida de las primas del 40% a doce meses.
La compañía ya se ha desmarcado de prestar asistencia sanitaria a los 8.000 funcionarios que residen en el extranjero, cobertura que previsiblemente asumirá Nueva Mutua Sanitaria. A diferencia del convenio nacional, en este caso se ha alcanzado un acuerdo también por tres años y con un presupuesto total de 77,7 millones -71 si no se tiene en cuenta la extensión del anterior acuerdo-. El incremento de la prima en este caso asciende al 33,5%, mejora que había despertado el interés de Allianz Partners Health, la división especializada en salud internacional y asistencia de Allianz.
Asimismo, queda por conocer la posición de Mapfre, tras admitir hace unas semanas que estudia los pliegos. Las declaraciones realizadas en el marco de la presentación de los resultados anuales han causado sorpresa, dado que la aseguradora presidida por Antonio Huertas abandonó dicho circuito en 2009. "La insuficiencia de primas abocaba a pérdidas continuas", defienden desde Mapfre tras el giro en su postura. Cabe recordar que el pasado octubre descartaron por completo su regreso, ante la escasa rentabilidad que ofrece Muface.
Las nuevas condiciones también han resucitado el interés de otras compañías como Sanitas, que dejó de prestar este servicio en 2014, aunque todo apunta a que finalmente no concurrirá. La situación no se ha encarrilado hasta que el Gobierno ha cedido a la presión de las aseguradoras y ha elevado al 41,2% el alza planteado. Precisamente, la principal novedad viene de la mano de las primas al ampliarse la diferencia de tarifas que paga la mutua a las compañías entre los colectivos más jóvenes y los más mayores.
Los médicos piden reunirse con aseguradoras
En estas circunstancias, el malestar crece entre los médicos autónomos, aquellos que disponen de consulta propia. A través de Unipromel, asociación que representa a unos 5.000 profesionales, exigen a las compañías que finalmente asuman el servicio, una reunión de cara a analizar de forma conjunta el nuevo concierto. En concreto, bajo el paraguas de dicho encuentro buscan trasladar aspectos como la necesidad de que la vinculación por un periodo de tres años "no puede ser asumida por los facultativos", dado que los contratos de adhesión establecen un año.
En esta línea, exponen que el pliego traslada de manera "implícita" a los facultativos la obligación de garantizar el cumplimiento de los tiempos máximos de espera, "algo que no es asumible" y que, además, no existe obligación contractual por parte de estos profesionales para hacerlo. Desde Unipromel han alzado la voz en reiteradas ocasiones para denunciar la "precariedad laboral". El presidente de la organización, Ignacio Guerrero, asegura que reciben entre 8 y 9 euros si se trata de una consulta general, 15 si es especialista.
Después de tres décadas con los honorarios "congelados" ahora instan a que el incremento de la prima para 2025-2027 también repercuta en una actualización de tarifas hasta los 25 y 40 euros, respectivamente. Ya han amenazado con recurrir a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por el "abuso de posición de dominio" que ejercen SegurCaixa Adeslas, Asisa y DKV, actuales prestadoras del servicio.
