La declaración de Víctor de Aldama ante el juez, una confesión de cerca de dos horas en la que se autoinculpa de múltiples delitos e implica en ellos a parte de los ministros del Gobierno de Pedro Sánchez además de a cargos del PSOE, marcará un antes y un después en el caso Koldo. Las implicaciones sociales, políticas y judiciales ya están sucediendo. A nivel jurídico, fuentes consultadas por este periódico sostienen que la declaración es una prueba "legítima" que se debe tomar "con cautela", y es que "se necesitan indicios y pruebas que refuercen la declaración". Las acusaciones populares de la causa, por su parte, ya tienen una en el punto de mira: este martes declarará como testigo ante el juez la secretaria del comisionista, Piedad Losada.
¿Qué supone la declaración de un coimputado en una causa judicial? José Antonio Tuero, primer presidente de la sección de abogados penalistas del ICAM, señala que se trata de una prueba "perfectamente legítima", pero no equivalente "a una declaración testifical". Al tratarse de una persona imputada en la causa, añade en este sentido el catedrático de Derecho Penal Manuel Cancio, "la jurisprudencia dice que es una declaración menos confiable que la de un testigo".
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo este jueves que las palabras de Aldama ante el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional fueron "una inventada" y que el comisionista es un "personaje", un "delincuente" al que no se debe dar "ningún crédito". Es cierto que, en un plano estrictamente jurídico, la declaración de un investigado tiene menos valor que la de un testigo, porque el imputado puede mentir y porque está buscando en este caso un beneficio en el proceso penal a cambio de tirar de la manta. Pero, tal y como subraya Tuero: "Que una persona se vea beneficiada por colaborar con la justicia, que su declaración tenga un interés, no elimina su credibilidad".
La declaración de Aldama, explica por su parte Cancio, "tiene que ver con su estrategia de defensa". "Está implícito en el derecho de defensa que pueda mentir, por eso es tan importante que tenga pruebas", apunta el jurista. Precisamente fue lo que prometió Aldama horas después de la declaración de Sánchez, a su salida de la cárcel: "Como tantas pruebas quiere, que no se preocupe el señor Sánchez que va a tener pruebas de todo lo que se ha dicho".
Entre "lo que se ha dicho" no solo están las supuestas mordidas de cientos de miles de euros que habrían cobrado en efectivo José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. También se menciona que el actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se llevó supuestamente 15.000 euros en un sobre que le entregó Koldo García en un bar frente a Ferraz. Y que el jefe de Gabinete de la vicepresidenta María Jesús Montero, Carlos Moreno, habría obtenido 25.000 euros. Tanto el PSOE como Moreno han optado por emprender acciones legales contra el comisionista, al que acusan de falso testimonio.
Aldama también hizo declaraciones menos sustanciales en lo judicial, pero de gran impacto político: Sánchez le dijo estar "agradecido" por sus servicios en el proyecto del Tren Maya de México; el Gobierno sabía que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, iba a aterrizar en Barajas el 20 de enero de 2020 pese a tener vetada la entrada al espacio Schengen; el propio Aldama organizó una cena -que luego no tuvo lugar- para juntar a Rodríguez con Sánchez y una larga lista de ministros de su Gobierno.
El juez instructor del caso Koldo, Ismael Moreno, ha remitido el testimonio de Aldama al Tribunal Supremo, que investiga el supuesto "papel principal" de Ábalos en la trama. Vox, que junto a Iustitia Europa, Hazte Oír, Liberum, Manos Limpias y otras asociaciones conforma la acusación popular de la causa, tiene pensado pedir la imputación de Pedro Sánchez y la de los ministros Fernando Grande-Marlaska, María Jesús Montero, Teresa Ribera y Ángel Víctor Torres. Según dijo Aldama, este último le pidió una mordida de 50.000 euros, pero él se la negó.
En la Audiencia Nacional declararán el 25 de noviembre como imputados Ignacio Díaz Tapia, Luis Alberto Escolano y César Moreno, socios de Aldama. Además, el día 26 declarará, en su caso como testigo y con la obligación de decir la verdad, Piedad Losada, quien según recuerda Iustitia Europa "lleva 20 años siendo la secretaria de Aldama", de modo que las acusaciones populares esperan que pueda ratificar parte del testimonio del comisionista.
La primera consecuencia, la libertad de Aldama
La declaración de Aldama puede tener múltiples consecuencias dentro del caso Koldo, pero la primera de todas no tiene que ver estrictamente con esta causa. El comisionista Víctor de Aldama se encontraba hasta este jueves en prisión provisional por su implicación en una causa de fraude en el IVA de los hidrocarburos. Una causa que se desarrolla en otro juzgado de la Audiencia Nacional, el Central de Instrucción número 5 que dirige el juez Santiago Pedraz. Sin embargo, el representante de la Fiscalía Anticorrupción es el mismo en ambos casos: Luis Pastor.
Tras la declaración voluntaria de Aldama como imputado en el caso Koldo, la Fiscalía Anticorrupción pidió su puesta en libertad y, dado que la causa está secreta y en ella no concurren más partes que el Ministerio Fiscal, Pedraz no tuvo otra opción y dictó la libertad provisional para el comisionista.
Anticorrupción lo explicó así en un comunicado: "La confesión de los delitos coloca al investigado en una nueva situación, que desvirtúa uno de los motivos que determinaron la prisión -la destrucción de pruebas- y atenúa el otro -el riesgo de fuga-, que se conjura eficazmente con las medidas cautelares que ha solicitado el fiscal: la prohibición de salida del territorio nacional, con la retirada del pasaporte y la obligación apud acta de comparecer semanalmente ante el Juzgado".
Borja Mapelli, catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Sevilla, tiene claro que el abogado de Aldama, el penalista José Antonio Choclán, le ha recomendado a su cliente que colabore con la justicia en busca de un atenuante. El consejo ya le ha servido para obtener la libertad provisional a la espera de que termine la investigación y se celebre un juicio. Pero en un futuro podría lograr también una eventual reducción de su condena.
Para eso, indica Mapelli, hay que fijarse en el artículo 21.4 del Código Penal, que establece como "circunstancia atenuante la de haber procedido el culpable, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra él, a confesar la infracción a las autoridades". Tal y como subraya el jurista, Aldama solo se beneficiará de las confesiones "de lo que no está diligenciado".
Es decir, de confesiones que aún no estaban en el sumario de la causa en el momento de su declaración, como por ejemplo la entrega de dinero a Santos Cerdán o las cantidades exactas que cobraron Ábalos y Koldo García; hechos que, de demostrarse, podrían facilitarle una reducción de condena. "Hay que tener en cuenta que el objetivo del atenuante es economizar los actos procesales", dice Mapelli, "ahorrar trabajo" a la instrucción.
